Isla de la Amargura: un desplazamiento masivo que refleja el miedo en el Bajo Cauca

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Cerca de 800 personas que habitan esa vereda del municipio de Cáceres (Antioquia) se vieron obligadas a salir el jueves 3 de septiembre. Yarledis Bassa, vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal de ese lugar relata la huida en medio del miedo.

A las 8:30 de la noche del miércoles 2 de septiembre, el sonido de un par de disparos rompió el acostumbrado silencio de las calles de la vereda Isla de la Amargura, en el municipio de Cáceres (Antioquia). Hubo alerta, pero varios habitantes no le dieron mayor importancia al ruido que relacionaron con el patrullaje que hacían de tanto en tanto tropas del Ejército en la zona. Los disparos, sin embargo, continuaron. Cada vez más frecuentes, cada vez más cercanos. “Cuando sentimos que los tiros se acercaban todo el mundo se asustó y apagamos el televisor, los bombillos y nos encerramos en las casas, pues nos dimos cuenta que posiblemente eran ellos, los hombres armados que ya nos habían visitado con anterioridad”, cuenta Yarledis Bassa, quien desde hace 10 años vive en la vereda y se encarga de la vicepresidencia de la Junta de Acción Comunal (JAC).

La comunidad no se equivocó. Eran hombres de un grupo ilegal, pero con la transformación del conflicto y la proliferación de estructuras, nombres, bandos y uniformes, no pudieron saber a ciencia cierta quién era el enemigo. La única certeza era que estaba afuera. “Anteriormente habíamos tenido dos veces la visita de los grupos armados en la vereda, pero solamente fue un susto. La primera vez llegaron llevándose los celulares y las cosas que teníamos de valor; los recibimos durante dos noches. De las dos veces que vinieron una sola vez habían disparado, pero no la cantidad de veces como ahora”, rememora Yarledis.

La noche pareció interminable. Las más de cien familias que habitan la vereda, siguieron el mismo protocolo del miedo: apagar las luces, cerrar puertas y ventanas, esconderse, callar. Yarledis recuerda que pocos minutos después sonó el teléfono de su casa y habló con un vecino que, en medio de la angustia y el desespero, intentaba encontrar a su hijo: “Un niño que permanecía en la casa y esa noche no estaba. Solo dejó las chanclas. Toda la noche con miedo porque no sabíamos que había sucedido. La mayoría tenían los celulares apagados para que no se los llevaran. Nadie se atrevía a contestar las llamadas, excepto los que estaban buscando al niño”.

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Se acostaban en la cama, se levantaban. Deambularon toda la noche hasta que a las 5:00 de la mañana, cuando el silencio prometía seguridad afuera, decidieron salir. La mamá del menor desaparecido empezó la búsqueda. Casa a casa y en los potreros. No hubo rastros. Un habitante de la vereda le dijo que a su hijo se lo habían llevado los hombres armados. Tres menores más corrieron la misma suerte.

Minutos después, Yarledis recibió una llamada: “No crea que estamos muy lejos, estamos aquí cerca de la isla y necesito que les diga a la gente que mañana nos desocupen”, le ordenó una voz al otro lado de la línea. Sobre las 08:00 de la mañana volvió uno de los menores desaparecidos, con él también enviaron el mensaje de desocupar la vereda, por tarde, el jueves a mediodía. “Inmediatamente nos reunimos como comunidad porque estamos en una guerra donde no se sabe dónde va a parar todo. No queríamos que los niños tuvieran miedo de algo. Ellos dieron una orden, antes agradeciendoles porque no les hicieron nada a los menores. Los cuatro aparecieron sanos”, detalla Yarledis.

Les tomó menos de ocho horas a los habitantes de la Isla de la Amargura empacar su vida en cajas, lonas y maletas. A la 01:00 de la tarde, las 800 personas que vivían en la vereda estaban listas para partir. Gallinas y racimos de plátano al hombro. A bordo de canoas atravesaron el río hasta llegar a Guarumo, un corregimiento vecino. El viaje duró media hora.

“La mayoría tiene todo allá, no se han traído nada. Estamos esperando que llegue el alcalde para ver que solución nos da. La incertidumbre sigue porque hay algunos que se desesperan al saber que los perros, gatos y demás animales están aguantando hambre”, explica Yarledis. Están ahora albergados en un colegio de Guarumo, con la ilusión de volver a Isla de la Amargura, llamada así, dicen algunos, porque en una época la zona era una selva inhabitable.

Para ella, quien tuvo que desplazarse con los siete integrantes de su familia, lo más importante es la vida y agradece que, al menos, tienen dónde dormir y qué comer: "Es duro dejar lo que uno había trabajado tanto tiempo y ver que en minutos alguien se adueña del lugar, de la casa y de todo. Y más porque lo habíamos vivido cuando ocurrió la emergencia de Hidroituango. Las familias de Isla de la Amargura también tuvieron que dejarlo todo y fueron 41 días lejos de casa. Pero esta vez los factores son distintos y la incertidumbre es mayor. “Los niños ven todo como un juego, no se siente tanto el golpe; pero los adultos mayores han estado con mucho duelo, algunos se ponen a llorar porque se quieren ir. Me toca sacar fuerzas y decirles que lo material se consigue y lo importante es la vida”, cuenta.

