Los reclamos de Petita Albarracín, mamá de joven violada en colegio de Ecuador

La Comisión sometió el caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 7 de febrero de 2019. / Centro de Derechos Reproductivos

En febrero pasado, el caso de Paola Guzmán Albarracín sentó un precedente histórico al convertirse en el primero de violencia sexual en un colegio en llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

La historia data de hace 19 años, cuando Paola tenía 14 años y empezó a ser acosada por Bolívar Espín Zurita, de 65 años, vicerrector del colegio público Guayaquil Miguel Martínez Serrano, en Ecuador. El hombre le ofreció ayuda en dos asignaturas que se le dificultaban y aprovechó su posición de poder para abusar sexualmente de la joven. (En contexto: Paola Guzmán, el primer caso de violencia sexual en un colegio que llega a la Corte IDH)

Después de dos años de abusos, el 12 de diciembre de 2002, Paola se despidió de su madre. Se subió a un bus para ir al colegio y le contó a sus amigas de clase que había ingerido fósforo blanco para acabar con su vida.

Paola llegó al colegio y, aunque sus amigas la llevaron a la enfermería, no recibió la asistencia médica necesaria.  Incluso fueron sus compañeras de clase las que tuvieron que dar aviso de la situación a su madre, quien la llevó al hospital donde horas después falleció.

Su madre descubrió los abusos de los que era víctima su hija después de su muerte y llevó el caso a la justicia ecuatoriana, sin obtener respuesta. Ante esto, Petita Albarracín acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que concluyó que la niña fue víctima de violencia sexual por parte del vicerrector y del médico del colegio, ambos funcionarios públicos. Además, el organismo concluyó que existió un nexo causal directo entre la situación que ella vivía en el colegio y su decisión de quitarse la vida.

Asimismo, la comisión determinó que los responsables del colegio no tomaron las medidas necesarias para atender la situación de gravedad y urgencia en que se encontraba Paola Guzmán Albarracín el 12 de diciembre de 2002, después de ingerir los “diablillos” de fósforo blanco que ocasionaron su muerte. En consecuencia, la CIDH recomendó al Estado ecuatoriano adoptar medidas de no repetición, pero éste incumplió y por eso el caso pasó a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 7 de febrero de 2019, que sí puede imponer una condena de responsabilidad internacional. 

El Espectador habló con Pepita Albarracín, madre de Paola, para conocer cómo va el caso de su hija y cuáles son sus peticiones a la justicia.

¿Cómo conoció los abusos de los que fue víctima su hija?

Prácticamente me entero es por una periodista. En medio del dolor, me llama una señora a decirme que mi hija sufrió abusos sexuales por parte del vicerrector de la institución. Después de eso, sus amigas del colegio me dicen lo mismo y agregan que mi niña estaba embarazada del señor.

¿Las autoridades confirmaron que Paola sí estaba embarazada?

Las autoridades no me dieron suficiente ayuda y manipularon la información médica. Cuando ya hicieron la autopsia, todos esos órganos lo mandan a otros doctores. La sangre fue manipulada. El doctor que hizo la prueba dijo que el útero fue alterado. El médico también me dijo lo mismo, manipularon todo para que nadie se diera cuenta.

Las amigas más íntimas de mi niña sí vieron una prueba de embarazo que dio positiva. Los administrativos del colegio le dijeron a Paola que debía abortar.

¿Quién sería el responsable de realizar el aborto y en qué lugar?

El mismo colegio. El médico le dijo que le hacía el aborto si tenía relaciones sexuales con él. Por eso, nadie la atendía ese día. No le dieron los primeros auxilios. Querían que mi hija se muriera.

¿Quiénes sabían sobre los abusos de los que Paola era víctima?

Todos. El rector, el médico y la directora general sabían eso y no hicieron nada. El médico también quiso abusar de mi hija y la directora  sabía todo y no quería que nadie se enterara. Después del caso de Paola se conocieron los casos de varias alumnas que fueron abusadas.

¿Qué cambios sintió en Paola?

 Era una niña alegre, pegada a la familia, con sus primos, pero lamentablemente la sentía alejada de todo. Para octubre sentía que algo no estaba bien con ella. No jugaba con sus primos. Se iba para el fondo de la casa. Y yo le preguntaba que qué le pasaba y ella decía "nada, mamita".

¿Qué recuerda del 12 de diciembre de 2002?

Ella salió, cogió el bus y después una amiga me llamó y me dijo que había ingerido fósforo blanco. Me enteré fue por medio de las compañeras porque el colegio no me llamó. Corrí y la llevé directamente al hospital y yo le dije: "¿Por qué lo hiciste?" y ella me decía: “Mamá, no me pasa nada, perdóname, perdóname". Ella no dijo nada y se lo llevó a la tumba.

Llegué a la clínica y me dijeron "lamentablemente su hija se va porque ingirió eso". Pensamos llevarla a una clínica privada. Lamentablemente tampoco fue así, porque murió al siguiente día.

¿Por qué cree que su hija nunca le dijo sobre los abusos?

