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Diego Sossa Sánchez, juez tercero civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Cali, ordenó el pasado mes de septiembre la restitución del territorio étnico del resguardo indígena nasa Kwe'sx Yu Kiwe, conformado por 1.838 personas de 620 familias.
El documento ordena la restitución de 5.021 hectáreas de tierra en la zona rural de Florida, Valle, de la que fueron desplazados los indígenas cuando fueron víctimas del conflicto armado por parte de grupos como el M-19, la extinta guerrilla de las Farc y la Fuerza Pública.
En la sentencia, el juez le ordenó a la Fiscalía General adelantar las investigaciones penales para esclarecer los hechos ocurridos en contra de la comunidad indígena y la exhumación de fosas comunes que están en el territorio del resguardo.
A la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv), la sentencia ordena formular medidas integrales y efectivas para garantizar el retorno de la comunidad indígena a su territorio.
Asimismo, se le ordenó a la Unidad Nacional de Protección realizar una evaluación del riesgo en la zona y de la seguridad de los líderes indígenas del cabildo, con el fin de construir estrategias de protección y prevención en materia de seguridad. Además, ordenaron adelantar labores de desminado humanitario.
El juez de restitución explicó que la Agencia Nacional de Tierras tendría un plazo máximo de dos meses para hacer la entrega materia y jurídica del territorio.
José Arvey Ipia Medina, gobernador mayor del resguardo, dijo que este fallo a favor del pueblo nasa era una deuda histórica con la comunidad desde 1997. "Para nosotros es muy representativo porque es una lucha y un sueño de nuestros mayores, desde hace 27 años, que iniciamos y nos organizamos como cabildo, y empezamos con el proceso de la constitución del resguardo", dijo Ipia.
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Según Sally Mahecha, directora de Asuntos Étnicos de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), "este es uno de los mayores logros que luego de más de 20 años en este proceso, ya se ha constituido en el resguardo y que las comunidades tienen la seguridad jurídica de que tienen un título colectivo en su territorio".
Sin embargo, la comunidad manifestó una preocupación sobre el tema de seguridad en la zona. El alto gobernador comentó que ellos tienen conocimiento de la presencia de algunos grupos armados ubicados en la parte alta de la montaña, por lo que hay preocupación por la posible llegada de más actores armados ilegales.
"Ellos vienen reprimidos de acuerdo a lo que viene pasando a nuestros hermanos indígenas del Cauca, porque allá están asentados los grupos en esa jurisdicción y la Guardia indígena está haciendo un despliegue. Esos sectores armados están corriéndose hacia el territorio. La preocupación es que lleguen acá", dijo el gobernador.
Sobre el proceso, el juez explicó que la expedición de la sentencia no fue sencilla porque durante estos cinco años hubo dificultades relacionadas con la recopilación del material probatorio y las inspecciones judiciales pero que este sería un hito histórico para las comunidades indígenas.