Hombre denuncia que, por ser gay, portero de su edificio lo hostiga

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Diego Romero Vélez asegura que el portero del edificio Torre Laureles, en Medellín, lo ha agredido verbalmente a él y a su pareja por ser homosexuales. El caso ya fue denunciado en la Fiscalía. La administración de la propiedad niega la acusación.

Diego Romero Vélez, comunicador y asesor de la Alcaldía de Medellín, denunció la semana pasada un presunto acto de discriminación. En su cuenta de Twitter, Romero aseguró haber sufrido agresiones verbales por parte del portero del edificio Torre Laureles, en Medellín, donde reside desde octubre del año pasado. Según la denuncia, los hostigamientos comenzaron cuando una de las personas a cargo de la portería se enteró de que Romero es un hombre homosexual y que el otro hombre que con frecuencia lo acompaña es su novio. (5 lecciones del caso Sergio Urrego | La Disidencia)

La pareja de Romero no convive con él, pero lo visita con frecuencia en el apartamento que comparte con su hermano y su mamá, paciente con fibrosis pulmonar. “Cuando empezó la cuarentena, mi pareja se quedó en nuestro apartamento como 20 días. Luis, uno de los tres porteros, le preguntó que quién era él a mi hermano, y mi hermano le contó que es mi novio. Desde entonces, el portero dejó de ser formal conmigo y empezó a hacerme comentarios como: ‘está caminando muy tongoneado’”, le contó Romero a El Espectador. (Ser LGBT+ en medio del coronavirus)

“Las cosas empeoraron un día que llegué en el carro con mi pareja, y tuve que bajarme deprisa a recibir el oxígeno de mi mamá, mientras mi novio bajaba el mercado del vehículo. El vigilante se dirigió a él y le dijo: ‘señorita, por favor, corra ese carro de ahí, que no se puede estacionar. Mi novio no sabe manejar, así que yo tuve que devolverme. Le pregunté a Luis que qué pasó y me dijo: ‘el problema no es con usted, es con la señorita’. Se refería a mi novio como ‘señorita’ y él es un hombre”, agregó Romero en diálogo con este diario. (Marta Álvarez, la lesbiana que le ganó una pelea internacional al Estado)

Según la denuncia, que ya fue interpuesta en la Fiscalía, los comentarios se agravaron el pasado 31 de julio, cuando la pareja se quitó el tapabocas en el carro en el parqueadero y olvidó ponérselo para subir al apartamento. “Sí, no debí quitarme el tapabocas, pero la reacción del portero fue desmedida. Nos gritó que éramos maricas, malparidos, creídos, maleducados y que, pese a todos los estudios que teníamos, no nos poníamos el tapabocas. ‘Por eso no consiguen esposa’, nos gritó. Yo me exalté y también le grité y le dije que esa no era la forma de tratar a un inquilino. Nos subimos al ascensor y el portero activó el altavoz para seguir insultándonos y remató diciendo: ‘ustedes tienen que bajar y aquí los espero’”, añadió Romero en su relato a El Espectador.

“Decidí con mi familia mudarme de apartamento. Nos trastearemos este viernes, porque tenemos miedo. Pero quiero hacer esta denuncia pública porque no es posible que uno quiera llegar a su propia casa tranquilo, sin pelear, y te sientas inseguro en tu propia vivienda por tu portero. Estos días he tenido que especular en qué turno está Luis para evitar cruzármelo. Y ya no quiero estar calculando horas para llegar seguro hasta la puerta de mi casa. Con o sin tapabocas, este señor nos ha discriminado a mi novio y a mí”, concluyó Romero.

Leydy Vásquez, abogada que asesora a Diego Romero, le explicó a este diario que el pasado lunes se radicó una carta en la administración del edificio Torre Laureles, en la que se expuso lo sucedido y se solicitó proteger los derechos de Romero y su familia. “No se puede justificar una vulneración de derechos bajo ninguna argumentación, la seguridad y tranquilidad se ven afectadas, y no es justo que tengamos que ser expuestos por este empleado a más agresiones, y advertimos que se puede dar hacia nosotros una agresión física cumpliendo alguna de sus amenazas”, se lee en la misiva.

