La lucha de los trabajadores de Indupalma, un conflicto de vieja data

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Foto: Bloomberg - Alejandra Parra/Bloomberg News

La situación que viven los trabajadores de la Industrial Agraria La Palma Limitada, Indupalma, en el municipio de San Alberto, Cesar, atraviesa una profunda crisis. Este gigante aceitero, una de las empresas más importantes del departamento, afronta los reclamos de quienes por años han estado trabajando en sus plantaciones bajo condiciones que ya fueron declaradas ilegales por el ministerio del Trabajo. Hoy, un nuevo capítulo entre Indupalma y su sindicato está abierto.

Para Neil Bolaño, quien hasta hace unos meses estuvo al frente de la organización sindical de la empresa (Sintraproacites, seccional San Alberto), el origen de esta nueva confrontación puede rastrearse en 2016. En septiembre de ese año, el ministerio del Trabajo, en cabeza de Clara López, sancionó a Indupalma por tercerización laboral debido al modelo que esta empresa implementa desde hace más de 20 años, denominado Cooperativas de Trabajo Asociado.

En ese momento, la compañía apeló esa decisión y logró revocarla, argumentando que no es ilegal contratar cooperativas que desarrollen labores para la empresa y que lejos de vulnerar derechos de sus trabajadores, “la empresa le apuesta a una visión social del capital mediante programas de valor compartido, generando un desarrollo social en el campo”.

Sin embargo, el ministerio del Trabajo volvió a pronunciarse en octubre de 2017 y dejó en firme la sanción a Indupalma por un valor de más de $2.900 millones, estableciendo que su modelo de contratación por cooperativas sí era ilegal.

Desde entonces, la situación entre la productora de aceite y sus empleados se agudizó. Entre los meses de enero y febrero de 2018, alrededor de 1100 trabajadores que hacen parte de las cooperativas de trabajo se declararon en huelga para pedir contratación directa a Indupalma. Según afirma Arturo Rincón, quien actualmente está al frente del sindicato directo de Indupalma, lo que se está viviendo es “un pulso entre la compañía y la organización sindical”. Terminación de contratos, atrasos en los pagos, en las cuotas sindicales, en la entrega de dotación, en auxilios económicos y viáticos, son algunos de los incumplimientos de la empresa con sus trabajadores.

Ejemplo de ello, es el despido de 22 trabajadores el pasado 14 de julio. El reintegro de ellos es una de las principales peticiones que hoy el sindicato hace a la empresa. Ante las continuas vulneraciones de Indupalma hacia sus empleados, el pasado 22 de agosto desde el sindicato realizaron un plantón frente a las oficinas de la corporacipon en Bogotá, sin obtener respuestas concretas a su llamado. Sobre estas denuncias, El Espectador trató de contactar, por distintas vías, al gerente general de la compañía, Carlos Andrés Madrigal, quien no expresó respuesta alguna. Sin embargo, en las comunicaciones que Indupalma ha emitido explicando tanto el despido de los trabajadores como los atrasos en los pagos, ha argumentado una situación de crisis financiera y de producción que los ha llevado involuntariamente a estos incumplimientos.

Esa crisis es discutida por el sindicato, quienes afirman que es provocada y que la baja en la producción obedece a una decisión deliberada de detener la cosecha. Más allá de que esa crisis sea verídica o no, lo cierto es que este es un conflicto que tiene raíces profundas.

Los trabajadores de esta empresa productora de aceite hace años que vienen reivindicando sus derechos laborales frente a la compañía más grande de la región. Pero esa no ha sido la única batalla que la historia de esta comunidad tiene para contar. Son víctimas, además, de la violencia paramilitar que azotó el sur del Cesar en la década de los 90.

Los orígenes de la palma aceitera en San Alberto

San Alberto creció con la palma. En 1961, cuando Indupalma llegó a la región, este municipio era apenas un cruce de caminos. Paso obligado para quienes comerciaban ganado y productos agrícolas entre Bucaramanga y la costa. El gigante aceitero empezó a llamar la atención de los pobladores de las regiones cercanas y el pueblo empezó a crecer.

