La comunidad Inga está en riesgo de desaparición por falta de concertación con el Gobierno

A pesar de que la Corte Constitucional ordenó al gobierno formular planes de salvaguarda para más de 30 pueblos indígenas en el 2009, la comunidad Inga dice que no ha recibido respuesta. Estos indígenas que hacen presencia en Caquetá, Putumayo, Nariño y Cauca, son blanco de delitos como reclutamiento de menores y desplazamiento forzado.

"La Corte le dijo al Estado que debe garantizarnos la integralidad de la vida junto al territorio de los pueblos indígenas", dijo Hernando Chindoy, representante legal de la Organización Indígena Pueblo Inga.María Paula Ardila - El Espectador

Han pasado 10 años desde que la Corte Constitucional ordenó al ministro del Interior y al director de Acción Social de ese entonces, Fabio Valencia Cossio y Luis Alfonso Arias respectivamente, formular planes de salvaguarda étnica para más de 30 pueblos indígenas que estaban en riesgo por el conflicto armado y el desplazamiento forzado en Colombia. A pesar de que la orden fue dada en enero de 2009 y la Corte dio plazo de seis meses para implementar estos planes de salvaguarda, fue hasta mayo de 2014, en el gobierno de Juan Manuel Santos donde se realizó un primer diagnóstico para la formulación de este plan para el pueblo Inga. Sin embargo, varios miembros de la comunidad dicen que nunca se implementó lo que la Corte ordenó.

Desde el 2007, grupos delincuenciales como los denominados Macheteros y Los Rastrojos participaban en el procesamiento y comercialización del clorhidrato de cocaína en los municipíos del Bajo Putumayo, donde vivía parte de la comunidad Inga. Entre el 2000 y 2008 un gran número de familias, y en algunos casos la totalidad de la población de cabildos Inga del Medio y Bajo Putumayo, la Bota Caucana y de Aponte en Nariño, se desplazaron hacia las cabeceras municipales, según explicaron las comunidades en el diagnostico realizado para el plan de salvaguarda en 2014.

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Ahora los crimenes no corren por cuenta de Los Rastrojos, quienes cometieron homicidios y desplazamientos. Los responsables de los delitos son los frentes primero y 48 de las disidencias de las Farc, quienes se disputan con la estructura armada ilegal autodenominada La Mafia el control territorial. En septiembre de este año, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana donde advirtió que estos enfrentamientos ponen en riesgo a la población civil, incluyendo a varios resguardos indígenas del municipio de Puerto Asís, Putumayo. "Para nosotros este plan de salvaguarda es muy importante porque tenemos una crisis humanitaria en el territorio por el reclutamiento de menores de edad y el desplazamiento. También por la minería y las multinacionales que se están apoderando de los recursos naturales. Además, tenemos una fuerte dinámica en la baja bota caucana en donde la mayoría de nuestra comunidad está siendo amenazada, a tal punto que hemos llegado a situaciones donde sólo tenemos cinco días para desplazarnos de ese territorio", dijo Sacha Muyuy, gobernador Inga en Medellín durante una reunión de concertación entre el Gobierno Nacional y el pueblo Inga de Colombia.

En entrevista con El Espectador, Muyuy, Hernando Chindoy, representante legal de la Organización Indígena Pueblo Inga, y Liliana Armero, consejera zonal del resguardo Inga de Aponte en Nariño, explicaron por qué se retiraron de la mesa de negociación con la que se esperaba llegar a una concertación con el Gobierno para poner en marcha el plan de salvaguarda para esta comunidad. El Espectador intentó contactar a los voceros del ministerio del Interior encargados de esta mesa de diálogo. Sin embargo, al momento de la publicación del artículo no dieron respuesta. 

¿Por qué el Plan de Salvaguarda es fundamental para las comunidades indígenas?

Sacha Muyuy (S.M):  Este plan es la política pública del pueblo Inga a través del cual exigimos garantías integrales de vida. Hay que partir de que los planes de salvaguarda son una orden de la honorable Corte Constitucional. Como pueblo Inga no tenemos garantías para el cumplimiento del mandato de la Corte, la cual a través de la sentencia T-025 de 2004 y su auto de seguimiento 004 de 2009 ordenó al Estado colombiano implementar estos planes para la garantizar la pervivencia de nuestros pueblos mediante estos planes. 

Estamos en risgo de desaparecer tanto cultural como físicamente. Por eso quisimos reunirnos a través de la mesa de concertación pero no hubo un proceso de diálogo permanente y de acercamiento hacia la institucionalidad. 

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¿Qué solicitaron durante el encuentro con el Gobierno? 

Hernando Chindoy (H.C): Queremos que se habiliten IPS para que el pueblo Inga pueda administrar de manera directa sus servicios. En materia de vivienda, en Mocoa hay compañeros que no tienen donde vivir por los desastres naturales; algunas comunidades ya llevan más de cuatro años esperando y el gobierno no les ha dado respuesta bajo ninguna circunstancia, lo que nos parece altamente inhumano. Además, tenemos a más de 50 autoridades amenazadas y hay comunidades que están en confinamiento donde los grupos armados les dicen que tienen que manternerse al margen de toda institucionalidad. Nos parece que el Estado no nos está garantizando el derecho a la vida, ni a la vida de los hermanos y hermanas que viven con nosotros como poblaciones campesinas y afrodescendientes en nuestro territorio. 

¿Por qué se retiraron de la mesa de diálogo con el gobierno?

Liliana Armero (L.A):  Es desconcertante porque nosotros programamos una ruta previa con el ministerio del Interior que nos ayudó a levantar estos pasos para llegar a la concertación con las diferentes entidades del Gobierno Nacional. Sin embargo, la respuesta de siempre es que no hay presupuesto y se les olvida que la sentencia del auto 004 dice que las entidades deben buscar financiación para salvaguardar nuestra vida. Los ministerios se dedicaron al tema de la oferta institucional y no realmente a darnos una respuesta significativa frente a la crisis humanitaria que tenemos como pueblo Inga. 

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Ustedes hablan de llevar el caso a organizaciones internacionales ¿Se acabaron las instancias en Colombia?

(H.C): Le dimos plazo al gobierno para que atienda nuestros requerimientos hasta febrero de 2020, si no tenemos ninguna respuesta, nos presentaremos ante organizaciones internacionales. En el país ya se han agotado las instancias al haber llegado hasta la Corte. Vamos a acudir a la Corte Interamericana o ante el sistema de Naciones Unidas en la parte jurídica, para analizar el siguiente paso. Estaremos viajando en los siguientes días para buscar alianzas internacionales que nos apoyen en la garantía de nuestros derechos humanos. 

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María Paula Ardila / @mariap_ardila

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