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“Propuesta de reforma al Código Civil da un poder inusitado a los jueces”: Fabricio Mantilla

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La pérdida de libertad contractual de los particulares es una de las mayores preocupaciones de los críticos. Coautor del proyecto llama a la calma y dice que la iniciativa apenas está en la etapa de discusiones y que si hay que corregir su contenido, se corregirá.

Desde que nacemos nuestras vidas están reguladas por un conjunto de normas agrupadas en el Código Civil. Actos como el matrimonio, el divorcio, o los negocios que hacemos para adquirir, donar o vender bienes son -entre muchos otros- asuntos importantes que forman parte de esa codificación. En términos sencillos, el Código Civil regula las relaciones entre los particulares con una mínima intervención del Estado.

Es por eso que una reforma a esa codificación impactará la vida cotidiana de todos los colombianos. De allí, el revuelo que ha causado el borrador de una iniciativa impulsada por el ministerio de Justicia y liderada por la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional, que el 30 de junio presentó una primera versión del Proyecto de Reforma de Código Civil de Colombia, cuya autoría es encabezada por un grupo de profesores liderado por José Alejandro Bonivento y Pedro Lafont Pianetta.

En esta primera etapa de discusiones la iniciativa ha recibido críticas por parte del Consejo Gremial y de un sector de la academia, que creen inconveniente la reforma tal como está planteada.

Por ejemplo, en una carta dirigida al Gobierno nacional el Consejo Gremial afirmó que el proyecto propone un sistema absolutamente carente de seguridad jurídica, como ocurre cuando la inexperiencia o ignorancia de uno de los contratantes le otorga a la otra una ventaja excesiva de acuerdo con la finalidad del negocio, caso en el cual la parte afectada podrá exigir la adaptación del contrato jurídico a fin de ajustarlo a sus circunstancias particulares.

Cuestiona, además, que los acreedores resultarían afectados de aprobarse que en caso de que el mandamiento de pago (orden del juez al deudor de cancelar la totalidad de la deuda) o el remate afecte la subsistencia personal y familiar del deudor, el juez, teniendo en cuenta la situación económica de este último y las necesidades del acreedor, pueda ordenar la adopción de las facilidades o garantías para el pago de la deuda.

“Este conjunto de reglas le quitaría prácticamente la fuerza obligatoria al contrato y, por ende, afectaría la seguridad que debe existir en las relaciones obligacionales”, advierte la misiva.

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Consultado por El Espectador sobre este punto, el abogado y docente de la Universidad del Rosario Fabricio Mantilla Espinosa comenta que “el contrato de los códigos Civil y de Comercio permite que los particulares regulen libremente sus intereses privados dentro de un marco fijado por el Estado, por razones de interés general. Sin embargo, el proyecto de reforma de Código Civil propone el esquema inverso: una institución en la cual el Estado determina la forma y contenido de los intercambios económicos, con una participación, al margen, de los particulares”.

Para Mantilla, cuando el proyecto sostiene que “El cumplimiento de la obligación podrá exigirse judicialmente siempre que sea posible y no excesivamente onerosa para el deudor, contraríe la buena fe negocial o afecte la situación personal del deudor”, sería el juez quien decidiría según con lo que él entienda por “excesivamente oneroso”, “buena fe” y “situación personal del deudor”, si el acreedor puede o no cobrar la deuda válidamente contraída y cuándo podría hacerlo, puesto que el proyecto también le permite al juez concederle al deudor plazos adicionales.

Es decir, explica, con esa modificación propuesta “se les entrega a los jueces un poder inusitado” y ya no serán las partes del contrato las que determinen libremente la equivalencia de sus prestaciones, a pesar de que el proyecto sostiene que los contratantes son libres para establecer la equivalencia de sus obligaciones y que el contrato “tiene fuerza de ley para las partes”. “La forma como se estructuran las distintas disposiciones en materia contractual termina poniendo al Estado en el centro de las decisiones económicas relativas a las alianzas e intercambios de los particulares”, advierte el jurista.

En su interesante disertación Mantilla va más allá al asegurar que la determinación de los precios de los contratos también dependería del juez, quien podría “adaptarlos” si llegase a considerar que, en el momento de la celebración, las prestaciones estipuladas por las partes resultaron “excesivamente desproporcionadas” y, durante su ejecución, “reequilibrarlos”.

Al final, califica de “desastrosa” la propuesta modificatoria y se pregunta si "dentro de este marco lingüístico, ¿es posible sostener que el contrato seguiría siendo un instrumento de los particulares para regular sus negocios?, ¿o más bien serviría para que el Estado, a través de los jueces, distribuyera la riqueza de los particulares?, ¿no se pondría al Estado en el centro y a los particulares al margen?

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Lafont Pianetta responde

Receptivo a los cuestionamientos, Pedro Lafont Pianeta, decano de la facultad de derecho de la Universidad Nacional y uno de los coautores del proyecto, ha llamado a la calma a los críticos de la iniciativa.

"En esta primera etapa el ministerio de Justicia está coordinando la participación de los diferentes sectores para recibir observaciones. En respuesta al Consejo Gremial, le comentó a El Espectador que hablarán con los sectores económicos para que conozcan el alcance de la propuesta.

“Tal vez se ha pensado equivocadamente que ya hay un proyecto, pero no. Apenas estamos en la construcción final de esa iniciativa con las motivaciones pertinentes y ya hemos recibido algunas recomendaciones sobre el particular y se mirará la integración definitiva. Ahora estamos conversando con las universidades y vendrá después el momento de hablar con los sectores económicos, sociales y habrá una etapa con toda la comunidad en general. Queremos que sea un proyecto de construcción social en general y no estrictamente académico”.

Según Lafont Pianetta, el actual Código Civil carece de una orientación guiada por los derechos fundamentales de las personas, consagrados en la Constitución Política de 1991, así como de los tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad.

En cuanto a las críticas puntuales sobre la pérdida de autonomía de los particulares en la celebración de los contratos, consideró que “no es exacto lo que se dice porque la intención no es quitarles poder a los particulares para dárselo a los jueces. En absoluto, porque los particulares tienen su propia iniciativa y formas de regular sobre el particular”.

Anotó que falta ilustración sobre el tema y “si hay que hacer ajustes pues se harán, porque lo que se pretende con la iniciativa es unificar normativamente lo relacionado con las obligaciones y los contratos”, al tiempo que señaló que la estructura de la propiedad privada es la misma que se reconoce desde 1936.

“El objeto fundamental de este anteproyecto es armonizar y actualizar las relaciones privadas de tal manera que se les dé más seguridad y estabilidad para no solamente reclamar los derechos sino también para conocerlos, porque debido a la dispersión normativa y jurisprudencial no todo se encuentra en el Código Civil”, concluyó el decano de la facultad de derecho de la Universidad Nacional.

Y aunque la discusión se extiende más allá de las obligaciones y de los contratos, como podría ocurrir con las normas relacionadas en materia familiar y de propiedad privada, por ahora mencionamos la controversia más candente de esta propuesta de reforma. (ravila@elespectador.com)

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