Sin embargo, según testimonios de los pobladores de la región y trabajadores de la empresa, la llegada de Indupalma al sur del Cesar estuvo relacionada con adquisiciones de tierra de manera irregular. Según testimonios recogidos por la Fundación de Víctimas del sur del Cesar, Fundesvic, los colonos que estaban asentados en esas tierras fueron presionados para que vendieran sus terrenos a precios irrisorios. A otros los convencieron para que aceptaran como parte de pago por sus tierras trabajar en la empresa y así perdieron su condición de propietarios. Incluso, aprovechando la superstición de los pobladores, algunos fueron desalojados valiéndose de mitos y leyendas.

Según cuenta Rincón, “prueba de esas apropiaciones ilegítimas de tierra que la empresa hizo en su momento, es que, en la actualidad, de las 10.000 hectáreas que tiene sembradas en palma, no tiene título de propiedad sobre todas ellas”.

Durante la década del 60, Indupalma fue extendiendo sus cultivos en esta región, pero a la par fueron creciendo los conflictos laborales. El principal de ellos asociado con la subcontratación de trabajadores. “La empresa como tal no tenía trabajadores directos, o tenía muy pocos. Le daban el contrato a una persona y ella contrataba un número de trabajadores que realizaba esas labores”, cuenta Rincón.

Fue en 1977 cuando los trabajadores de la palma iniciaron su lucha. Para ese año, ya los trabajadores contaban con una organización sindical sólida y presentaron sus reclamos a los dirigentes de la empresa. El M-19, en una acción política para respaldar a los trabajadores, secuestró en Bogotá al gerente general de Indupalma, Hugo Ferreira Neira, y el país volteó a mirar lo que sucedía en ese municipio palmicultor del Cesar.

Como resultado de esa protesta, lograron que Indupalma contratara de manera directa a alrededor de 1700 trabajadores y los tuviera en mejores condiciones. Sin embargo, desde ese momento y apoyados en el secuestro de Ferreira Neira, las directivas de Indupalma iniciaron con la estrategia que sostendrían por décadas: señalaron al movimiento de los trabajadores como subversivo y afirmaron que tenía nexos claros con la guerrilla.

A pesar de ello, durante la década de los 80’, los trabajadores gozaron de relativamente buenas condiciones. Sin embargo, finalizando esta década, la violencia paramilitar apareció en la región y arremetió contra el movimiento sindical. Desde ese momento y durante toda la década de los 90, las Autodefensas Campesinas del Sur del Cesar, o frente Héctor Julio Peinado, como se les conoció después en su desmovilización de 2006, al mando de alias “Juancho Prada”, fueron responsables de desplazamientos, desapariciones forzadas y asesinatos contra la población de San Alberto.

Según los reportes que maneja la Fundación de Víctimas del sur del Cesar, Fundesvic, cerca de 100 trabajadores asociados a la organización sindical fueron asesinados y entre ellos seis presidentes de Sintraproaceites. Fiel reflejo de la oleada de violencia que azotó al movimiento de los trabajadores es que el sindicato de Indupalma, que en 1988 estaba compuesto por cerca de 1400 trabajadores, llegó a contar con solo 170 en 2002.

De forma paralela, con la apertura económica que inició el gobierno de Cesar Gaviria, el sector palmicultor se vio golpeado de manera considerable y, en medio de la crisis, los más afectados fueron sus trabajadores. En 1993 Indupalma despidió 262 empleados y desconoció las conquistas que ya había logrado el movimiento sindical. Fue entonces, en medio de la debilidad del movimiento sindical, cuando la empresa inició con el modelo por el cual fue sancionada en 2016.

Es por eso que Arturo Rincón ha reseñado la situación entre Indupalma y su sindicato como cíclica. Pese a ello, afirman que esta vez la situación es una “olla de presión” al borde del colapso. Entre tanto, las vulneraciones a los derechos de los trabajadores continúan y los choques entre el sindicato y la corporación se vuelven más críticos.