La inclusión y lo socioambiental: relatos y reflexiones en el contexto del paro nacional

Gustavo Torrijos

Muchos de los puntos planteados dentro del paro: fracking, consultas populares, protección de ecosistemas estratégicos, etc. tienen referentes locales, con trascendencia nacional e internacional, evidenciando una realidad más compleja, asociada en parte a la visión de “desarrollo” del país.  Una visión que tiende a excluir la diversidad territorial, donde existen multiplicidad de actores, intereses y visiones, construidas a través de formas diversas de relacionamiento con el territorio  

Una reflexión a partir de las realidades locales es que se requiere “generar procesos” contextuales para llegar a estados deseados. Es decir, una visión de largo plazo, que implica pensar más allá de puntos a cumplir en una agenda, pues se puede invisibilizar la necesidad de pensar estrategias más estructurales. Un claro ejemplo es la política antidrogas, muchos años de fracasos a causa de una política no integral, no contextual, y de corto plazo, basada en reducir indicadores (en su momento logró reducir el área de cultivos de coca), termina siendo inefectiva y por ello volvemos a altos niveles de cultivo de uso ilícito en la actualidad (a pesar que coyunturalmente las fumigaciones son “efectivas”, no lo son de forma estructural y adicionalmente genera altos costos socio-ambientales) 

Como lo trata de evidenciar Piketty en su último libro (capital e ideología): “los grandes cambios históricos son el resultado de la confluencia de acontecimientos y movilizaciones de corto plazo y trasformaciones políticas e ideológicas de largo plazo”, esta frase puede ser una buena síntesis de cómo entender las iniciativas propuestas desde lo ambiental en el paro Nacional. Adicional a la idea de proceso de largo plazo, se requieren salidas fundamentales de corto plazo como las movilizaciones que se han dado. La siguiente tarea es la “integración” de las iniciativas expuestas en el paro, pues las temáticas ambientales propuestas están complemente ligadas a lo económico y a las condiciones de desigualdad y exclusión del país, no se puede pensar solo en una “economía verde” pero excluyente y con grandes asimetrías como las existentes.

Colombia es uno de los países más desiguales, con mayor número de conflictos ambientales, que afectan servicios ecosistémicos fundamentales, algunos de ellos asociados a actores que no logran ser parte de procesos incluyentes en la gestión del territorio y terminan siendo muchas veces el centro del conflicto ambiental (Hidroituango, Cerrejón, Anglogold etc), adicionalmente presenta uno de los mayores niveles de desplazamiento forzado y número de líderes sociales y ambientales asesinados.   Una realidad de la cual la sociedad colombiana es cada vez más consciente y por ello la exigencia por cambios estructurales al respecto (no solamente se trata de pedir mayor protección para los líderes sociales y ambientales para frenar los asesinatos). 

Otro factor a tener en cuenta es la limitada participación de los ciudadanos en las cuestiones económicas y financieras que con frecuencia se han ido dejando en manos de otros.  Por ello no solo es fundamental conocer la temática ambiental, sino las cuestiones económicas y políticas de fondo, esto para no caer en una agenda de producción con un apellido “verde”, pero sin mayores cambios de fondo en lo económico, lo social y lo político que permitan una verdadera sustentabilidad. Hablar de una economía verde en Colombia (producir conservando – conservar produciendo) sin temas de inclusión y justicia ambiental, básicamente no es posible, la llamada crisis ambiental está ligada a la crisis social.  De allí que se visualiza el paro nacional no como un fin en sí mismo, sino como el inicio de un proceso de construcción social de largo plazo, que no tiene precedentes.

* Profesor Escuela de Economía / Universidad Nacional de Colombia / Coordinador grupo de investigación economía, ambiente y alternativas al desarrollo (GEAAD) - FCE.

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