Joven fue víctima de mina antipersonal en límites entre Antioquia y Córdoba

La familia del joven fue víctima del desplazamiento forzado del 2 de abril de 2019 en la vereda Las Flechas. Retornaron creyendo en las promesas de seguridad en la zona.

Son diversas las técnicas que usan las organizaciones criminales para ocultar las minas. En algunas ocasiones las ocultan en árboles o animales muertos. Cortesía Ejército.

Diego Mazo Castrillón, de 16 años, fue víctima de una mina antipersonal en la vereda La Flecha, zona limítrofe entre Puerto Libertador, al sur de Córdoba e Ituango, al norte de Antioquia.

Los hechos sucedieron en la noche de este jueves, 25 de abril, cuando el joven, en compañía de su familia, se dirigía a la vereda.

De acuerdo con fuentes del Ejército, Castrillón perdió parte de su pierna derecha y se encuentra en un hospital de Córdoba. La institución atribuyó la instalación del artefacto explosivo al “Clan del Golfo”.

“A la zona donde ocurrió este lamentable hecho, fueron enviadas más tropas, con el objetivo de ubicar y neutralizar la posible presencia de más minas antipersona”, indicó el Ejército.

De acuerdo con la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba, esta familia pertenece a las más de 700 que se han estado desplazado desde el 21 de marzo de 2019 en Córdoba y Antioquia debido a los enfrentamientos entre grupos ilegales en la zona.

Los familiares del joven de 16 años habría retornado creyendo en el anunció de seguridad de la gobernadora de Córdoba, Sandra Devia Ruiz, y el general Juan Carlos Ramírez, comandante de la Séptima División del Ejército.

“La responsabilidad de lo que pueda pasar recae sobre la Gobernadora de Córdoba, Sandra Devia Ruiz y el General Juan Carlos Ramírez, comandante de la Séptima División del Ejército, por hacerles sentir a los desplazados y desplazadas que las condiciones de seguridad estaban dadas para retornar”, indicó en un comunicado la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba.  

La situación de violencia en los municipios de Tierralta, Montelíbano y Puerto Libertador, en Córdoba; e Ituango, en Antioquia, las viene denunciando el defensor del pueblo, Carlos Negret, desde el 25 de noviembre de 2018.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, el riesgo se presenta por los enfrentamientos entre estructuras armadas ilegales. Principalmente entre el frente Rubén Darío Ávila, reforzado por estructuras armadas provenientes del Urabá antioqueño que se identifican como división de “fuerzas especiales” de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), y el Nuevo Frente 18 Camarada Román Ruíz - Cacique Coyará de las Farc, en supuesta alianza con el bloque Virgilio Peralta Arenas de las Autodefensas Campesinas.

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