La hora de la regulación de la industria farmacéutica

Por casi una década las normas del mercado dejaron vacíos que permitieron, por ejemplo, que en Colombia se vendieran fármacos a precios más altos que en países como Inglaterra y EE.UU.

Foto: Archivo Particular
Foto: Archivo Particular

Una industria desregularizada, sin control, que cometía excesos con el aval del mismo Gobierno que era el que ponía las reglas. Así podría resumirse lo que ha sucedido con el mercado farmacéutico colombiano por lo menos desde 2003, cuando se empezó a ver favorecido por una serie de decisiones tomadas por el entonces Ministerio de la Protección Social –estando Diego Palacio al frente– que llevaron a que en nuestro país, por ejemplo, se pagaran por algunos medicamentos valores más altos que en naciones como Estados Unidos, Australia, Canadá, España, Inglaterra y Francia.

Este Gobierno –ha dicho el minsalud, Alejandro Gaviria– quiso ponerle fin a este escenario, que en buena parte contribuyó a la crisis financiera de la salud, adoptando una nueva metodología para controlar los precios de los fármacos. Por primera vez la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos, fijará los valores máximos de los medicamentos monopólicos y cuasimonopólicos teniendo como referencia los precios de diecisiete países, entre ellos Argentina, Brasil, Chile, México, España, Estados Unidos, Australia y Alemania.

Según el viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Fernando Ruíz Gómez, este mecanismo “permitirá que los precios de aquellos medicamentos de mayor impacto sobre el sistema, se ubiquen en la gama baja de precios observados de una lista de 17 países”. El cálculo que hace el Gobierno es que con esta decisión se reducirá anualmente entre el 31% y el 37% el gasto en medicamentos de uso institucional.

La Comisión tiene un plazo de 30 días para establecer los precios máximos, lo que acabará con casos como el de el fármaco rituximab, de Roche, usado para tratar la leucemia linfocítica, que en Colombia tiene un precio máximo de venta de $5.242 mil pesos, mientras el mismo laboratorio lo comercializa en España a un precio de referencia equivalente a $3 millones de pesos. Lo que ha dicho Roche, en este caso particular, es que ese precio no fue determinado por el laboratorio sino por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos “desde 2010 y confirmados en la Circular 04 de 2012”. Es decir, el mismo Gobierno les dio el aval para cobrar más en nuestro país.

Precisamente a través de la Circular 04 de 2012 el gobierno de Juan Manuel Santos tomó, aparentemente, una de las decisiones más contundentes para ponerle fin al descontrol que venía reinando en esta industria. Luego de expedir varias resoluciones que fijaron Valores Máximos de Recobro (es decir, los precios máximos que las EPS podían facturarle al Gobierno para que les reembolsara el dinero de los fármacos que éstas le habían proveído a sus paciente, y que no estaban contenidos en el Plan Obligatorio de Salud), se expidió esta circular que eligió los 163 medicamentos que eran más recobrados por las EPS y estableció que pasarían a régimen de control directo, lo que le daba a la Comisión la potestad de fijar los precios máximos a los que podían ser vendidos.

Pero persistió un problema, como lo ha reiterado la Federación Médica Colombiana: muchos de esos valores máximos que se fijaron (como en el caso del rituximab) siguen siendo más altos en Colombia que en países como España. Según la Federación esto sucede en el 90% de los fármacos incluidos en este listado. Fuentes cercanas al Gobierno han sostenido que el trabajo de volver la regular el sector farmacéutico se ha tenido que hacer “paulatinamente”, porque la anterior administración dejó unas reglas de juego muy blandas en este mercado.

Esta desregulación sostenida está relacionada directamente con el aumento de los recobros. Mientras en 2003 las facturas que el Gobierno tuvo que pagarles a las EPS por cuenta de los medicamentos y procedimientos que estaban por fuera del Plan Obligatorio de Salud (los llamados No Pos) sumaban $113.709 millones en 2003, en 2010 ya llegaban a $2,23 billones. Precisamente por este motivo Alejandro Gaviria, al presentar la nueva estrategia del Gobierno, insistió en que con esta decisión se quiere corregir los abusos y errores históricos.

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