La fuerza de la memoria indígena

La wayúu a la que el conflicto le arrancó el cabello

Blanca Nubia Díaz perdió a su esposo y a su hija a manos de los paramilitares hace casi dos décadas. Las amenazas la obligaron a huir de su comunidad en Riohacha y a desplazarse hasta Bogotá donde este año fue secuestrada. Los criminales le arrancaron el pelo, símbolo de fuerza en la cultura wayúu. El cuerpo arrugado de esta mujer de casi 70 años es el campo de batalla olvidado del conflicto armado colombiano.

Blanca Nubia Díaz, wayúu y defensora de derechos humanos.Stephan Kroener

Se despertó andando en una calle. Puso un pie delante del otro, sin saber adónde iba ni de dónde venía. No se acordó del secuestro que pasó solo unas dos horas antes. Pero le dolía mucho la cabeza. Cada raíz de sus crespos, que teñía para esconder su edad, ardía como un incendio neuro cerebral. No sabía que los atracadores se los habían cortado. Como wayúu su cabello es la insignia de las luchas como mujer y como indígena.

Reconoció poco a poco su alrededor. Más allá aparecieron las luces del cerro de Monserrate que guardó el frío de esa noche bogotana. Estaba cerca del monolito emblemático del edificio del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. En sus entrañas de piedra había tejido con otras mujeres, víctimas como ella, una colcha de tela, el “tejido de la memoria”. Después de este 13 de enero de 2018, Blanca Nubia Díaz no volvería por mucho tiempo. Quiere olvidar, aunque la memoria siguiera viva.

Había salido de su casa en el barrio Kennedy, al suroccidente de Bogotá. Eran alrededor de las 6 de la tarde de un sábado tranquilo. Sólo quería comprar algo en la tienda de la esquina. Necesitaba jabón para limpiar el horno de la casa donde vive con sus hijos, ya mayores de edad. Se acuerda que una camioneta había parado a su lado y una voz la llamó con su nombre:

    —  ¡Blanca!

Blanca Nubia Díaz Vásquez es conocida en su barrio. Es una mujer robusta de 69 años y de una vida dura. Su cara parece un mapa de la memoria en que las arrugas cuentan el pasado. Sus rasgos son suaves y muestran una ternura eterna. Vive en Bogotá desde que fue desplazada de Riohacha, Guajira, después del asesinato de su esposo, Rubén Antonio Nieves Loperena, en junio de 2000 y la cruel violación y muerte, en mayo del año siguiente, de su hija Irina del Carmen Villero Díaz de 15 años.

“Fueron los paras, dicen que lo de Irina fue un crimen pasional, pero es mentira, ella hacía parte de la Juco, de la Juventud Comunista”. Blanca cuenta de las amenazas que recibieron los integrantes de la organización de su hija. Dice que muchos tenían que desplazarse y muchos otros fueron desaparecidos por grupos paramilitares en esta época del dominio de las Autodefensas.

Además de matar a Irina, asesinaron a cinco muchachas más. Blanca sabe que los familiares de estas cinco no denunciaron el hecho por miedo y “para no involucrar a las familias (…) Así es en La Guajira”, suspira. Por eso las otras víctimas de este día quedan desaparecidas. Su descripción muestra un departamento en olvido y sin memoria.

Un testigo le contó a Blanca el martirio que sufrió Irina. No le salen lágrimas, pero se siente la tristeza seca que sacude su cuerpo de mamá mientras su voz tiembla. “Él (el testigo) tenía miedo, eran ocho paramilitares de la zona (de Riohacha). La violaron y la torturaron entre ellos, no uno solo sino los ocho” enfatizó. “Me dijo que gritó, que gritó por mí, que gritó mamá”.

El cuerpo destrozado de Irina fue encontrado por campesinos en un pozo llamado La Cantera, en la zona de Cuestecitas del municipio de Albania. Ella iba desde Riohacha hasta Valledupar. Quería vender artesanías y con el dinero conmemorar la muerte de su papá en una ceremonia wayúu llamado el “cabo de año”, que es cuando una persona cumple un año de muerte. Blanca conoce el informe de la autopsia que hizo la fiscalía de Maicao. Según Blanca, el informe dice que “Irina fue torturada, que le quebraron las manos, que le cortaron el pecho y que le dispararon en la cabeza”.

