La seguridad resquebrajada

El fenómeno

Personajes que se mueven en la sombra reclutando jóvenes desempleados que deambulan por los barrios marginados. Entrega de estos jóvenes a algún intermediario, representante o agente de los cuerpos de seguridad del Estado. Asesinato de los reclutados, presentación de sus cadáveres como caídos en combate y entierro en fosas comunes.

Esta es la cadena de hechos más creíble que han venido ventilando los medios de comunicación a propósito del hallazgo de cadáveres de jóvenes en varias ciudades y desde hace varios meses, incluidos los 19 de Soacha y Ciudad Bolívar, cuyos familiares no tenían noticias suyas desde que dejaron sus hogares en febrero para ir tras alguna oportunidad laboral no precisada, legal o delictuosa.

¿Reclutamiento para luego ser sometidos a un frío asesinato por parte de alguno de los dos eslabones de la cadena –los mismos reclutadores o los receptores– y en todo caso, sólo para mostrar cifras alentadoras en la lucha contra el enemigo interno? La sola posibilidad de que así fuere es francamente escalofriante.

Si bien desde el punto de vista jurídico el respeto al debido proceso nos obliga a esperar el resultado de las investigaciones que adelante la Fiscalía General de la Nación, desde el punto de vista del análisis político los indicios recogidos permiten proponer algunas reflexiones sobre lo que ocurre con la Seguridad del Estado.

¿Comercio de muerte?

De confirmarse la hipótesis anterior, estaríamos ante una faceta del conflicto donde la Seguridad del Estado incorpora un comercio consistente en darle muerte a un desconocido a cambio del reconocimiento por parte del superior jerárquico dentro de la fuerza pública, y de manera que la víctima queda transmutada en sujeto político por hacerla aparecer como afiliada a una guerrilla.

Dentro de ese arreglo interviene como nudo articulador la  supresión de una vida. Es este hecho sobrecogedor el que asegura la cadena comercial. Es la muerte la que define el negocio, pues sin ella no se cumple el propósito de mostrar “positivos”. Un medio atroz y trascendente para un fin mezquino e intrascendente.

En este comercio, a la vez despreciable y espantoso, participan como actores el reclutador, convertido en abastecedor de la mercancía, y el adquirente o funcionario oficial, que la consume en el momento de presentarla como parte del cumplimiento de su función pública.

El primero hace las veces de un contratista externo en el nivel local o regional que obra como el agente de una actividad delincuencial, organizada o no, posiblemente asociada con el narcotráfico o con el paramilitarismo “emergente”. El otro es el agente del Estado, el cual recibe una materia prima convertida en mercancía y que no es otra cosa que un ser humano.

La realización social de esta mercancía supone, en un proceso de espanto, su transformación esencial. De ser un ser viviente pasa a ser un despojo sin vida, mediante su eliminación rápida y secreta. El asesinato es el acto que la transforma, liquidándola; no sólo se convierte a la persona en vil objeto de circulación; también se la mata para que cumpla su condición de mercancía.

Con el asesinato de que es objeto, la víctima se transforma en mercancía; pero lo hace bajo el efecto de una simulación, de una mentira elaborada por el victimario, quien procede a suplantar la identidad del sujeto. Éste pasa a ser el miembro de una organización armada al margen de la ley. Como ser viviente disponía de una identidad personal, y probablemente carecía de una de carácter político. Asesinada esa persona, se pierde el rastro de su antigua identidad personal y adquiere en cambio, sin poder evitarlo, la identidad política que el victimario ha decidido imponerle.

En esa condición, la víctima se convierte en un despojo anónimo, que después de ser arrojada a una fosa común, engrosa la cifra ya abultada de desaparecidos sin identidad definida. Esos desaparecidos, esos “N.N.” que quizá provienen de la agitación sorda y múltiple que produce la movilidad incierta del rebusque, método cotidiano con el cual tantos colombianos enfrentan la pobreza. Todo un paisaje social, sin duda favorable para quienes quieran ejecutar a su sombra este tipo de operaciones siniestras, que quedan sumergidas en la impunidad.

Lo macabro  del poder

Antes de que los despojos sean arrojados a una fosa común, a la espera del olvido para la víctima y de la impunidad para el victimario, el cuerpo inerte seguramente es exhibido ante quien corresponda; probablemente ante algún superior y ante algunos pocos testigos indolentes. Debe ser un diligenciamiento presuroso; tal vez de resonancia metálica, rápido y frío, como si se tratara de una certificación notarial. El cuerpo es la prueba del golpe contra el enemigo, el soporte material que nadie reclamará. Es la prueba impostada sobre la cual el falsificador pondrá dos estigmas: el de la mentira y el de la violencia.

