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Que la crisis carcelaria en Colombia se ha ido agravando con los años no es un secreto para nadie. Las cifras lo sostienen. Las tasas de hacinamiento superan el 365 % en varios centros penitenciarios, la atención médica en la mayoría de ellos es precaria, hay fallas graves en materia de infraestructura, los programas de resocialización son insuficientes y el número de funcionarios disponibles es muy bajo en relación con el de presos: 15.795 para cerca de 116.000 personas privadas de la libertad.
El tema ha sido motivo de alerta por parte de varios organismos de control y desde 2013 está bajo la lupa de la Corte Constitucional, que ha insistido en que la política criminal colombiana es populista e incoherente. Precisamente en el marco del seguimiento que el alto tribunal hace del problema, mañana realizará una audiencia pública para analizar cuánto se ha avanzado para superar la crisis.
El fenómeno también ha sido diagnosticado desde organizaciones como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que desde 1969 ha visitado las prisiones del país y constatado de primera mano las precarias condiciones del sistema carcelario. En entrevista con El Espectador, Christoph Harnish, jefe de la delegación del CICR en Colombia, habla de los problemas más difíciles que enfrenta el país en este tema y de las medidas que deben tomarse desde ya para tratar de aliviar la crisis.
¿Cuál es el diagnóstico del sistema carcelario en Colombia?
El diagnóstico de los problemas en las cárceles de Colombia es el mismo desde hace muchos años. Lo que ha dicho la Corte Constitucional es exacto, corresponde a la realidad e identifica los problemas que hay, no solamente en las cárceles, sino en la explicación de por qué la situación de las cárceles es tan dramática. El problema es el resultado de una práctica de hacer justicia en un país que piensa que cuando hay violación de la ley la única opción posible es la cárcel. Y como el país tiene muchísimas leyes para todo, también es altísimo el número de personas que las violan. En el fondo es todo el debate sobre cuál es la política criminal que necesita el país. La Corte Constitucional acertó al señalar que es una política inadecuada y todo el mundo lo sabe: los políticos, los gobernantes y hasta los sectores de la sociedad civil que se preocupan de estos problemas, pero no cambia nada.
¿Cómo debería ser, entonces, la política criminal?
La cárcel es en Colombia la solución para todo, así el crimen sea grave o una infracción de la ley menos grave. Esto vuelve el problema muy complejo, porque hay demasiada gente que no debería ir a una prisión para pagar su sanción, y lo que queda al final son cárceles completamente llenas y el problema de la justicia, en una forma muy extrema, trasladado a las prisiones. Acá lo que hay es un populismo punitivo. Todo el mundo pide cárcel para todo. Lo que debería haber es un populismo preventivo para evitar que las personas violen la ley. Ahí es donde la política criminal y todo el establecimiento político tienen que cambiar de chip.
¿Cómo encaja en esa política criminal el tema de las penas alternativas?
El tema con las penas alternativas es que son muy controvertidas, porque en el imaginario colectivo la cárcel es una punición y quien viola la ley debe pagar así. No se conciben la casa por cárcel o las penas alternativas. Ahí hay que cambiar también el chip y entregar a las instituciones que deben supervisar estas penas alternativas los recursos para que puedan hacerlo. Si no se hace, el hacinamiento que vemos todos los días en las cárceles va a continuar y todas las soluciones que se puedan imaginar (construir más cárceles) no resolverán el problema. Más cárceles son más personas en las cárceles si no hay nada que cambie en cuanto a la política criminal.
Pero los cambios deberían empezar por combatir fenómenos como la corrupción, que también es parte del problema...
El hacinamiento es el resultado final de todo lo que no funcionó antes. Es verdad, y ahí no hay duda, que hay corrupción en las cárceles. Las cárceles son el reflejo de la sociedad y es por eso que existen. La sociedad no quiere ver a estas personas más, las mete en una cárcel y el problema está invisibilizado. Pero lo que pasa en las cárceles es una muestra de lo que pasa afuera; no se pueden tener cárceles sin corrupción si la sociedad es corrupta, es imposible. No se pueden tener cárceles pacíficas si la sociedad es violenta. Por eso uno de los ejes de trabajo en los que nosotros siempre hemos insistido es en que hay que hacer más para introducir en las cárceles la dimensión humana.
