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Delegados del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Ministerio de Salud y del Instituto Nacional de Salud, acompañados de miembros del Ejército, la Armada y autoridades locales, se desplazaron este fin de semana hasta el municipio de Juradó, Chocó, para atender la situación que afrontan las familias confinadas en esta región y entregar ayudas humanitarias.
A la zona también llegaron el personero y el representante del Cabildo Indígena de la comunidad de Dos Bocas a la que, desde el 26 de abril, han llegado 853 personas que conforman 181 familias pertenecientes a cinco comunidades indígenas embera (Cedral, Pichindé, Eyasake, Buena Vista y Bongo) y 463 personas de 88 familias de cuatro comunidades indígenas wounnan (Santa Teresita, Jumara Karra, Víctoria y Punto Caimito).
“Todo el Estado colombiano debe volcarse humanitariamente hacia estas familias. Hoy estamos ICBF y Ministerio de Salud y vienen en camino ayudas de la Unidad de Víctimas. Pero todo el Gobierno está con esta población, que se encuentra en la mitad de una situación compleja de orden público", dijo la directora del ICBF, Juliana Pungiluppi.
El ICBF entregó paquetes alimentarios a las madres gestantes y distribuyó agua potable a la población a la que, además, realizaron valoraciones nutricionales y de salud por el creciente número de niños portadores de enfermedades como el paludismo. Asimismo, por medio del programa ‘1000 días para cambiar el mundo’, entregaron 54 filtros purificadores de agua a las familias de la comunidad.
El personero Carlos Mario Cardona, agradeció la presencia del instituto en la región y las ayudas entregadas para los niños y niñas del municipio. “Esperamos que la gestión que está haciendo por el pueblo juradoceño dé los resultados que esperamos", agregó.
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El recrudecimiento de los enfrentamientos armados entre grupos ilegales como la guerrilla del Eln, el Clan del Golfo y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia ha ocasionado una crisis humanitaria en la zona que viene siendo denunciada desde distintos sectores y actores del territorio chocoano.
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El 24 de abril, el defensor del Pueblo, Carlos Negret, alertó que alrededor de 9.000 personas se ven afectadas por esta situación, y que la zona más vulnerable es el municipio de Bojayá que cuenta con 6.519 personas de 28 comunidades en estado de confinamiento.
En varias oportunidades, Naciones Unidas también ha lanzado alertas por la fuerte presencia de grupos armados ilegales en el departamento y por los constantes desplazamientos que viven sus poblaciones. Las comunidades mantienen un llamado de alerta al Gobierno y las entidades nacionales e internacionales para que intervengan y garanticen los derechos fundamentales de los chocoanos.