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El caso de los 11 concejales que tuvieron que salir desplazados desde Argelia hacia Popayán (Cauca), tras recibir amenazas de grupos armados, evidenció la crisis de seguridad que vive el municipio que se ha convertido en un punto estratégico para el control del narcotráfico en la zona. Las alarmas comenzaron a sonar incluso desde el 30 de diciembre de 2020, cuando fue asesinado Norbey Antonio Rivera, esposo de la concejal Nancy Santacruz, quien venía recibiendo amenazas desde agosto. Tan solo dos semanas después desapareció en el corregimiento El Plateado el concejal Fermiliano Meneses, cuyo cuerpo fue encontrado este miércoles. Al parecer, detrás de este hecho estarían miembros del Eln.
El escenario de riesgo había sido alertado en octubre del año pasado por la Defensoría del Pueblo, que en una alerta temprana (047 de 2020) advirtió que además de los políticos, también estaban expuestos servidores públicos, líderes y lideresas, defensores de derechos humanos, miembros de juntas de acción comunal y campesinos en Argelia, El Tambo y Balboa. La alerta se configura ante la presencia de los grupos armados que amenazan, ejercen desaparición y reclutamiento forzado, pretenden regular la movilidad y dejan en medio de los enfrentamientos a la población civil.
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Leonardo González, investigador del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), explica que desde la salida de las extintas Farc, el Eln y el frente Carlos Patiño de las disidencias se han disputado el control del municipio. “También se ha hablado de un intento de las Autodefensas Gaitanistas e incluso de la Segunda Marquetalia de ingresar en la zona”, afirmó. Aunque según González no se puede hablar de presencia de carteles mexicanos en el Cauca, sus investigaciones indican que estos -especialmente el cartel de Sinaloa- son dueños de los cultivos de coca que después son transportados hacia el Cañón del Micay. Argelia es entonces un punto estratégico para las rutas del narcotráfico.
En esto coincide Tatiana Prada, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), para quien este municipio se ha convertido en “una zona de cultivo y procesamiento de coca: el inicio de la cadena de salida del narcotráfico desde el centro y sur del departamento”. Se trata de un territorio que también es clave por su abundante riqueza en cuanto a agua y minerales de extracción, como el oro y el platino. Su posición es estratégica geográficamente: está cerca del mar y de la carretera Panamericana.
La situación más crítica se evidencia en los corregimientos El Plateado y El Mango. Para ambos investigadores las amenazas contra los concejales evidencian el control absoluto que los grupos armados quieren tener sobre el municipio. “Ejercer un liderazgo en esta zona es muy difícil. Tanto el Eln como las disidencias de las Farc han amenazado a líderes y lideresas, especialmente de la Asociación Campesina de Trabajadores de Argelia (Ascamta), a los concejales e incluso al alcalde”, comenta González.
A lo que se suma que gran parte de la economía de los campesinos proviene de los cultivos de coca. Un habitante de Argelia, que pidió no revelar su nombre por motivos de seguridad, cuenta que estos cultivos son su única forma de sobrevivir. “De algo tenemos que vivir en esta zona olvidada por el Estado. Cuando la ganancia es para un campesino, es narcotráfico, cuando es para un político, es una calamidad familiar”, asegura. Argelia es parte del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), pero Prada sostiene que este ha sido insuficiente: no llega a las zonas profundas -en parte por cuestiones de seguridad- y tampoco se ajusta a las necesidades del territorio.
“Los campesinos piden la implementación del Acuerdo, que llegue el Estado de forma integral, pero no solo con pie de fuerza”, dice González. Los investigadores advierten que deben darse las condiciones para que los campesinos puedan sostenerse sin cultivos ilícitos, pero además garantizar el acceso a justicia, educación y salud. La zona de reserva campesina es otra de las solicitudes pendientes, desde Indepaz manifiestan que este tema, que por todos los medios han solicitado las organizaciones sociales, está parado desde 2019. El secretario de Gobierno del Cauca, Luis Angulo, reconoce que es complicado el panorama de Argelia y de toda la población que se encuentra en el Cañón del Micay, donde se concentra el 60 % de los cultivos ilícitos del departamento.
La relación de la población con la Fuerza Pública es otro tema inquietante, Angulo cuenta que se han presentado casos en los que llega la Fuerza Pública al territorio y es expulsada “por instrucción de estos grupos armados”. Los investigadores dicen que esta reticencia se debe a varios factores: la erradicación forzada se ve como una estrategia disruptiva, puede haber retaliaciones por parte de los grupos armados y no hay confianza en las instituciones. Además, expresan que la situación que hoy alerta al país es una evidencia del panorama de inseguridad y violencia que se ha gestado históricamente en este municipio caucano, en especial durante los últimos cuatro años.
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De acuerdo con el secretario de Gobierno departamental, hace más de una semana los concejales pusieron en conocimiento de las autoridades estas amenazas y la Unidad Nacional de Protección estaba en el caso. “No sabemos cuál fue el detonante de su salida, pero se están adelantando las investigaciones, también -en articulación con todas las autoridades- buscaremos estrategias para atender la situación”, afirma. Líderes sociales y habitantes de Argelia le manifestaron a este medio que prefieren no hablar sobre el tema porque al hacerlo ponen sus vidas en riesgo. En Argelia reina el miedo y el silencio. Los concejales, líderes sociales, miembros de las organizaciones sociales y campesinos siguen a merced de los grupos armados ilegales y a la espera de una respuesta efectiva del Estado.