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La mayoría de los habitantes de la Isla de la Amargura se dedican al cultivo agrícola y a la cría de animales. Otros trabajan el día a día como jornaleros en las fincas. Victor González, por ejemplo, tiene 48 años y vive desde hace 22 en la vereda. Tuvo que salir junto a cinco miembros de la familia. “Estamos pensando qué va a ser de nosotros si las cosas siguen así. Tenemos miedo de regresar. Nuestras cosechas se están perdiendo. Pedimos protección del Gobierno Nacional”, dice González

Las familias ruegan por un diálogo de paz o negociaciones entre los actores armados y el Gobierno con el fin de recuperar la tranquilidad. “Queremos volver a nuestras casitas sanos y salvos, nuestro sueño es dormir tranquilos. Es muy duro porque me arriesgué a ir a mi casa para darle comida a los animales y sentía que se escuchaban los disparos de esa noche. Es una incertidumbre que el corazón sigue sintiendo, se me quería salir”, concluye Yarledis.

Así es la dinámica de la violencia en el Bajo Cauca

De los culpables de la amenaza y el desplazamiento, entretanto, poco se sabe. Martín Rivera, secretario general de Cáceres, asegura que aún no se ha identificado a quienes están detrás de todo, pero que en la zona hay presencia de Los Caparrapos y el Clan del Golfo. Nombres que no dicen nada y parecen todos los mismos cuando lo que impera es el miedo y el verdugo es irreconocible.

Porque lo que pasa en esta vereda de Cáceres se replica en decenas de poblaciones más de municipios del Bajo Cauca antioqueño como Caucasia, Nechí, Tarazá o incluso en Zaragoza en donde hace solo tres días fueron masacradas cinco personas. Grupos criminales que aterrorizan a las comunidades buscando ejercer dominio territorial para apropiarse de las rentas de los negocios ilícitos imponiendo sus propias lógicas de violencia. Una confluencia de factores que derivaron en lo que la Defensoría del Pueblo ha identificado como dos escenarios de riesgo: uno estructural, definido por el abandono y la exclusión histórica de esta subregión de los proyectos de desarrollo nacionales y regionales, lo que ha permitido que el territorio sea concebido como propicio para desarrollar economías de enclave formales e informales; y otro coyuntural en el que los grupos ilegales de turno aprovechan ese abandono estatal para fortalecerse y financiarse. Por eso los fenómenos de violencia en la zona siempre vuelven, se reciclan. Eso sí, se transforman.

De acuerdo con la última alerta temprana de la Defensoría, de las múltiples que ha emitido sobre la situación en la subregión, el mayor impacto humanitario se está registrando en zonas que son territorio límite o de confrontación entre las AGC y el Bloque Virgilio Peralta Arenas (BVPA, conocidos también como ‘Caparrapos’), aunque, este año ha habido cambios en la dinámica de confrontación: “Para el año 2020 se observa un cambio sustancial en la dinámica de los actores armados ilegales, pues mientras en 2018 y 2019 esta se caracterizaba por la expansión hacia los territorios en donde tenían intereses económicos, para finales de 2019 y durante 2020 se observa el interés de atacar lo que se consideran las sedes de mando del enemigo, provocando masacres y desplazamientos forzados. Se trata de una estrategia de aniquilación del enemigo que comporta graves riesgos para la población civil, por cuanto el repertorio de violencia de dichos actores se ha dirigido de forma directa en contra de los/as habitantes del municipio que consideran colaboradores/as de su contraparte”.

De hecho, la dinámica de expansión y contracción en el control territorial de los actores armados también ha cambiado y desde el año pasado las AGC han logrado movilizar tropas desde otras zonas hacia el Bajo Cauca, para recuperar el territorio perdido y en manos de los Caparrapos. Y aunque la disputa mayor es entre estas dos estructuras, en algunas zonas también hay presencia de disidencias de las Farc y grupos del Eln. Incluso, según Yesid Zapata, integrante del Proceso Social de Garantías para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Antioquia, en cada uno de los 125 municipios del departamento de Antioquia hay presencia de por lo menos una estructura ilegal.

Zapata señala, eso sí, que a diferencia de lo que dice el Gobierno Nacional, la pelea en el no es solo por el dominio sobre cultivos de uso ilícito: “El Bajo Cauca representa el 60% del oro que produce el departamento de Antioquia y gran parte de las finanzas de las estructuras están determinadas por la explotación minera legal e ilegal. En ese interés también hay poderes económicos y políticos. Uno no puede asegurar que hay una alianza directa, pero nuestra historia ha demostrado que los grupos paramilitares han servido de manera directa a los intereses de varios sectores de la legalidad.Las dinámicas de control inciden también en las legales”, sostiene al insistir en que no hay una política pública real para desmantelar los grupos criminales.

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Solo en el departamento de Antioquia, señala, se han registrado 13 masacres este año, y las cifras de violencia e incrementos de desplazamiento y asesinatos viene en aumento. De hecho, la tasa de homicidios para todos los municipios del bajo Cauca fue en 2019 de 114 por cada 100 mil habitantes.

“Como defensores de derechos humanos sentimos que pareciera que el Gobierno de Iván Duque se satisface de las masacres que ocurren en el país porque no están haciendo nada para detener este exterminio, esta nueva ola de violencia. Parece ser que sirve como rédito político para otras cosas. Este fenómeno de violencia se dispara y permite que fenómenos como la corrupción sigan aumentando. Hay una inacción del Estado respecto a lo que está pasando y es vergonzoso que el gobierno no reaccione porque todo lo que está pasando ya ha sido alertado”, puntualiza Zapata.

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