Ella estuvo amenazada, porque era imposible que ella no me contara nada. Ella como era niña le tenía respeto, pero él abusó de la confianza de ella. Fue manipulada por él. Nunca se supo nada. Yo digo que ese tipo de personas que violan y acosan amenazan con cosas como "mato a tu hermana o madre si llegas a decir algo".

¿Qué sucedió con el caso de Paola?

Aquí no hay leyes para gente corrupta. A él le revocaron la libreta, pero ya estará dando clases, ¡quién sabe!

¿Qué piden?

Justicia. Que paguen los responsables por lo que sucedió con mi niña. Que caigan todos los cómplices, el rector, el médico y la directora general, porque todos sabían y no hicieron nada para pararlo.

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El Espectador también habló con Lita Martínez, encargada del Centro Ecuatoriano para la promoción y acción de la mujer (Cepam), en Guayaquil.

¿Cuándo conocieron el caso de Paola?

Desde 2005 conocimos el caso. Empezamos a armar y recuperar todas las evidencias para poder tener los argumentos y pruebas y llevarlas al Estado. Cabe resaltar que este no es el único caso que el Ecuador tiene, otra cosa es que es el único en el ámbito sexual y que tuvo un agravante: el suicidio.

¿Qué información recolectaron en el caso?

Empezamos el proceso y encontramos las agresiones sexuales contra Paola y también que este no había sido el único caso. Hubo, por lo menos, tres casos identificados de menores que pusieron denuncias. También se hizo una encuesta en la institución y 68 señoritas dicen que estaban seguras de que el vicerrector podía estar acosando a Paola, y 43 afirmaban que conocían que el vicerrector estaba presionándola.

Y aun cuando hubo toda esta información no se hizo nada. 

¿Qué pasó con el caso de Paola?

En lo penal hubo una boleta de detención, pero no se pudo ejecutar porque el acusado estuvo prófugo y el caso se cerró en lo penal en 2008. Prescribió por eso. En la parte civil hubo una responsabilidad por daño moral ( $25 mil dólares), pero como no se le pudo ubicar al vicerrector, entonces no había a quién aplicar la sanción. Y en lo administrativo, lo separaron del cargo pero no por el caso sino por abandono del mismo.

¿Cuándo llevaron el caso de Paola a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)?

El caso se pone en conocimiento desde 2006. Ahí inicia todo el proceso en la CIDH. Básicamente ellos identifican con toda claridad el nexo causal entre la muerte de Paola y la violencia sexual que vivió en el colegio.

También se comprobó la presencia muy clara de elementos de discriminación y de estereotipos de géneros muy marcados. Se quiso minimizar como si fuera un caso de romance, cuando es una clara violación de los derechos humanos. Todo esto hizo que la Comisión la califique y lo admita a trámite de la Corte IDH, por no haber tomado todas las medidas para prevenir que se cometa un delito de este tipo y resarcir en lo más mínimo la vida de Paola y Pepita.

En este caso hubo una manipulación y se propinó evidencia para determinar que fue una cosa juzgada fraudulenta.

Después de la sentencia, el caso pasa a la Corte y existe la posibilidad de que se exija en la sentencia el cumplimiento obligatorio de las recomendaciones realizadas al Estado.

El Estado no puede decir que no va a cumplir luego de la sentencia, pues hay una etapa de implementación. También esto ayudaría a que la sentencia diga debe garantizarse, protegerse y tomar las medidas de prevención en estos casos.

Si bien es cierto que es un caso emblemático, también lo es que es un caso del cual se pueden valer otros Estados para exigir cambiar la legislación.

¿Cuánto puede demorar la Corte IDH en pronunciarse?

Tiene 24 meses. Todo es un proceso, pero tenemos entendido de que en unos ocho meses habrá la primera audiencia. Ahí presentaremos todos los alegatos y la Corte tendrá el tiempo para pronunciarse.

¿Desde el 2005 cambió el sistema en Ecuador?

Aún ahora, después de 17 años de la partida de Paola, nada ha cambiado. El sistema educativo contra las niñas es el mismo. La realidad es latente y no ha cambiado. El caso de Paola le obligará al Estado a revisar política pública, normativa, protocolo de intervención en los colegios. Esta es la hora y aún se desconoce el paradero de Bolívar Espín Zurita.

El caso de Paola Guzmán Albarracín le permitirá a la Corte “ampliar su jurisprudencia respecto a los derechos a la educación y a la salud, en cuanto a los contenidos del artículo 26 de la Convención Americana y 13 del Protocolo de San Salvador, todo a la luz del principio de igualdad y no discriminación y con un enfoque de género. Asimismo, el presente caso permitiría a la Corte desarrollar su jurisprudencia sobre el deber de investigar actos como los ocurridos en el presente caso, incluyendo violencia y acoso sexual en el ámbito escolar, y podrá fortalecer su jurisprudencia respecto a estereotipos de género y sus implicaciones en el ámbito judicial”, indicó la Comisión en la solicitud.