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Con un sistema de salud deficiente, problemas estructurales históricos de mala administración e incluso casos de corrupción, en medio de la crisis por la propagación del coronavirus, parecía que al Chocó no le cabía un mal más. Aún así el pasado 18 de abril la Secretaría de Salud de la región tuvo que ordenar el cierre parcial y temporal del único hospital de segundo nivel del departamento: el San Francisco de Asís, de Quibdó. La determinación se tomó luego de que cinco funcionarios del hospital fueran diagnosticados con COVID-19. Con nueve casos confirmados en el departamento, según el último informe del Instituto Nacional de Salud, la pandemia reflejó la precaria administración del sistema de salud para atender a más de 544.000 personas que viven en Chocó.
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“En la Nueva ESE Hospital San Francisco de Asís solo se atenderán urgencias vitales de las especialidades de ginecobstetricia y cirugía general. Las urgencias del resto de especialidades deberán ser atendidas a través de la red prestadora de servicios de cada EPS”, informó Carlos Tirso, secretario de Salud departamental. Sin embargo, las dudas sobre quién quedará a cargo de los posibles casos que requieran asistencia médica por coronavirus permanecen en el aire.
“El cierre tiene unas implicaciones serias en términos de la respuesta para esa situación aguda que representa el COVID-19”, dijo Diego Lucumí, médico, salubristra público y profesor de la Universidad de los Andes que desde hace siete años le ha hecho seguimiento al tema en Quibdó. El problema, considera el experto, es que hasta el momento no hay un plan claro frente a cómo el hospital atenderá las necesidades de la población. “Las posibilidades de red en el Chocó son bastantes limitadas y la mayoría de las EPS tienen contratos con el hospital. Hay unos servicios privados, pero obviamente se van a ver copados; entonces es poco realista que la Secretaría de Salud piense que se va a poder montar una red con los problemas que hay en oferta de servicios de salud”, agregó.
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La misma inquietud la planteó Carlos Hernando Libreros, médico pediatra del San Francisco de Asís, quien explicó que los centros de salud no tienen la infraestructura necesaria para atender la crisis sanitaria: “Cerrado el hospital, ojalá no se vaya a presentar un caso severo por coronavirus. Otros lugares de atención, como el hospital de primer nivel, están cerrados prácticamente por huelga; a los trabajadores no les han pagado. Hay clínicas privadas, pero no tienen las especificaciones para atender pacientes con COVID-19”.
Un panorama al que además hay que agregarle la demora en los pagos en el Hospital San Francisco de Asís. “Pagaron dos meses y quedan pendientes por lo menos dos pagos atrasados. El problema de estos hospitales es que se hace la facturación, se atiende a la gente, pero el pago por parte de las EPS no es el adecuado”, dijo Libreros.
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Esto sin contar con que en lo que va del año el Hospital San Francisco de Asís ha tenido tres gerencias diferentes. El 7 de febrero, un mes antes de la llegada del COVID-19 al país, la Procuraduría General abrió una investigación disciplinaria y suspendió provisionalmente por tres meses a Carlos Enrique Palacios Perea, gerente del hospital, por presunta omisión en el ejercicio de sus funciones “que podría haber conllevado a una deficiente prestación en los servicios de salud”. El ente de control evidenció deficiencias en la infraestructura, mobiliarios en mal estado, medicamentos e insumos vencidos y hasta presencia de roedores en las instalaciones.
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Haciendo cuentas largas, el hospital viene presentando síntomas de crisis desde hace por lo menos 25 años. Alí Gómez, quien trabajó durante más de una década en la parte asistencial del San Francisco de Asís como odontólogo, explicó que todo comenzó a raíz de la ley 100 de 1993. “A finales de los años 90 los pagos de la nómina podían llegar a demorarse hasta un año. Se hacían ollas comunitarias en el hospital, porque los médicos no tenían con qué comer ni cómo pagar la matrícula de sus hijos”, recuerda Gómez, quien agregó que el departamento jamás pudo adaptarse a un esquema de competitividad en la oferta de servicios.
Esta situación, sumada al sinnúmero de denuncias por corrupción y a la inminente crisis en la prestación del servicio, obligó a que el Gobierno Nacional ordenara, en 2007, la intervención forzosa administrativa del sector en el departamento. “En 2008 la salud fue cedida al poder de la extinta Caprecom. Durante los primeros tres años tuvimos cómo hacer las cirugías y no nos faltaba nada; sin embargo, el hospital entró nuevamente en crisis”. Gómez dijo que con el tiempo se incumplieron las cláusulas de reinversión en infraestructura y capacidad instalada. De hecho en 2014 la Defensoría del Pueblo solicitó el acompañamiento de la Corte Constitucional debido a la falta de medicamentos, las fallas en la protección, custodia y archivo de historias clínicas, y el incumplimiento en el pago de nómina para los trabajadores del San Francisco de Asís.
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En enero de 2015, los magistrados de la Sala Especial de Seguimiento realizaron una inspección judicial al hospital. Las imágenes obtenidas por la Corte mostraban techos en mal estado, camas llenas de óxido, “incluso se evidenció la situación de una persona recién operada que estaba acostada en una cama y cubierta con un toldillo para que no se le cayera el techo encima”, se lee en el auto emitido por el alto tribunal. A pesar de que el hospital contaba con equipos nuevos, no había urólogos, anestesiólogos ni médicos internistas.En septiembre de 2015, la Corte explicó que a pesar de la intervención forzosa por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, que se extendió por ocho años a través de 18 diferentes interventores, no se presentaron mejoras sustanciales en el servicio. “Es más, se denunció que la administración del Hospital San Francisco de Asís por parte de la EPS Caprecom, durante siete años, había profundizado los problemas económicos y administrativos de la ESE y generado una acreencia multimillonaria a favor del centro médico”, se lee en el auto 413 de 2015. En ese año el Gobierno Nacional ordenó la liquidación de Caprecom; sin embargo, esto no significó el fin de los problemas para la ESE.
Gómez explicó que la intervención del hospital llegó hasta 2016 con una deuda aproximada de $37.000’000.000, lo que finalmente derivó en su liquidación. “En 2017 el Gobierno Nacional auspició la creación de la Nueva ESE Hospital San Francisco de Asís, con la medida excepcional de saneamiento y un aporte de capital de trabajo de $12.000’000.000, que tenía como destinación el pago de salarios de los primeros meses de entrada en funcionamiento”.
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Sin embargo, a pesar de la inyección de recursos y el saneamiento de la deuda del hospital, la crisis del coronavirus los cogió con más cosas en contra que a favor. “Como en muchas partes del país, la salud termina siendo la caja menor o el espacio para pagar favores políticos y no necesariamente el campo para hacer un ejercicio técnico que responda a las necesidades del sector”, puntualizó Diego Lucumí.