Indígenas amazónicas siguen en el olvido

Presencia de grupos armados, desatención y abandono estatal, son algunos de los flagelos que padecen las mujeres de los 56 pueblos indígenas de la Región Amazónica.

Indígenas del Amazonas. /Archivo
Indígenas del Amazonas. /Archivo

En un lugar diferente a su territorio, Justina Mojomboy se las arregla para sobrevivir. No ha sido fácil para ella obtener un trabajo estable y menos uno bien remunerado que cubra sus necesidades. Procedente del Resguardo Indígena Calenturas, ubicado en el municipio de Puerto Guzmán, en el departamento de Putumayo, llegó en 2008 a Bogotá desplazada por la violencia y escapándose de una sentencia de muerte.

De acuerdo con el último censo del Departamento Nacional de Estadística (DANE) de 2005, 46.094 mujeres hacen parte de la Región Amazónica Indígena, que está conformada por los departamentos de Amazonas, Vaupés, Guainía, Putumayo, Caquetá y Guaviare. Es decir que el 49.1% del total de la población indígena que habita en esta región son mujeres.

Además, se calcula que de este porcentaje, 11.941 mujeres viven en situación de pobreza extrema y de éstas, como Justina, 3.816 han sido víctimas del desplazamiento forzado, según cifras del programa SiUnidos de la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE).

Por años, quienes gobernaban el resguardo Calenturas, perteneciente a la etnia indígena Inga, habían pagado una cuota de protección a la guerrilla de las Farc, la denominada "vacuna". Las 145 familias entregaban el dinero al grupo armado con el fin de evitar amenazas y muertes a sus líderes. Algunos que se habían negado a cumplir con la cuota fueron asesinados, entre ellos el hermano de Justina.

Luego de la muerte de su hermano, Justina asumió el liderato de Calenturas. Fue gobernadora durante tres años, pero asegura que no fue nada fácil. "Siempre tuve a la guerrilla detrás, presionándome para que les pagara la plata que les debía mi hermano y la que me tocaba a mí por ser la nueva gobernadora. Yo me negué, pero mataron a mi hija, me amenazaron a mí, a mis otros hijos y a muchas otras personas del resguardo, así que la comunidad decidió volver a dar la vacuna".

Según la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), la presencia de los grupos armados en el territorio, el reclutamiento de niños, el desplazamiento forzado, el riesgo de violencia sexual y abuso por parte de los actores armados, amenazas y control territorial de estos grupos, la desatención y el abandono estatal, las amenazas a las líderes, las minas antipersona y la discriminación, son las presiones más fuertes que tienen que enfrentar las mujeres de los 56 pueblos indígenas que habitan en la Región Amazónica.

Clemencia Herrera Nemerayema, líder indígena Huitoto originaria de la Chorrera, Amazonas, y directora de la corporación Mujer, Tejer y Saberes (Mutesa), señala que actualmente las mujeres indígenas tienen mayor reconocimiento por sus comunidades y por el Estado. "Sin embargo, no es suficiente. Hay que seguir trabajando por su educación, salud, el reconocimiento de sus derechos y la defensa de éstos, hay que luchar para que pueden permanecer en su territorio enseñando la tradición a las nuevas generaciones", indicó.

Más de $1.500.000 mil era la deuda que Justina Mojomboy tenía que asumir. "Con esfuerzo recolectamos la plata. Vendimos animales y, al no tener más opción, usamos algunos dineros de las transferencias que provenían del Gobierno". Ella entregó el dinero a un representante de las Farc, quien se quedó con el monto y dijo a su comandante que los indígenas no le habían pagado, asegura Justina.

Desde entonces no cesaron las amenazas ni la persecución. La líder fue secuestrada y llevada a Caquetá, allí le advirtieron que su vida estaba en peligro y luego la dejaron ir. "También me dijeron que si andaba derechita no me pasaría nada, que ellos sabían de todos mis movimientos, que me habían visto hablando mucho por celular y que eso no les gustaba".

El conflicto armado es un factor que agrava la situación de las mujeres en su territorio y al que no ha podido hacerle frente el Estado. Haciendo referencia a los derechos de las mujeres indígenas, la Corte Constitucional señaló en el 2004 que el Estado no ha destinado los recursos suficientes para atender a las mujeres que ya están en situación de desplazamiento ni a las que se encuentran en riesgo de estarlo. También señaló que no hay enfoques diferenciales que permitan atender a la niñez y la adolescencia, a las personas en condición de discapacidad ni a las de la tercera edad. Además, reconoció que las mujeres sufren reiteradas violaciones de sus derechos fundamentales y discriminaciones.

Por razones como éstas, la Corte ordenó los Autos 092 y 237 de 2008 con el fin de que se adopten medidas incluyentes que favorezcan a las mujeres y a la población indígena en general, y de propiciar una movilización por parte del Estado y diferentes actores sociales en busca de la reducción de la vulnerabilidad de la mujer.

