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Desde finales de 2018, las comunidades del Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba han denunciado que se han visto afectadas por los distintos enfrentamientos entre el Clan del Golfo y Los Caparrapos en la zona. De acuerdo con ellos, han tenido que desplazarse de sus hogares pues temen por sus vidas.
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo inició una misión humanitaria para escuchar a las comunidades y atender sus problemáticas relacionadas con graves vulneraciones a los derechos humanos como son el desplazamiento y la violencia. La comisión partió este jueves desde Montería y abarcará los municipios de San José de Uré y Montelíbano (en Córdoba), así como Caucasia, Tarazá, Cáceres y El Bagre (en Antioquia).
Cabe mencionar que Montelíbano, San José de Uré y Puerto Libertador son municipios priorizados por el gobierno para la consolidación de la Paz.
El objetivo de esta es garantizar la seguridad en las víctimas para que denuncien, pues prefieren guardar silencio porque temen por sus vidas y aseguran que informar este tipo de hechos no ayudaría en nada.
“¿Cómo nos piden que denunciemos cuando sabemos que podemos morir por hacerlo?”, manifestó una líder social, quien por seguridad no quiso revelar su nombre.
De acuerdo con la Policía, los asesinatos en San José de Uré (Córdoba) se incrementaron el último año en un 114 %, provocando 24 homicidios. Por otro lado, el último informe del Observatorio del Centro de estudios políticos y socioculturales del Caribe alertó que, tan solo en enero de este año, se registraron 41 homicidios. Cifra que lo convierte en el primer departamento con más muertes en el país.
Al respecto, el defensor del pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, manifestó que “el concepto de la Defensoría del Pueblo se deriva en la gran mayoría de ellos por la minería ilegal y por el control de la hoja de coca”.
La ONU asegura que 4.780 hectáreas de hoja de coca están distribuidas en los municipios del sur de Córdoba.
Este sitio siempre ha sido un departamento golpeado por el conflicto armado pues en su territorio hay zonas estratégicas para el narcotráfico, al igual que yacimientos de minería ilegal. El año pasado, la Gobernación informó sobre el desplazamiento masivo de 243 familias debido a los enfrentamientos de grupos ilegales en la zona. No obstante, la situación más alarmante es que estas personas no han retornado.
Según Juan José González, secretario del Interior y Participación de Córdoba, esta situación se debe a la falta de prepuesto económico. "Nosotros con la Alcaldía hacemos todo lo posible para tener como prioridad el plan retorno, hasta el momento no se ha dado, pero es una de nuestras prioridades”, aseveró el funcionario. Al igual, agregó que para esto se necesitan mesas de trabajo para tener las cifras de desplazamientos.
El defensor de Derechos Humanos y director de la Fundación Social del departamento, Cordobexia, Andrés Chica, afirmó recientemente que la cifra de homicidios que se registra en la zona “es escandalosa y vergonzosa para un Estado Social de Derecho”. Declaró que todos los días hay muertos.
Según Chita, los grupos armados se disputan el territorio matando a sangre y fuego: lanzan granadas, extorsionan, y sacan a las familias de sus hogares.
¿Qué pide la comunidad?
La comunidad de Córdoba durante el primer día de la misión humanitaria solicitó a la Defensoría del Pueblo la construcción del puente vehicular de Versalles, ubicado en la quebrada de Uré en el sur del departamento. De acuerdo con ellos, esta situación provoca que el 30 % de la población quede aislada de cuatro corregimientos.
Al respecto, las autoridades municipales han propuesto medidas para mitigar la situación en la zona. Entre ellos está evitar la circulación de parrillero en las motocicletas.
Cabe recordar que, a finales de enero, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) en Colombia denunció que al menos 425 personas, pertenecientes a 131 familias del municipio de San José de Uré (Córdoba) se desplazaron como consecuencia del conflicto armado.