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En medio del balance agridulce que dejó la movilización de este miércoles en Cali, por cuenta de actos vandálicos contra almacenes de cadena, bancos y el sistema de transporte MIO, la protesta del paro nacional también fue un escenario de manifestación para las comunidades misaks del suroccidente del país que salieron a marchar.
El momento más convulso se registró en horas de la mañana, cuando algunos de los 3.700 indígenas que participaban en la jornada derribaron la estatua de Sebastián de Belalcázar -fundador de Cali-, ubicada al oeste de la ciudad, como una forma de reivindicación de la memoria histórica territorial de este pueblo.
Mercedes Tunubalá, alcaldesa misak del municipio de Silvia (Cauca), explicó que “frente a la respuesta del pueblo misak en Cali, al igual que lo que pasó con la estatua de Sebastián de Belalcázar en Popayán, se busca la reivindicación de los pueblos indígenas, que desde 1942 están luchando por sus derechos. Ellos reclaman la historia y que se cuente la verdad de los pueblos indígenas que han pisoteado desde siempre”.
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Este mismo acto simbólico ya lo habían puesto en marcha el pasado 16 de septiembre de 2020, Día Internacional de la Memoria de los Pueblos Originarios en el Mundo, cuando indígenas del suroccidente derribaron la estatua de Sebastián de Belalcázar, ubicada en el Morro de Tulcán en Popayán.
Se trata de un ejercicio autónomo del pueblo misak, que en la práctica representa un juicio a una figura clave en la historia del despojo indígena. “Es encontrado culpable de delitos de lesa humanidad, el despojamiento de tierras y la violación por más de 80 años en el valle del Pubén. Prácticamente existió una violación masiva por parte de Belalcázar y su ejército. Producto de esas violaciones vemos hoy el mestizaje”, explicó Édgar Velasco, secretario del movimiento Autoridades Indígenas del Suroccidente (AISO).
La manifestación de los misaks fue contenida por unidades del Esmad desplegadas en la zona. Según Danis Rentería, secretario de Paz y Cultura Ciudadana de Cali, luego de eso las comunidades indígenas accedieron a instalar mesas de diálogo en la Universidad del Valle. Sin embargo, otra cosa manifiestan los líderes misaks. “El uso de la fuerza siempre será la respuesta del alcalde Jorge Iván Ospina y del Gobierno Nacional. Una respuesta ante la incapacidad de resolver los problemas sociales que hay aquí en Cali, en el tema de memoria histórica de ciudad, de país y las movilizaciones sociales”, aseguró Pedro Velasco, delegado político del pueblo misak.
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Los indígenas sostienen que lo que preocupa es que la atención se concentre en el tema de la estatua y se eche a un lado la causa que los motivó a protestar: la reforma tributaria. “La reforma nos afecta porque nosotros los trabajadores del campo y los indígenas no solo dependemos de lo que nosotros cultivamos, sino que también de lo que llega del exterior, y en la mayoría de lo de la canasta familiar, donde el 90 % de las comunidades rurales pobres sobreviven, al día, con menos de $2.000”, dijo Velasco.
En igual sentido se pronunció el secretario del AISO, quien insistió en que no es una exigencia solo de los indígenas, “sino de todos los sectores que nos hemos movilizado hoy. Estamos dialogando para que ese paro sea permanente hasta que se retire la reforma, y también buscamos que se implementen los Acuerdos de Paz”.
Mientras la manifestación indígena continuaba, en otros puntos de la ciudad las protestas derivaron en desmanes y en ataques de vándalos que arremetieron contra entidades bancarias, buses y ocasionaron daños en la infraestructura pública. En el Éxito de la Simón Bolívar, por ejemplo, saquearon televisores y electrodomésticos. Sin embargo, otro grupo de protestantes recuperaron la mercancía robada y la devolvió. El alcalde Ospina explicó que de acuerdo con las primeras investigaciones, los delincuentes se dividieron la ciudad en diferentes puntos para atacar. En medio de la jornada una persona falleció y las autoridades intentan esclarecer el hecho.
La Alcaldía decretó toque de queda y ley seca como medida para contener la crisis. “La movilización tiene respaldo constitucional, respeto ese derecho y reconozco que la mayoría de quienes participaron en la marcha fueron personas responsables y trabajadoras que simplemente se pronunciaron al no compartir gestiones o políticas del Gobierno Nacional o territorial, pero no reconozco a quienes de manera premeditada y criminal vandalizaron Cali. No podemos dejar la ciudad a quienes agreden la vida y la dignidad humana”, sostuvo Ospina.