“La administración no ha tomado ninguna preventiva”, aseguró la abogada Leydy Vásquez a El Espectador, quien anunció que también se elevará una queja en la Superintendencia de Vigilancia. En la carta, además, se pidió información a la administración sobre la empresa que contrata al personal de vigilancia y su representante legal, ya que los porteros no usan uniformes ni portan armas. También pidieron conocer el manual de funciones del personal de vigilancia y aseo y las responsabilidades de los mismos, y el manual de convivencia de los inquilinos del edificio.

En respuesta a estas acusaciones, Luz Esther Duque, administradora del edificio Torre Laureles, le dijo a El Espectador que no son ciertas las afirmaciones de Diego Romero. “Él entró al edificio sin tapabocas, y hace 15 días tuvo un problema porque tenía el carro mal parqueado. Tenemos la grabación de la cámara donde se ve que entró sin tapabocas, las cámaras no tiene audio. Pero tenemos las declaraciones de la señora que hace el aseo (quien estaba en el baño) y una señora que vive en el primer piso. Ellas escucharon lo sucedido y niegan haber escuchado insultos por parte del portero. No es verdad que a este señor le estén haciendo una persecución”, afirmó Duque a este diario. (Un hombre abiertamente gay llega por primera vez al Congreso de Colombia)

Frente a la pregunta de qué empresa está contratada para la vigilancia del edificio, la administradora respondió que los porteros del edificio no están contratados como porteros, sino que son “empleados por el edificio para oficios varios, entre ellos la vigilancia. Ellos no son vigilantes, no manejan armas”, añadió Duque. No obstante, la Superintendencia de Vigilancia ha dicho en repetidas ocasiones que los servicios de vigilancia y seguridad privada sólo podrán ser prestados mediante la obtención de licencia expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Los particulares no puede fungir como vigilantes por cuenta propia.

La Supervigilancia, además, está facultada para investigar y sancionar a las personas naturales o jurídicas que realicen actividades de vigilancia y seguridad privada sin la debida autorización de la Superintendencia e imponer los correctivos y medidas a que hubiere lugar, entre ellas el pago de multas hasta por diez salarios mínimos y la terminación de los contratos desarrollados ilegalmente.

Sobre la denuncia de discriminación por parte de Diego Romero, Germán Humberto Rincón Perfetti, abogado litigante, explicó que en un estado social de derecho existe el deber de respetar derechos y el mismo recae sobre cualquier persona, indistintamente que ejerza o no un cargo. “Realizar manifestaciones como las ocurridas es un atentado no solo a las personas, también a la democracia que garantiza derechos a los grupos minoritarios e históricamente excluidos”. (Guacherna gay: la historia de la reina que soñó con ser psicóloga)

Germán Humberto Rincón Perfetti recordó, además, un caso similar al denunciado por Diego Romero y que ya fue objeto de revisión por parte de la Corte Constitucional. Un ciudadano denunció hace tres años que sus vecinos ejercían actos discriminatorios en su contra por el hecho de ser homosexual, a través de agresiones físicas y verbales, y que incluso sentía amenazada su vida. “Ya empezó este marica a joder a revolver esto de nuevo” y “¿Qué me vas a hacer mariquita? ¡No me puedes hacer nada!”, fueron algunas de las expresiones por las que el ciudadano reclamó sus derechos a la igualdad, libre desarrollo de la personalidad, dignidad humana, diversidad sexual y vida en una acción de tutela.

En ese caso puntual, la Corte Constitucional concluyó que estaba acreditada la ocurrencia de un acto discriminatorio por un uso inconstitucional del lenguaje, “al hacerse alusión por parte de los ciudadanos accionados a la orientación sexual diversa del accionante con el propósito de ofenderle o desacreditarlo, razón por la cual se ha estructurado un tratamiento diferencial arbitrario en su contra y por tanto reprochable desde el punto de vista constitucional”. El alto tribunal le ordenó a los vecinos del ciudadano afectado cesar cualquier acto de discriminación y abstenerse de hacer alusión a la orientación sexual de cualquier residente con el propósito de ofender, a través del uso de epítetos insultantes y/o descalificatorios.

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