El estigma de la mentira es doble: la persona viva y con identidad definida se convierte en el muerto N.N., y de ser un ciudadano sin adscripción política conocida, ya muerto, se le convierte en miembro de una organización armada. El otro estigma, el de la violencia, queda dibujado traumáticamente en la propia muerte y en los balazos que la causaron.

Con dos estigmas encima, el cuerpo deviene simbólicamente una lívida geografía del sometimiento, mediante la cual la Seguridad del Estado quiere afirmarse frente a sus enemigos. El cuerpo exánime y baleado de un enemigo es el lenguaje de su derrota; es la muestra física que, exhibida sin vida, confirma categóricamente la victoria por parte del Estado. Así, los jóvenes que bajo cualquier forma de inducción fueron atraídos a esta operación, no iban a jugar tristemente otro papel que el de soportes carnales de una simbolización del poder de que es capaz la Seguridad del Estado.

Por alguna razón, el Ministro de la Defensa, en el momento en el que estalló la noticia dejó entrever, perplejo y recatado a la vez, la posible existencia de tal tipo de operaciones. Dijo en su momento el alto funcionario: “No lo quiero creer, pero me dicen que hay todavía algunos que reclaman cuerpos”. Hay que entenderlo, se trata de los cuerpos de los enemigos como prueba de eficiencia en la lucha por derrotarlos. Para recoger pruebas en dicha lucha, no bastaría el registro de los combates o las detenciones que después se pierden en los meandros de un debate probatorio. Es necesaria la muerte; son indispensables los cuerpos.

El cuerpo define los límites entre la vida y la muerte. Y la muerte es la expresión final de la derrota. Por eso, el cuerpo de un enemigo abatido pasa a ser símbolo de su derrota, pero también el signo de la eficiencia de la instancia del Estado que lo ha liquidado. De esa manera, el abatimiento de un individuo comienza a dejar de ser un medio encaminado a someter completamente al enemigo, y empieza a ser un fin en sí mismo para quienes tienen el mandato de proveer la Seguridad del Estado. En ese sentido, el hecho de “mostrar cuerpos” adquiere una fuerza simbólica de tal naturaleza, desde el punto de vista de la eficiencia estatal y de la derrota efectiva del enemigo, que puede convertirse en un empeño propio; en una empresa cuasiautónoma.

Lógicas ilegales

Cualquier cosa podrá sobrevenir entonces, si la Seguridad llegara a medirse en términos de cuerpos sin vida. La estrategia de controlar al enemigo para minimizar los daños que pueda causar sería sustituida por un desenfreno con ribetes de esquizofrenia, en medio del cual los muertos serían la medida de la derrota que se infringe al enemigo.

En el caso de los jóvenes desaparecidos, esa irracionalidad alcanza contornos inesperados. Contornos de comercio fríamente calculado y de farsa bien montada. Comercio y farsa que, si no tuvieran de por medio víctimas inocentes, parecerían rayar con la comedia. Ya no se trataría siquiera de eliminar vecinos del lugar, bajo la sospecha o el pretexto de que simpaticen con la guerrilla. Se trataría de eliminar personas que nada tienen que ver con el contexto social o geográfico del conflicto para hacerlos figurar como enemigos armados.

En tal caso, el medio, que consiste en abatir a alguien, se distancia completamente del fin que es doblegar al enemigo para preservar la Seguridad del Estado. El medio queda completamente distanciado, si no divorciado, del fin. Sencillamente el dar muerte a un joven desempleado de Soacha nada tiene que ver con debilitar o doblegar a un frente guerrillero en Norte de Santander o en Cimitarra. El medio se agota en sí mismo, se vuelve sobre sí, antes de llegar materialmente al fin al que debía apuntar. En realidad, el acto mediador, que es la eliminación física de otro, no tiene nada que ver con el fin de doblegar a un frente enemigo. El medio que es matar se resuelve en sí mismo, sin que se vincule directamente con el objetivo de doblegar a un enemigo del Estado. Este objetivo se vuelve distante y queda envuelto en la niebla de la simulación.

Ese medio violento que es, en todo conflicto, la desaparición física del enemigo, se torna así más densamente ilegal. La eliminación de un enemigo fuera de combate y sin formula de juicio, sería ya enteramente ilegal. Pero la ejecución extrajuicio es doblemente ilegal si no se trata de un “enemigo” combatiente; y lo es mucho más si la ejecución tiene lugar para crear el efecto simulado de que se ha terminado con un enemigo combatiente,  previa una serie de actos premeditados y organizados.

Que este tipo de actuaciones puedan ser ejecutadas por agentes oficiales, sin importar su rango, indica las posibilidades de amalgamamiento entre conductas legales e ilegales, justas e injustas, humanizadas o deshumanizadas que, a cubierto de la Seguridad, se vertebran dentro del Estado en función del fin superior de derrotar a un enemigo interno. Y de una manera tal que la aproximación a ese fin debe medirse por la cantidad de cuerpos abatidos.