¿En qué sentido?
El peor criminal del mundo, más allá de su delito, sigue siendo una persona que tiene una familia, una madre, un padre. Hay que restablecer esta idea de que son seres humanos, aun cuando estén privados de la libertad. Por eso requieren una atención suficiente que se puede lograr con el solo hecho de que la administración de las cárceles sea profesional con recursos suficientes, humanos y no solamente financieros. Son ellos los que todos los días están frente a estos presos y muchas veces no tienen la formación y la capacidad para hacerlo. Es tal vez una de las profesiones más difíciles que hay, pero ahí hay que hacer mucho en términos de capacitación. El número hay que aumentarlo y profesionalizarlo para tener un trato mejor en las cárceles.
Otra de las críticas constantes al sistema es la falta de una buena política de resocialización. ¿Cuál es el panorama en ese aspecto?
La mayoría de las personas que están en las cárceles no son de estrato seis, son personas humildes que tienen problemas en sus barrios, con situaciones familiares difíciles y muchos problemas. Cuando entran a las cárceles, entra con ellos una realidad muy compleja. Todo el mundo se pregunta por qué los que entran en la cárcel y después salen se vuelven criminales. En muchos países, incluso, las cárceles son universidades del crimen, porque los que llegan aprenden muchas cosas en el intercambio con los demás. No hacen nada adentro y después de cuatro, 10 o 15 años regresan a la sociedad con un sentimiento de oposición, de que la sanción no fue completamente justificada, con un sentimiento de revancha. De ahí la importancia de crear espacios en el interior de la cárcel que permitan una cierta forma de actividad. No se habla de puestos de trabajo, sino de una actividad cuyo objetivo sea darles una dimensión que no tenían antes, y esto es una medida posible y concreta para evitar el nivel muy alto de reincidencia que hay en este país.
¿En qué debería enfocarse, entonces, la audiencia de la Corte Constitucional?
En soluciones concretas y medidas para introducir más humanidad en las cárceles, pero también trabajar sobre la política criminal con los partidos políticos. Claramente hay que proponer algunas medidas muy claras sobre cómo se puede transformar la realidad en las cárceles, dar más trabajo, dar más espacios de actividad a los presos. Eso me parece que no es tan complejo y existe en muchos países. Todo esto debe ser con el objetivo de que existan cárceles con menos personas, que haya una aplicación de las penas alternativas mejor articulada y supervisadas y que el debate sea profesional y no solamente emocional.
El debate sobre los programas de resocialización y el trato a los presos está ahora encendido por el caso del video en el que golpean a jóvenes en El Redentor...
La realidad que yo conozco en muchas cárceles del mundo es que el problema es el mismo: falta de espacios para los internos. Si a eso se suma que el trato hacia estas personas jóvenes, que tal vez no son grandes criminales, es como lo que vimos en el video del caso de El Redentor, el panorama se complica.
Hay que preguntarse con qué ideas y sentimientos puede salir esa persona que fue tratada así. Cuando esté en libertad y vea en la calle al primer policía, será normal que haya un sentimiento muy duro. Se trata de personas que no se reintegran en la sociedad, se quedan al margen, y esto se vuelve un problema eterno porque la persona que sale regresa rápidamente.
Eso es lo que hay que cambiar, el trato hacia las personas. Si la sociedad no hace esfuerzos para tratar mejor a los que tienen problemas, nunca vamos a salir de esto. Se requieren políticas para prepararlos para la vida después de que paguen su falta. Yo sé que en la discusión pública la gente dice “la cárcel no es un hotel”, y es cierto, no lo es, pero tampoco puede ser una escuela del crimen.