La participación ciudadana imaginada por las Farc

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Educación, trabajo, salud y seguridad social son los elementos en torno a los cuales gravitan las propuestas.

En La Habana (Cuba) avanza el proceso de diálogos entre Farc y Gobierno. Hoy se llegó al tercer día de la décimo tercera ronda de negociación. Antes de ingresar al Palacio de Convenciones, en su acostumbrado discurso, la guerrilla presentó “siete propuestas mínimas de estímulo a la participación política y social en las ciudades”. Una iniciativa que muestra con claridad que la guerrilla ya no piensa en cómo ganar la guerra, sino que está dedicando sus fuerzas a buscar el tono con el que se dispondrán a dar la batalla en la arena política. En estas propuestas, como en la de todos los políticos de oficios, los temas principales son generación de trabajo y mejoramiento de ingresos de la ciudadanía, acceso a salud, educación y reducción de la marginalidad social, entre otros. Pero a su vez, incluyen una serie de ideas innovadoras en materia de participación ciudadana, como la creación de un “fondo de compensación para superar las desigualdades sociales, la pobreza, el hambre y la miseria en las ciudades”.

Las Farc proponen diseñar nuevas estrategias para materializar el goce efectivo de los derechos políticos y sociales de las poblaciones urbanas. “Garantizar el buen vivir de la población implica proveer la infraestructura y las dotaciones correspondientes para hacer efectivos, en términos reales y materiales, derechos de la población tales como la participación política y social, el trabajo, la educación, la salud, la vivienda, la seguridad social, la cultura, la recreación, el deporte, el agua, el medio ambiente sano, el acceso y disfrute de los servicios públicos, la vías, el transporte público, la seguridad ciudadana, entre otros”, se lee en el comunicado. Evidentemente, la guerrilla ha empezado a manejar un nuevo lenguaje. El lenguaje de la institucionalidad, en el cual, sin distinción del color político se habla de estos temas como bandera. Sin embargo, la insurgencia también reafirma sus tesis históricas sobre el cambio social: “La justicia social urbana conlleva el reconocimiento de compensaciones especiales para superar las profundas desigualdades dentro de las ciudades, así como el hambre, la pobreza y la miseria, a través de políticas redistributivas del ingreso y del espacio urbano”.

Para la guerrilla una reforma estructural de la vida social y política de la nación requiere de transformaciones en el espacio urbano. Transformaciones orientadas a rediseñar la vida urbana, en donde “los espacios urbanos deberán concebirse como espacios de garantía y disfrute de los derechos políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales de la población”. Al mismo tiempo, las Farc señalan que se requiere dejar de pensar la ciudad en clave de “la especulación financiera a través del negocio inmobiliario y del endeudamiento de los trabajadores, o de centros de servicios para los flujos del capital transnacional” y proponen para esto un rediseño de los Planes de Ordenamiento Territorial y los Planes Maestros de las ciudades. Y más allá del discurso sobre los derechos y garantías, la insurgencia propone implementar un “programa masivo de formación política y de promoción de la organización ciudadana”, a través de la instauración de cátedras obligatorias en las universidades públicas del nivel nacional, departamental o distrital. A la vez, sostienen que el Estado debe promover y apoyar “la creación y puesta en marcha de organizaciones y asociaciones comunales, de usuarios de servicios, de consumidores, gremiales, de clubes, de juntas de vecinos, de víctimas del sistema financiero y del despojo de la vivienda, de desempleados, de jóvenes y de mujeres, entre otras” y finalmente advierten sobre la necesidad de perfeccionar los mecanismos de participación política como las consultas populares y los referendos.

Pero las propuestas más innovadoras en materia de participación política de la ciudadanía está contenidas en su propuesta número cuatro. En ella la guerrilla sostiene que para garantizar la participación ciudadana en la formulación de las políticas urbanas, se deberán crear “Consejos Urbanos de Participación Social”, los cuales estarán conformados por representantes de los Consejos Locales de Participación, que a su vez serán integrados por representantes de los Consejos Comunales o Barriales de Participación. Estos últimos estarán integrados por representantes de las organizaciones o asociaciones sociales y populares. “Los Consejos, en sus diferentes niveles, cumplirán además funciones de veeduría y control ciudadano sobre la ejecución de los planes de desarrollo y los presupuestos públicos. Las labores comunitarias contarán con la requerida asistencia técnica y material. El propósito principal de los Consejos consiste en crear y promover formas de autogobierno en el respectivo espacio territorial”, explica las Farc. Se trata pues, de crear una nueva institucionalidad urbana, que hasta hoy está compuesta por juntas de acción comunal.

Para la Farc, estas formas de participación ciudadana son estrategias para profundizar la descentralización política y administrativa, dándole relevancia a la vida barrial y de las localidades. “La redefinición de competencias debe orientarse a promover la autogestión y el control de las comunidades en asuntos que afecten de manera directa el buen vivir y sus condiciones de vida, en especial en lo relacionado con los servicios públicos, la seguridad ciudadana, con dotaciones de infraestructura vial y de transporte público, de educación y salud, de espacios de recreación y cultura”, afirma la guerrilla. Otra de las propuestas lanzadas por las Farc desde la mesa de diálogos en La Habana es la creación de un “Fondo de compensación para superar la desigualdad, la pobreza, el hambre y la miseria urbanas” en las ciudades. La propuesta sostiene que este fondo será destinado a los barrios y localidades con mayores índices de pobreza y miseria. La guerrilla propone que el fondo este financiado con el impuesto predial de los estratos cinco y seis, así como por los aportes de los grandes inmuebles comerciales y de un aporte de los contratos públicos para realizar obras de infraestructura.

Finalmente, las Farc explican que dicho fondo se destinará a promover “programas masivos de alimentación para superar la desnutrición y malnutrición infantil y familiar; la generación de empleo e ingresos dignos; programas de reasentamiento urbano para superar la marginalidad y la segregación, incluido el mejoramiento de la calidad de las edificaciones de vivienda; la legalización de predios y barrios, cuando a ello hubiere lugar; la provisión de infraestructura vial, de transporte público, de educación y de salud, de servicios públicos domiciliarios, de conectividad gratuita a internet, de cultura, deporte y recreación; la atención localizada de los derechos a la educación, la salud y la vivienda dignas; la atención a los niños en guarderías y jardines infantiles, y a los adultos mayores y discapacitados en centros especiales, principalmente”. En conclusión, la guerrilla ha empezado a dejar los discursos clásicos de la vida insurgente, para empezar a compenetraste con el lenguaje político propio de la campaña electoral, donde las necesidades de la gente y las deficiencias sociales cobran un lugar relevante a la hora de conseguir el favor de la ciudadanía en las urnas.

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