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La migración masiva de venezolanos a Colombia durante la última década ha sido un tema prioritario en la agenda nacional, que ha estado inmerso en tensiones políticas y marcado por brotes de xenofobia. Las cifras estiman que más de 1,5 millones de ciudadanos del país vecino se instalaron en Colombia y, en su mayoría, no legalizaron sus papeles, que les darían acceso a un trabajo y beneficios en programas sociales. Ante la magnitud del fenómeno migratorio, en 2017 la Registraduría de Colombia flexibilizó el proceso de nacionalización, pero abrió un nuevo problema: una red de corrupción que ha puesto en entredicho más de medio millón de casos de nacionalización.
Miles de venezolanos solicitaron la nacionalidad argumentando que tenían ascendencia colombiana por la migración que hubo hacia el país a finales del siglo XX por el conflicto armado. Sin embargo, las autoridades colombianas comenzaron a descubrir irregularidades y actos de corrupción, en los que estarían implicados funcionarios de decenas de registradurías municipales y notarías a lo largo y ancho del país. Desde 2016 y hasta el momento se han emitido 2.688 comunicaciones y resoluciones de nulidad de registros civiles por presuntos fraudes en 18 departamentos y 70 municipios, entre los que se encuentra la capital del país, Bogotá.
La dimensión del problema aún se desconoce, tanto así que la Registraduría está realizando una gran auditoría a su sistema interno para verificar más de 600.000 registros civiles de nacimiento otorgados a personas nacidas en Venezuela con padres colombianos (también por verificar). A esto se suman 67.000 registros civiles de nacimiento que se le dieron en Colombia a cubanos, haitianos, ecuatorianos, sirios, iraquíes, iraníes, libaneses, dominicanos y hasta chinos. Un trabajo que se está realizado junto con la Fiscalía, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), la Policía, el Ejército y la Embajada de Estados Unidos.
La cooperación entre la Registraduría y estas autoridades se da porque no solo hay sospechas de que venezolanos están buscando nacionalizarse colombianos para poder trabajar u obtener beneficios sociales, sino también de ciudadanos centroamericanos que buscan ingresar con documentos falsos a Estados Unidos o miembros de grupos extremistas de Oriente Medio que encontraron en Colombia el camino más rápido de burlar a las autoridades norteamericanas. Otra de las sospechas es que detrás de estas redes que tramitan ilegalmente las nacionalidades, hay grupos criminales vinculados con trata y tráfico de personas, terrorismo y narcotráfico.
¿Es tan fácil obtener la nacionalidad colombiana?
A pesar de las irregularidades, obtener la nacionalidad no es un proceso fácil. Según la Registraduría, hay dos formas de ser ciudadano colombiano. La primera es nacer en Colombia y cumplir alguna de estas condiciones: que uno de los dos padres sea colombiano, o que si los padres son extranjeros, deben estar domiciliados en Colombia. Y la segunda es por adopción, la cual solo puede ser otorgada por el Gobierno a un extranjero que no tenga padres colombianos. Es una decisión que recae exclusivamente en la Cancillería. Frente al caso de los hijos de colombianos que nacen en el extranjero, la nacionalidad se dará con el registro civil apostillado de donde nació.
Este último escenario es en el que comenzaron a presentarse los problemas. En 2017, en pleno auge de la crisis migratoria en la frontera colombo-venezolana, la Registraduría tomó la decisión de cambiar los requisitos para que los venezolanos hijos de padres colombianos obtuvieran la ciudadanía más fácil. Para ese momento era complicado que los solicitantes pudieran apostillar su registro de nacimiento en Venezuela, por lo que la Registraduría decidió que le otorgaría la nacionalidad a quienes presentaran dos testigos que, bajo juramento, declararan que eran hijos de colombianos. Esta fue la vía por la que optaron miles de extranjeros.
Las autoridades colombianas descubrieron que funcionarios de registradurías municipales, con ayuda de algunos notarios, crearon una red de corrupción para manipular registros de nacimiento y avalar declaraciones de falsos testigos que, a cambio de un dinero, manifestaban que los extranjeros eran hijos de colombianos. Es más, algunas de estas personas ni existían. A lo largo de dos años, la Registraduría realizó auditorías en las que descubrió que los registros de nacimiento presentados por varios venezolanos eran falsos y que en los nombres de sus padres pusieron a personas que ya fallecieron. Asimismo, que otros optaron por falsificar los sellos venezolanos de apostillaje.
Entre los casos más recientes que descubrieron las autoridades, como Migración Colombia, está el de Jesús Ramón Rodríguez Guerrero, un ciudadano venezolano que consiguió la ciudadanía presentando un registro civil falso. Al cruzarlo con las bases de datos de identificación de la Registraduría se encontró con que los supuestos padres colombianos de Rodríguez no estaban inscritos y que el documento expedido supuestamente por la Parroquia de Santa Bárbara de Arauca pertenecía a otra persona. Al ser consultado sobre el caso, el párroco de esa iglesia confirmó que se trataba de un registro falso y aportó el original.
Otro de los casos irregulares identificados fue el de Emilio Francisco Páez, un ciudadano de República Dominicana que obtuvo la nacionalidad colombiana fraudulentamente para intentar acceder a Estados Unidos. Fue capturado en el aeropuerto El Dorado por la inconsistencia en los papeles presentados, pues el número de cédula era muy reciente para pertenecer a una persona de 40 años. Además, se verificó que su nombre real era Esteban Marino Francisco Páez y que su registro civil de nacimiento fue falsificado con el fin de decir que era hijo de padres colombianos. Las autoridades encontraron que ese documento fue expedido por la Registraduría Municipal de San Juan de Nepomuceno (Bolívar), por lo que iniciaron una investigación para descubrir a los responsables.
Otra de las irregularidades encontradas al examinar el falso registro civil de nacimiento del ciudadano dominicano fue que los supuestos padres y los dos testigos no aparecían inscritos en las bases de datos de la Registraduría. Tras comprobar el fraude de Francisco Páez, se ordenó la eliminación de su registro civil de nacimiento. Este caso es tan solo uno de los más de 667.000 bajo la lupa de las autoridades, quienes alertan que si esta situación no se controla, se perderían los derechos adquiridos para ingresar a países europeos y los procesos de visado serían más restrictivos.