A pocas personas les ha sido encomendada la tarea, crucial, de tener que dar cuenta de lo que ha sido la guerra y la violencia de los últimos 30 años en Colombia. El historiador Gonzalo Sánchez, tan discreto en su papel de director del Grupo de Memoria Histórica, es sin duda una de esas personas llamadas a reconstruir, junto con un equipo interdisciplinario y desde el campo de la memoria, el heterogéneo panorama nacional de víctimas, victimarios, tipos de violencia y no pocos casos de resistencia.
En esta entrevista, además de explicar en qué consisten los informes que serán divulgados en la Semana por la Memoria, entre el 15 de noviembre y el 6 de diciembre, el profesor Sánchez se le mide a un primer balance de lo hecho hasta la fecha por el grupo.
El miércoles arranca la IV la Semana por la Memoria. ¿Qué novedades tiene con respecto a las anteriores, en las que se dieron a conocer los informes sobre masacres como las de Trujillo, El Salado, La Rochela, Bojayá y Bahía Portete?
En esta oportunidad abordamos las masacres de Segovia y Remedios (Antioquia) ocurridas entre 1982 y 1997, pero también la violencia de género en la Región Caribe y el desplazamiento forzado en los casos de San Carlos (Antioquia) y la Comuna 13 en Medellín. Son modalidades que generalmente quedan a la sombra o no tienen la misma visibilidad, ni mediática ni social, que otros tipos de violencia. También quisimos destacar, al lado de los horrores de la guerra, una sociedad activa frente al conflicto y a los actores de la guerra, y en esa dirección trabajamos uno de los casos más notables por su coherencia y duración: el de la resistencia de los campesinos de La India (Santander).
¿De qué sirve hacer una Semana por la Memoria?
Normalmente se tiene una idea vaga del conflicto armado y de los padecimientos de las comunidades. Por ello el gran sentido de esta temporada es contribuir tanto a la sensibilización como al conocimiento de lo que sucede. Que la gente comprenda que el tema de la violación de los DD.HH. le compete o interpela a toda la sociedad, y no sólo a las víctimas.
¿Cuál ha sido la participación de esas víctimas en los informes?
Esencial, porque nuestro trabajo es de memoria y reconstruye, además de los contextos, la perspectiva y los daños de quienes han padecido la violencia. Para la legitimidad de un trabajo de memoria del conflicto es determinante que las víctimas se sientan reconocidas en el proceso y en el producto. Lo que hemos hecho en cada caso es buscar, primero, el contacto directo con las víctimas y sus organizaciones, a fin de obtener su consentimiento; segundo, establecer acuerdos mínimos de participación de ellas en el proceso, y, tercero, explicarles los límites de nuestro trabajo, lo que no podemos hacer u ofrecer, disociando por ejemplo los procesos de esclarecimiento de los de reparación y de justicia, aunque la memoria tenga una importante función en los dos aspectos.
¿Qué balance se puede hacer de los informes publicados y de la apropiación de la información por parte de las comunidades y de las instituciones?
Han generado procesos diferenciados. Pero, en general, las comunidades se apropian de los informes y de las recomendaciones y las convierten en una herramienta para exigir reparaciones, para gestionar apoyos, incluso con el sector privado, y para reclamar justicia. Un efecto de los informes ha sido la reactivación de procesos judiciales, como en los casos de Trujillo, El Salado y Bahía Portete. Se podría afirmar que se ha generado una rica y productiva complementariedad entre memoria y verdad judicial, a pesar de sus diferencias.
¿Por qué abordar casos de género de forma independiente?
El Grupo de Memoria Histórica se ha propuesto abordar la violencia desde un enfoque diferencial para develar, a nivel poblacional, las lógicas, los sentidos y los impactos del conflicto sobre las comunidades. Es una óptica que apunta a contribuir a la adecuada formulación de las políticas de reparación para el universo heterogéneo de las víctimas. Ahora bien, abordar la violencia de género contra las mujeres parte del reconocimiento de las enormes dimensiones de la afectación, que en el caso de la Costa Norte, constatamos, tiene un carácter sistemático, muy asociado a la visión de orden social paramilitar. Es una investigación que continúa en el sur del país, en un contexto de hegemonía guerrillera.
Ya van 13 informes temáticos y de casos publicados por Memoria Histórica. ¿Qué balance se puede hacer?
