A pesar de la riqueza, pobreza es del 85%

La realidad de la explotación del oro en el nordeste antioqueño

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La multinacional Gran Colombia Gold invitó a El Espectador a esa región para mostrar el proceso de formalización de mineros artesanales. Hay avances, pero la comunidad considera que los contratos son injustos.

Con toda la riqueza que hay bajo el suelo de los municipios de Segovia y Remedios (Antioquia), se podría acabar la pobreza de la región. Con esa certeza lo dice Didier Osorio, alcalde de Segovia, quien lleva toda su vida trabajando en temas auríferos. El suelo de las montañas del nordeste del departamento está cubierto de oro, el mineral más preciado del mundo. Según la alcaldía de Segovia, en este municipio se produce casi el 7 % del oro de todo el país y el 39,4 % del nordeste antioqueño.

Y esos porcentajes no han variado mucho. El secretario de Minas del municipio, Fernando Gómez, cuenta que fue desde allí donde salió gran parte de la riqueza para la independencia de Colombia: “La minería en esta zona data de 1560, cuando llegaron los primeros exploradores españoles a Remedios. Luego, en 1880, nace Segovia, por la misma vocación”.

El desarrollo de ambos municipios se dio de la mano del metal en el siglo XVI y, luego, en la explotación; los colonos trajeron esclavos de varias partes del país, en especial de la región Caribe, para que trabajaran estas tierras. Desde entonces, en Segovia y Remedios los días de sus pobladores pasan en las profundidades en busca de piedras con visos dorados.

“Siempre hemos sido mineros, solo que desde hace diez años las reglas cambiaron. Nos robaron el trabajo”, dice Jaime Gallego, presidente de la Mesa Minera, refiriéndose a la llegada en 2010 de la multinacional Gran Colombia Gold. Aunque no es la primera empresa con un título para explotación en la zona, según la comunidad, ha sido la más injusta con ellos.

Antes operaba la Frontino Gold Mines, que estuvo desde 1852 y hasta 1979. Luego de la liquidación de la Frontino, la empresa quedó en manos de los trabajadores y pensionados hasta 2004, cuando el entonces presidente, Álvaro Uribe Vélez, la liquidó por segunda vez y la entregó a la Gran Colombia Gold (GCG), presidida en ese momento por la excanciller María Consuelo Araújo. Aparte de las regalías que recibe la región, la empresa canadiense muestra aportes de obras sociales como la institución educativa Gimnasio La Salada, en Segovia, para 600 niños becados. También, el apoyo en infraestructura a diez escuelas rurales y un proyecto de parque recreativo y deportivo a 15 años.

El tema de fondo

Los mineros artesanales reconocen esas obras, pero no están satisfechos con el esquema educativo y dicen que el parque en construcción afectó el ecosistema de la quebrada El Chocho. Por eso demandaron el proyecto y, mientras se soluciona el tema ambiental, la prioridad es laboral.

Las condiciones de trabajo son desproporcionadas, sobre todo si se tiene en cuenta que mientras GCG tiene un título a perpetuidad, la mayoría de ellos no cuentan siquiera con un permiso, pese a que muchos han demostrado cumplir con los estándares ambientales para la explotación.

Para que una persona pueda ejecutar su trabajo de manera legítima en Segovia y Remedios, tiene dos caminos: buscar un título de manera independiente, proceso que puede costar más de $4.000 millones, porque la licencia ambiental cuesta $2.500 millones aproximadamente, o firmar un contrato de formalización con la GCG.

Estos contratos de formalización, explicados por José Luis Roca, director de Pequeña Minería de la empresa, son un proceso que busca “ordenar la operación dentro de la mina y colocarla en el marco de la legalidad y del cumplimiento de políticas ambientales y sociales”.

Es decir, si un grupo de personas tiene una mina tradicional, que trabaja sin maquinaria, debe acogerse a firmar un contrato con la empresa para poder operar. “Lamentablemente en Colombia no hay un régimen especial para la pequeña minería y ellos están sujetos a las mismas formalidades y exigencias que las grandes empresas”, señala el ingeniero Roca.

Y en eso coincide la Mesa Minera y la Secretaría de Minas del municipio. Los vacíos jurídicos en el Código de Minas son la piedra en el zapato que impide que la pequeña y mediana minería hagan uso autorizado del material que extraen. De hecho, en el artículo 152 de este Código, se establece que las personas que hagan extracciones ocasionales, solo pueden hacerlo para uso propio y no para comercialización.

Además, quienes quieran acceder a un contrato único de concesión o un título minero para explorar y explotar, deberán pagar contraprestaciones económicas al Estado, elaborar un programa de trabajo y hacer un estudio de impacto ambiental.

Haciendo cálculos con Bladimiro Ossa, uno de los dueños de una mina formalizada, en promedio se necesita tener una inversión inicial de $400 millones para constituir una mina pequeña, y más de $2.000 millones para sacar los permisos de operación de ley.