Como no aparecieron sus documentos de identidad fue enterrada como NN en el cementerio de Cuestecitas. Su madre la buscó desesperadamente con una foto en la mano. Cuando le contaron que hallaron una muchacha muerta con rasgos indígenas y tez blanca sabía que era Irina. Dos semanas después del asesinato pudo confirmar la muerte de su hija por testimonios que le dieron los lugareños que habían velado el cadáver. En una entrevista que dio a la página web Entre Líneas dijo: “mi hija fue enterrada como NN en una fosa común compartiendo el destino de tantas, pero como ninguna en nuestra memoria”. Por su insistencia logró la exhumación de los restos de su hija cuatro meses después y el traslado al Cementerio Central de Riohacha. Al poco tiempo tuvo que desplazarse por las amenazas que recibió a causa de la investigación del crimen.

La Guajira era al principio de este siglo el botín de guerra de Rodrigo Tovar, alias Jorge 40, excomandante del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En 2008 fue extraditado a Estados Unidos donde lo condenaron a 16 años y medio de cárcel por narcotráfico. Sobre sus actos atroces en Colombia guarda silencio. Nunca fueron esclarecidos, ni fueron investigados los porqués, ni menos fueron desmontadas las estructuras paramilitares en la región.

Según el informe “La Masacre de Bahía Portete” del Centro de Memoria Histórica, 149 indígenas wayúu fueron asesinados por el bloque paramilitar de Jorge 40 entre 1998 hasta 2008. La gran mayoría de estos crímenes se quedaron en la impunidad, entre ellos el de Irina. Su madre siguió en la lucha por la verdad que también es un acto de recordar a su hija y el destino de todas las mujeres víctimas del conflicto armado colombiano. Blanca se integró al mundo de las organizaciones de derechos humanos. Junto con otras víctimas fundó el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE).

Su insistencia en las investigaciones provocó que grupos desconocidos mandaran amenazas al cementerio donde están los restos de Irina. Los dueños del terreno de la tumba la pidieron el retiro del cuerpo sin referirse a las amenazas, “pero se sintió su miedo” dice Blanca. Con el apoyo de otras organizaciones, entre ellos Oxfam y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), regresó el 14 de agosto de 2010 a la Guajira para reunirse con Irina. “La enterramos según los ritos wayúu en nuestra ranchería (en el resguardo Cousepa) cerca del mar, que es de agua clara, casi cristalina, no como en Riohacha”.

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Estamos reunidos en el barrio Teusaquillo, en un lugar seguro, una casa de una ONG internacional que acompaña casos y defensores como Blanca. Pero la sensación de seguridad es frágil, y más para defensoras de derechos humanos. Blanca ya sufrió varias amenazas, seguimientos e intimidaciones por su trabajo. Unos meses antes de su secuestro había un incidente en que un hombre con acento costeño preguntó frente a su casa por el “guajiro”, supuestamente refiriéndose al hijo de Blanca. En la revista Pacifista contó que su nieto no le respondía en la puerta “estaba asustado porque el tipo tenía la mano en el bolsillo y no se la sacaba”. La persona se fue sin más comentarios cuando los vecinos se asomaron por las ventanas.

No se acuerda si los secuestradores tenían acento o pinta de costeño. Ni se acuerda del color o de la marca del carro que paró ese 13 de enero al lado suyo. “Era una camioneta, con dos hombres, llevaban cachuchas. Uno estaba manejando, el otro abrió la puerta y me llamó, me agarró de frente y me jaló duro, tenía las muñecas negras después”. Con dolor muestra sus muñecas que ya no tienen signos del atraco, pero reviven para ella la memoria del secuestro. “Y de ahí, pues, no me acuerdo má' nada, no sé si subió, bajó, no sé”. Entre nieblas recuerda que le pusieron un trapo en la boca y que logró escuchar una frase ya medio inconsciente.

         —  Guerrillera sapa, siga haciendo campaña.

Con dolor muestra su cabello y dice con una voz que intenta recuperar su orgullo: “No me lo dejaron como lo tengo ahora, porque aquí me llevaron (amigos suyos) para arreglármelos en un salón”. No sabe si los dos hombres los cortaron con cuchillo o tijeras, pero lo deben haber hecho con mucha fuerza porque Blanca sintió un dolor de cabeza muy fuerte por varios días y hasta dos meses después todavía siente el trauma de la violación.

Un abogado y amigo de ella, la llamó el día después del secuestro y le pidió ir lo más rápido posible al hospital para que se hiciera pruebas y se pudiera determinar si en su sangre había rastros de la droga que le echaron. En el hospital de Tunjuelito “me dieron ocho o diez sueros, y me pusieron ampollas y pastillas, porque tenía la tensión altísima”. Aunque ya pasaron más de ocho semanas se siente todavía afectada por el incidente que a su avanzada edad aún pesa más.