Al momento de comenzar nuestro trabajo existía una desconfianza general sobre la posibilidad de construir memoria en medio del conflicto. Sin embargo, lo que nos sorprendió a nosotros mismos fue descubrir que había ya, por el contrario, una movilización social por la memoria desde las regiones, desde las periferias, que estaba en búsqueda de reconocimiento en el centro y de parte de las instituciones. Era una movilización por la memoria, pero con un enorme déficit de institucionalidad para responder a esa demanda social. Hoy estamos en la transición hacia un escenario diferente. Con la Ley de Víctimas y la nueva institucionalidad se ha dado un paso enorme al reconocimiento de ese proceso social preexistente. El reto que se plantea hoy es cómo manejar ese reconocimiento y cómo preservar la autonomía frente a los riesgos y las tentaciones de una estatalización de la memoria.
¿Han observado diferencias regionales importantes?
Una constatación mayor que deja nuestro trabajo es que las diferencias regionales en los procesos de memoria son notables. Hay casos en los cuales la violencia desata formas casi inmediatas de resistencia social o comunitaria; es la experiencia de Trujillo y de la vereda La India, en Cimitarra (Santander). Hay otros en los cuales la violencia pulveriza todas las formas organizativas preexistentes y las comunidades requieren tiempo y mucho acompañamiento externo para la recomposición; es la situación de El Salado, San Carlos, Segovia y Remedios. Hay otros en los que la comunidad ha estado acompañada antes, durante y después del evento de violencia masiva. Al respecto es paradigmático el apoyo de la Diócesis de Quibdó a los afrodescendientes de Bojayá en el caso de la masacre de las Farc.
¿Para qué le sirve la memoria histórica al país?
Colombia es un país de millones de víctimas. La memoria es una forma de reconocerlas. Forma parte de un deber del Estado. Así mismo cumple una función de reparación en el ámbito simbólico. La memoria es, si se quiere, también una forma de justicia, como lo ha planteado el filósofo español Reyes Mate, si bien no sustituye a los procesos judiciales. Pero, por sobre todo, la memoria es una plataforma desde la cual se formulan reclamos de diverso orden. La memoria es hoy en Colombia una forma de inclusión y de participación.
¿Cuál es la agenda pendiente del Grupo de Memoria Histórica?
Cada uno de los informes de caso que han sido entregados, si bien documenta un contexto específico, alude a su vez a dinámicas similares en otras zonas del país. Es lo que hemos denominado casos emblemáticos. Actualmente, en esta línea se vienen desarrollando investigaciones sobre la Guardia Indígena del Cauca como experiencia de resistencia civil, la violencia de género en el Putumayo y el Cauca, el desplazamiento forzado a nivel nacional, la masacre de La Chinita en el Urabá antioqueño y un análisis de las voces, los discursos de legitimación y los silencios de los victimarios en las versiones libres. Esta estrategia investigativa ha ido alimentando, de manera paralela, un informe general sobre la dinámica del conflicto que trabajamos continuamente desde que hicimos el primero. También hay otros proyectos como el de desaparición forzada y secuestro.
¿Qué lagunas grandes quedan?
Muchas. Realmente tendríamos que hacer una enumeración muy amplia… Hay una demanda social de memoria permanente, acorde con la larga duración y la heterogeneidad de nuestro conflicto. Nos apesadumbra, para mencionar sólo un caso, el vacío existente sobre el Oriente del país. La investigación está en deuda con esa región.
Desplazamiento, eje de discusión
¿Es cierto que ha habido obstáculos en el reconocimiento institucional de otras formas de desplazamiento forzado, como el desplazamiento interurbano? ¿Puede hablarse, en estos casos, de la negación del derecho a la ciudad? Y en el ejemplo concreto de la Comuna 13, ¿qué puede decirse de la juventud y la estigmatización de una población que también ha sido victimizada? Estas y otras inquietudes, que nacen de los casos emblemáticos de San Carlos (Antioquia) y la Comuna 13 de Medellín, serán discutidas este martes 15 de noviembre en la Universidad Nacional con la participación de algunas de las víctimas que protagonizan los informes.
El género en la guerra
¿Qué papeles juegan las mujeres en el conflicto colombiano? ¿Qué se puede decir, por ejemplo, de las otras facetas de la mujer colombiana, ya no como víctima sino como resistente, política y combatiente? ¿Qué imagen, además, tenían de las mujeres y lo femenino los grupos paramilitares que asediaron con su presencia la Costa Caribe?
Estas y otras preguntas serán abordadas el próximo jueves 17 de noviembre, en la Universidad de los Andes, por las investigadoras del grupo de Memoria Histórica y las víctimas encargadas de la elaboración de dos de los informes.