"Historia de la infamia"

Sigifredo López, el exdiputado del Valle que estuvo secuestrado por las Farc, simbolizó este año la lucha por demostrar la inocencia en un sistema judicial ineficiente como el colombiano.

/Óscar Pérez
/Óscar Pérez

La trágica historia del secuestro de Sigifredo López se pudo haber cerrado, como él y su familia lo querían, con el perdón pedido por el fiscal Montealegre. No fue así. También las cosas habrían quedado en tablas después de que la negra Piedad Córdoba lo sacó de la cárcel sin rejas en que lo tenían las Farc, pese a la oposición velada del entonces —pasa el tiempo para fortuna de todos— presidente Uribe. Las declaraciones de Sigifredo a los medios en una y otra ocasión no fueron del agrado de los militares. Cuando bajó del helicóptero, en Cali, dijo que antes de hablar del asesinato de sus compañeros de cautiverio debía hablar de la urgencia de un acuerdo humanitario; después contó por qué fue el único sobreviviente de la masacre: había sido aislado del resto de compañeros por irrespeto a la autoridad. O algo así. O más o menos. En la guerra cualquier gesto de un ciudadano, militar o no, puede ser usado para aumentar el poder de los mandos. Al diputado López lo salvó su independencia.

Idéntica actitud lo salvó de 60 años de cárcel cuando se rebeló contra la Dijín y pidió que su voz —base de la acusación de haber ayudado a las Farc en el secuestro de los diputados— fuera analizada por el FBI. Porque la Policía había reiterado, pese a toda evidencia concluyente, que la voz de Sigifredo y la del mando de la guerrilla eran la misma. Como las voces no coincidían, la Dijín apeló al parecido de la nariz entre uno y otro. Tampoco pudieron usar ese recurso, y el fiscal Montealegre, recién posesionado, decretó su libertad. A los acusadores tampoco les gustó la decisión. Menos todavía el deber de pedirle perdón en público a Sigifredo. Se trataba —percepción que todo el país compartió— de un auténtico falso positivo judicial. Se habló del cartel de los falsos testigos auspiciados por las autoridades militares y de Policía. ¡Cuántos ciudadanos no han sido víctimas de semejante atrocidad! La perversa estrategia de las millonarias recompensas es también una táctica para condecorar combatientes de la “causa justa” y aumentar sus ingresos. Se ha amamantado una jauría de testigos ad hoc que pueden declarar en contra de cualquier persona y afirmar haber visto u oído cualquier cosa. Lo que se necesite para acusar y condenar. Un “orientativo” comprado —no siempre pagado— se transforma en indicio, y un fiscal débil puede aportarlo como testimonio sólido, irrefutable. Casos se dan, se han dado. Recuérdese: “Once años y medio después de que las Farc masacraron a 35 asistentes a un baile en el barrio La Chinita, de Apartadó, la Corte Suprema de Justicia ordenó devolver la libertad a 28 personas, entre ellas el alcalde de Apartadó de esa época”. El perdón que la Dijín se vio obligada a pedir debió alborotar a los altos mandos de la Policía e irritar al ministro de Defensa, a quienes les tocó atarugarse con el mismo sapo que habían fabricado. Ese día el general Mena se presentó al acto en traje de civil y no con el uniforme con que había resbalado los orientativos que tuvieron a López en el calabozo tres meses. El fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, dijo haber percibido inconformidad por parte de los familiares de las víctimas del secuestro de los diputados en el Valle del Cauca, puesto que la Dijín hizo una justificación de su actuación y evitó la reparación simbólica a la que estaba obligada.

La historia de la infamia —como llamó López a su tragedia, apelando al texto de Borges— se cerró para él. Pero quizá se abra para todo el país si es aprobada la reforma del fuero militar, dictada al Gobierno por los interesados en pasar, con el sello de una justicia de alta calidad, las atrocidades cometidas por militares y policías que nadie puede negar.

* Columnista de ‘El Espectador’, sociólogo y escritor

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