Al respecto, la directora de Mutesa afirma que "con el tema del auto 092 se construyó un documento específico sobre los derechos de las mujeres indígenas que esperamos que el Gobierno haga cumplir. Las mujeres quieren capacitarse, pero es importante que se pueda hacer de forma diferencial; hacer hincapié en la salud porque hay muchas mujeres que se están muriendo en la selva a causa de enfermedades de transmisión sexual y de cáncer".

Justina decidió entregar al Gobierno al integrante de las Farc que había robado el dinero reunido por la comunidad. Pidiéndole que la acompañara a vender unas cabezas de ganado y asegurándole que le iba a dar parte de las ganancias, lo convenció de ir hasta el pueblo en donde lo estaba esperando el Ejército Nacional para capturarlo.

Después de hacerlo tuvo que salir de su territorio. Llegó a Bogotá sólo con dos de sus hijas porque sus otros cuatro hijos se quedaron en el Putumayo. Vive al sur de la ciudad con muy pocos recursos. "Yo nunca estudié, por eso no he podido conseguir ningún trabajo bueno ni que me dure", dice. Eventualmente hace labores de reciclaje, desgrana verduras en el mercado, trabajo por el que recibe $5.000 o cocina platos típicos de su cultura en Mutesa.

 

Mujer, Tejer y Saberes

Desde hace un año se creó en Bogotá la casa cultural Mujer, Tejer y Saberes (Mutesa). Veintiún mujeres indígenas desplazadas de diferentes lugares del país hacen parte de la iniciativa, que pretende convertirse en modelo productivo que les permita a sus integrantes obtener dinero, además de rescatar sus tradiciones y darlas a conocer.

Justina Mojomboy es una de las mujeres que trabaja allí. "Cada vez que me llaman para hacer almuerzos o cualquier clase de comida típica de mi región yo voy". Agrega que le gusta ir a la casa y que recibe un pago por el trabajo que hace, pero éste tampoco es un trabajo fijo, como ninguno de los otros en los que se desempeña.

En la casa hay un almacén en el que se venden artesanías hechas por mujeres indígenas que se encuentran en sus territorios, ellas las envían y reciben su pago una vez se hayan vendido; una biblioteca que guarda publicaciones sobre su cultura, la selva, el amazonas y sus tradiciones; una zona llena de hamacas que fue diseñada para el descanso de quienes lleguen a visitar el lugar; un salón que se alquila para realizar eventos y en el que también funciona el componente gastronómico del lugar, pues allí se realiza un feria mensual en la que se venden platos típicos de diferentes culturas indígenas. "Si usted quiere comer tiene que llegar muy temprano porque los almuerzos se nos acaban rapidísimo", asegura Clemencia Herrera Nemerayema, directora de Mutesa y una de sus fundadoras.

Hasta ahora ha sido difícil que la casa sea totalmente productiva, pues no cuenta con los recursos suficientes para comprar materia prima para hacer las artesanías ni para realizar eventos culturales a menudo. "A futuro, la idea es que las mujeres que están en Bogotá sean las que hagan las artesanías; se creen programas para enseñar la lengua nativa a los hijos de las mujeres desplazadas y que así no pierdan su cultura. Es que lo ideal sería que las 21 mujeres puedan vivir dignamente de lo que se hace aquí", señala Herrera.

Aunque no reciben apoyo de ninguna institución y aún faltan programas culturales por desarrollar, a esta sociedad de mujeres indígenas le ha ido bien en su primer año, así lo reconoce su directora, quien dice que todos los platos que se preparan en la feria son vendidos, se hace sin falta una vez al mes y les permite a las mujeres recibir 30.000 pesos por su labor en el día.

Para Clemencia Herrera Nemerayema lo más importante de esta casa es que, a través de la feria gastronómica, se ha permitido el encuentro de mujeres con experiencias de vida como la de Justina. "Ha sido una gran terapia para ellas que las ha unido y motivado a seguir luchando por sus comunidades, aunque ya no estén en sus territorios".

Tanto Justina como Clemencia aseguran que se deben buscar estrategias concertadas entre el Gobierno, las comunidades indígenas y la sociedad civil para que las mujeres no tengan que salir de su lugar de origen por situaciones como la pobreza o el desplazamiento. “Defender los derechos de las mujeres indígenas debe ser una política pública en el país, ya es hora de que nuestros problemas se visibilicen y sean solucionados”, concluyó la directora de Mutesa.

Para contactar Mujer Tejer y Saberes http://mutesamujertejersabe.wix.com/mutesa

María Fernanda Argüelles /Especial para El Espectador*
*Miembro del grupo Amazonas 2030

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