Incremento de homicidios en Sucre

La disputa entre bandas criminales cobró la vida de 28 personas en lo que va corrido de 2013. En su último informe la Defensoría del Pueblo llamó a las autoridades a tomar cartas en el asunto.

Los jóvenes de las zonas rurales de Sincelejo son los más vulnerables  para ser reclutados por  las bacrim. / El Espectador
Los jóvenes de las zonas rurales de Sincelejo son los más vulnerables para ser reclutados por las bacrim. / El Espectador

Tres meses después de que el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo emitiera el Informe de Riesgo Nº 002-13, que da cuenta de que 115.502 habitantes de 22 barrios de las comunas 1, 6, 9 y 8, así como de los corregimientos Cerrito La Palma, Laguna Flor y La Arena, están en peligro por la acción de los violentos, lo que fue desestimado por el comandante de la Policía en Sucre, coronel Julián González González, los hechos ratifican la crítica situación.

En lo que va corrido del año se registran 28 muertos, once más que en el mismo período de 2012. Entre ellos los crímenes de seis mujeres, la última de ellas de 19 años, que fue asesinada a las 4:00 de la mañana del domingo 21 de abril en el interior del vehículo de servicio público en el que llegaba a su residencia después de haber departido con su novio, quien también fue herido con arma de fuego en una de sus piernas.

Media hora antes de este hecho, al otro extremo de la ciudad, dos hombres en moto asesinaron a un joven de 27 años que regresaba a su casa en el barrio Cielo Azul, uno de los de alto riesgo de la zona norte.

Sobre el primer crimen el Comando de Policía Sucre aseguró que los móviles fueron un atraco a mano armada, sin duda otro de los delitos que tienen alta incidencia en el municipio y que además en las dos primeras semanas del mes de abril dejó cinco víctimas: a tres de ellas les hurtaron el dinero que llevaban, a otro no lograron arrebatarle los 4 millones de pesos que había retirado de una entidad bancaria para el pago de un tratamiento médico, pero sí lo hirieron, y al quinto, que fue el primer caso del mes, un pensionado de 72 años, no sólo le robaron el dinero sino que los fleteros —que simularon ser pasajeros de la microbuseta de servicio público interdepartamental que cubría la ruta Sincelejo-Corozal— le propinaron un disparo en el abdomen que le afectó órganos vitales y que cobró su vida una semana después del hecho.

El comandante de la Policía en Sucre, coronel Julián González González, desestima el informe de riesgo, pues a su juicio este es un flagelo al que sus hombres han combatido con firmeza y logrado neutralizar, lo que no se puede desconocer en estos últimos meses. Sin embargo muchos negocios, en especial los ubicados sobre la Variante a Tolú, han cerrado sus puertas, cambiado su razón social o de administración porque las extorsiones los agobiaron.

Uno de los casos más emblemático es el del propietario de Ferrocanchi, una ferretería ubicada en la avenida San Carlos, en Sincelejo, que fue objeto de tres atentados por oponerse al pago de extorsiones a las bandas criminales. En los tres atentados el comerciante salió ileso, pero en el último, que fue a mediados de febrero, un patrullero de la Policía que lo custodiaba llevó la peor parte al enfrentarse con los hombres armados y motorizados, que le dispararon en el rostro.

Ante los reparos que la Policía y las secretarías de Gobierno tanto de Sincelejo como del departamento de Sucre le hacen al informe, hay quienes sí le dan total credibilidad. Se trata de los concejales de la capital y los diputados de Sucre, que en sesiones de ambas corporaciones le han solicitado a la Policía mayores patrullajes y en especial más inteligencia para contrarrestar a los delincuentes.

El coronel González aseguró que durante 2012 fueron capturados 47 miembros de bandas criminales, organizaciones a las que la Defensoría del Pueblo atribuyó el incremento de los homicidios por enfrentamientos entre ellas, las desapariciones forzadas y reclutamiento de personas, en especial de jóvenes que han prestado el servicio militar.

Estos últimos casos, el Ministerio Público los soporta con los testimonios de madres de familia de las zonas norte y sur de Sincelejo —donde se concentra la población desplazada— que han revelado la necesidad de sacar a sus hijos hacia otros lugares para evitar que sean presas de estas organizaciones, que ofrecen salarios de hasta 800 mil pesos.

La población civil denunció los llamados retenes invisibles que obligaban a la población a estar en sus casas entre las 7:00 de la noche y las 5:00 de la mañana del día siguiente —quejas ignoradas por las autoridades—, que al ser incumplidos cobraron la vida de tres personas: un estudiante de 14 años que iba en una bicicleta para una cita médica de La Arena a Toluviejo; una mujer madre de dos hijos que iba en una bicicleta para su sitio de trabajo y un veterinario que regresaba en su automóvil de la finca de un familiar hacia Sincelejo después de haber realizado un trabajo.

Este último, hermano de la secretaria privada del alcalde de Sincelejo, Jairo Fernández Quessep, quien nunca se ha referido públicamente al informe de riesgo, pero que con el acompañamiento de la Policía y la Infantería de Marina realizó ¬a raíz de la ola violenta¬ un consejo de seguridad en el que prohibió el tránsito de motocicletas con parrillero en la ciudad a partir de las 10:30 de la noche y hasta las 5:00 de la mañana del día siguiente, así como el porte de armas de fuego.

Sin embargo, con los dos crímenes ocurridos en la madrugada del 21 de abril se demuestra que esta medidas es burlada.

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