El lunes después del secuestro hizo varias vueltas para radicar la denuncia en la Fiscalía, la Personería y otras instituciones. En Medicina Legal le hicieron exámenes, pero no conoce los resultados. “Me dieron diez días incapacitada y me sacaron sangre, pero no dijeron nada de los resultados”. Muchas organizaciones publicaron comunicados y artículos sobre el secuestro de Blanca, “nacionales e internacionales me llamaron, hasta en inglés, y todo en solidaridad”.

El periódico El País de España ve el secuestro de Blanca en el marco de las amenazas contra líderes y defensores de derechos humanos después de que los acuerdos de paz de La Habana puso fin a un conflicto de más de 50 años. Más de 200 líderes han sido asesinados desde que la firma del presidente Juan Manuel Santos y el líder de la guerrilla de las Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) Rodrigo Londoño sellaran los diálogos de paz. Pero el secuestro de Blanca mostró que para muchos los tambores de la guerra siguen sonando.

Cuatro días después del incidente, Blanca se presentó en la estación del GAULA (Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal) en Bogotá para dar constancia del crimen. Allá le preguntaron si sus agresores se identificaron o si tenía alguna idea de a quién atribuir el hecho. Blanca les contestó que cree que fueron paramilitares. Sin escuchar y sin saber la historia de ella “la muchacha” (la patrullera de la recepción) le respondió que no hay paramilitares en Colombia. Para confirmar dio la vuelta para preguntar su compañero “¿cierto que no hay? Desde el 2010 no hay paramilitares en Colombia, ahora lo que hay son el Eln y las Farc”. Después de eso y porque la patrullera no quería entregarle una copia, rechazó firmar los papeles de constancia. “Le dije: ¿sabe cómo yo me siento? Me siento débil, me siento con miedo, no tengo confianza en ustedes”, cuenta Blanca indignada.

El jefe de comunicaciones del GAULA, Mayor Cesar Bohórquez, confirma que los paramilitares “hace mucho tiempo dejaron de existir”, pero explica que “muchos de estos grupos pasaron a convertirse en bandas criminales, (…) son grupos delincuentes, organizados, eso no es paramilitarismo”. Al preguntarle por qué estos grupos atacan a defensores de derechos humanos, contesta que eso es un tema que depende de las investigaciones de la Fiscalía.

Blanca no cree que el Estado va a encontrar a los victimarios del secuestro como tampoco los ha encontrado en el caso de su hija y esposo. No sabe quién o por qué la secuestraron. “Debe ser porque yo estoy hablando siempre de ella (de su hija Irina) y pido que el caso de mi hija siga adelante y que no quede en la impunidad. Mucha gente quiere culparme, y muchos me dicen que soy de la guerrilla.”

Pero Blanca quita esta acusación con un gesto de su mano “a eso no paro bolas”. No tiene ningún vínculo con las Farc o el Eln ni está defendiendo sus crímenes ni hace campaña para nadie. En La Guajira vivía en una región que fue aterrorizada por las autodefensas y no por los guerrilleros, por eso dice “a mí no me hizo daño la guerrilla sino los paramilitares, ellos fueron los que mataron a mi esposo y a mi hija. Ellos quieren que me calle, que no hable más y me quede callada”.

Cuando dice eso sube el sombrero de paja blanca y muestra su cabello corto, pero arreglado que no parece a lo de una señora de casi 70 años. “El cabello es un símbolo de fuerza, de lucha, de respeto” explica, “para un indígena tiene mucho valor, nunca vas a ver un wayúu mocho. Solamente por enfermedad se lo cortan”.

Cortarle el cabello es un intento de cortarle la voz, de callarla. Lo que significa para ella este acto de violencia contra su ser indígena y su género se nota en las palabras que pronuncia casi con vergüenza “me siento desnuda sin mi cabello”. Hace un mes tenía que viajar a La Guajira para participar en un acto ceremonial. Ante su comunidad no quería contar la verdad sobre el porqué del corte, por eso explicó que se le estaba cayendo mucho por su edad avanzada, “aunque”, suspira, “me cortaron harto”.

Pero Blanca no deja duda de que su lucha como mujer e indígena seguirá como también volverá a su cabello. Cuando le preguntan si se va a dejar crecer su cabello de nuevo sonríe con todas sus arrugas y contesta sin vacilar “uy sí, claro”.