*Análisis de razonpublica.org.co. Politólogo con estudios de Doctorado en el Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences – Po). Magíster en Análisis de Problemas Políticos, Económicos e Internacionales Contemporáneos.

Fernando Escobar: el denunciante de Soacha

Fernando Escobar, personero de Soacha, habló con El Espectador el 28 de octubre y en aquella entrevista el funcionario explicó varias situaciones que, a su modo de ver, denotan que hay algo que está pasando en Soacha desde hace varios meses.

Uno de los puntos que tocó el funcionario es el hecho de que en los últimos 10 años en Soacha han sido desplazadas algo más de 200 familias. Sin embargo, en los pasados 18 meses han salido de ese municipio algo así como 134 familias, más del 50% del total.

Asimismo, Escobar habló acerca de la dinámica de la guerra que, según él, ha tomado un barniz diferente, parecido a aquel de la Guerra Fría: ya no hay grandes enfrentamientos ni movimientos de tropa. Según el personero, la guerra que se libra hoy se hace con un número reducido de hombres dedicados a labores de inteligencia, lo que a su vez permite que el fenómeno pase de agache ante los ojos de las autoridades y los análisis oficiales.

Campaña contra el reclutamiento de niños

El miércoles pasado, cientos de personas se reunieron en el parque de Soacha para clamar por el derecho a la libertad y a la vida. Las madres de algunos de los 11 jóvenes que aparecieron muertos en Ocaña, Norte de Santander, se encontraban en medio de la muchedumbre con las fotos de sus hijos. Pedían justicia y verdad.

Ese día era el lanzamiento de la campaña “No más niñez y adolescencia reclutada”, liderada por la Defensoría del Pueblo, la Alta Comisaría de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), el Consejo Noruego para los Refugiados, la Personería Municipal y la Alcaldía de Soacha.

“Esta campaña apunta a la construcción de una ruta de atención conjunta entre las autoridades y las organizaciones gestoras del proyecto, para tratar el tema y ofrecerles a las comunidades opciones para evitar el reclutamiento ilícito de la niñez”, expresó la Defensoría. Más de 5 mil estudiantes estuvieron presentes en el acto. Ellos también reclamaban su derecho a vivir.

Los porqués de una derrota ética

Varios factores, entreverados, pueden influir para que la seguridad del Estado incorpore en cualquier nivel este tipo de lógicas propias de actores ilegales o, incluso, criminales.

De una parte, el propio efecto de escalada —característico de todo conflicto armado— arrastra consigo esas derivas que se traducen en prácticas atentatorias del derecho de gentes.

Y si a la dinámica de escalada militar se añade la polarización ideológica que viene envuelta en el empaque de un discurso excesivamente simplificador respecto del enemigo, entonces en el curso del enfrentamiento, la tentación de violar la norma internacional humanitaria estará siempre a la orden del día.

La deriva que representan los delitos de lesa humanidad es alimentada por la intervención corruptora de un actor que, como el narcotráfico, posee los recursos financieros y el interés explícito de exterminar o de expulsar de ciertas regiones al mismo enemigo que el Estado ha venido combatiendo.

Finalmente, la contemporización de un sector de las élites con estas prácticas ilegales y con los agentes estatales que las llevan a cabo, le sirve como un escudo protector, bajo la excusa de que están defendiendo a quienes han sido injustamente acusados por cumplir con su deber de patria.

Ese marco de lógicas que se mueven alrededor de la política de seguridad explica la adopción de conductas ilegales y de prácticas violatorias de los derechos humanos, que resultan funcionales al interés de combatir al enemigo interno.

Así parece haber ocurrido dentro de las distintas violencias y a lo largo de sus varios períodos históricos. Por estos días se ha vuelto a hablar de otra forma de la “guerra ilegal“, a raíz de las matanzas de Trujillo y del nuevo proceso judicial al cual fuera llamado el general (r) Rito Alejo del Río.

Algo indica que se trata de líneas constantes, que atraviesan los distintos modelos o doctrinas dentro de la seguridad del Estado, líneas que inficionan esta política y que consiguen sobreponerse a los propios autocontroles que se impone el Estado.

Con los cuerpos inertes e inermes de los jóvenes desaparecidos se pretendía significar la derrota del enemigo terrorista. En realidad, de probarse la conjetura de que no murieron en combate sino asesinados para que lo parecieran, dichos cuerpos probarían todo lo contrario: la derrota ética del Estado o, al menos, la de los agentes que de ese modo lo comprometen en desviaciones tan contrarias a la ley.