De acuerdo con cifras entregadas por el director de pequeña minería de GCG, de los casi 150 socavones informales que hay en el territorio, 45 se han adherido al contrato ofrecido por la multinacional canadiense. Según la Mesa Minera, la Secretaría de Minas y la Alcaldía, los contratos que ofrece la multinacional son injustos “y llevan a la quiebra de los pequeños mineros”.

Este diario solicitó a los funcionarios de Gran Colombia Gold la muestra y explicación de cada parte del contrato de formalización, pero dijeron que era un documento confidencial.

Sin embargo, la Mesa Minera sí explicó las razones por las que los contratos, a su criterio, no son justos. “La primera irregularidad es que cuando uno lleva el mineral a la planta de ellos para el procesamiento, descuentan un 5 %, que es el porcentaje de humedad, en vez de medir eso en cada carga de manera particular. La planta de procesamiento de ellos recupera solo el 86 %, o sea que uno pierde ahí otro 14 %; como si fuera poco, ellos pagan sobre el 70 % del precio internacional y no sobre el 100 %”, explicó Yarley Erasmo, integrante de la Mesa.

En esta última observación coincidió Bladimiro Ossa, uno de los dueños de minas formalizadas con la empresa, quien dijo también que la contraprestación que ofrece GCG no es la mejor.

Otra de las denuncias que hay en contra de la multinacional es que, aunque en el material se pueden hallar hasta siete minerales distintos, solo pagan el oro. “A nosotros lo que más nos interesa es el oro y la plata, porque por ejemplo en una venta de $100 millones, unos $20 millones pueden ser por ingresos de plata, pero la empresa se queda con eso y lo vende por su cuenta”, denuncia Erasmo.

El Espectador consultó en Bogotá al vicepresidente de la multinacional, José Ignacio Noguera, quien confirmó que la plata que los pequeños mineros extraen, no se les paga, sino que la mantiene la empresa y se vende en la composición de los lingotes de oro de exportación.

Para resolver estas inconformidades, y buscar acuerdos entre ambas partes, se creó la Mesa Minera de Soluciones, que contaba con la presencia de representantes gubernamentales, productores tradicionales y la empresa canadiense. Sesionó desde 2016 y hasta diciembre de 2019, tiempo en el que las partes no llegaron a ningún acuerdo. Según el alcalde de Segovia, Didier Osorio, “porque las fórmulas propuestas por GCG, no aplican para el territorio, no generan dignidad ni prosperidad para los pequeños mineros”. Y como la empresa canadiense y los mineros tradicionales son considerados privados, ni la Agencia Nacional de Minería, ni el Ministerio de Minas o ninguna entidad gubernamental, pueden regular los contratos de formalización.

El caso de las mujeres

El gremio de las chatarreras, barequeras y barrenderas, no está contemplado en la formalización de Gran Colombia Gold. Para estas mujeres, que en su mayoría son cabeza de hogar, el trabajo de la minería comienza cuando para los demás ya ha finalizado.

A este oficio se dedican alrededor de 6.000 personas en Segovia y Remedios, recogiendo la basura de las minas o de los alrededores de los ríos, en busca de algún punto dorado que les solucione su situación económica.

Alejandrina Restrepo, por ejemplo, es una mujer de 79 años que comenzó a “barequear” hace 59 años en las minas de Remedios y todavía trabaja como chatarrera en la mina de Las Brisas para sostener también a una hermana y a su hijo. O el caso de doña Fany Toro Uribe, que vive con sus cuatro nietos desde que su única hija murió. “Hay días en los que a uno le va bien y aprovecha para mercar bastante, pero pueden pasar semanas en las que no sacamos nada”, cuenta la mujer, que ya completa 40 años en este oficio, que le ha dado estudio a toda su descendencia.

Según el Código de Minas, el barequeo está permitido pero, paradójicamente, la venta de este mineral es restringida, solo pueden vender hasta 35 gramos al mes porque su oficio es reconocido como “minería de subsistencia”. En caso que generen más ingresos, deben presentar un certificado que indique de dónde se extrajo el oro a comercializar.

Es decir, el gremio de chatarreros y barequeros podría operar solo si trabajan en una mina con título legal, pero Gran Colombia Gold no se los permite.

Para Dania Marín, directora de la Asociación de Chatarreras de Segovia, es muy claro: si la multinacional formaliza a los pequeños mineros, ¿de qué van a vivir las chatarreras y barequeras, si toda la basura que se genera de GCG es arrojada a sitios a los que ellas no tienen acceso?

Según el vicepresidente de la compañía, para incluir a este gremio tendrían que pagarles seguridad social en sus minas y “no tenemos la capacidad para hacerlo”. Además, fue enfático en que a la compañía no le interesa por ahora contemplarlos en su formalización, “porque acá hablamos de legalidad y no vamos a recibir de un barequero apenas uno o dos bultos de mineral, cuando tenemos una gran operación industrial”.

 

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