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Los debates en torno a los procedimientos para llevar a cabo las políticas de seguridad y defensa en el país son de vieja data. Sin embargo, desde el paro nacional del 21 de noviembre de 2019, las inconformidades civiles hacia el modo de operar de la Fuerza Pública durante los ciclos de protestas y demás manifestaciones de participación y movilización colectiva en las calles aumentaron, como también lo han hecho las voces en defensa de las instituciones armadas del Estado.
Los reclamos sociales se han fortalecido en medio de la pandemia del coronavirus y tienen como telón de fondo el recrudecimiento de fenómenos de violencia en varias regiones del país. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en lo corrido del año se han presentado 67 masacres que acabaron con la vida de 267 personas. Y desde el comienzo de la pandemia en Colombia, de acuerdo con el mismo centro de investigación, los asesinatos de líderes sociales pasaron (en promedio) de seis casos semanales a 10, con corte a mediados de septiembre.
Diferentes organizaciones sociales, de la mano de algunos sectores políticos y cívicos, le atribuyen buena parte de la responsabilidades de la crisis social a una deficiente gestión de la cartera de Defensa, al mando de Carlos Holmes Trujillo. Un reclamo al que se suman los señalamientos por casos de abuso de autoridad por parte de policías en distintas manifestaciones sociales.
Manuel Iturralde, investigador y profesor de derecho de la Universidad de los Andes, sostiene que a la fecha se siguen presentando demostraciones válidas que le dan razón a una acción de tutela que él, junto a 48 demandantes más, interpusieron luego del 21-N contra el Estado colombiano ante la Corte Suprema de Justicia, para que se regulen los usos de las armas del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), no se estigmaticen a los protestantes de movilizaciones sociales y para reestructurar de manera general las directrices en el uso de la fuerza estatal.
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“Este tipo de escenarios de represión violan los derechos a la protesta pacífica, generan ambiente de animadversión contra los ciudadanos, afectan las libertades de expresión y provienen de un problema estructural en el que la Fuerza Pública no ha corregido comportamientos que ya debieron ser resueltos, así como hay una falta de respuestas de fondo por parte de las demás autoridades competentes”, afirma Iturralde.
De hecho, según un informe presentado el pasado 20 de septiembre por el Ministerio de Justicia ante la Cámara de Representantes, luego de la muerte del abogado Javier Ordóñez -presuntamente a manos de miembros de la Policía, en el barrio Villa Luz de Bogotá-, en contra del Estado colombiano cursan actualmente 696 demandas, por casos de abuso policial, lesiones a civiles en medio de procedimientos, uso excesivo de la fuerza, daños a bienes materiales, entre otros.
Sobre esta situación, la viceministra de Justicia, Diana Abaunza, sostiene que en materia urbana hay presente un “fortalecimiento en las directrices del Gobierno para que las capacidades de protección civil y de robustecimiento investigativo ante casos de inseguridad siempre estén presentes”.
Haciendo referencia a la atención estatal en un ámbito rural, Abaunza señala que “reincorporados y líderes cuentan con protección que es garantizada y activada con un centro integrado entre nuestro Ministerio, la Fiscalía y la Unidad Nacional de Protección. Por lo tanto, las competencias de nuestra Fuerza Pública está garantizadas en eficacia y en derecho al cumplimiento de las normas”.
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Este punto de vista lo discute el padre Alejandro Angulo, investigador del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), quien comenta que a pesar de que en un contexto nacional “una policía desarmada no logrará neutralizar la criminalidad armada -que es muy numerosa-”, se deben apartar los episodios de protesta social como actos inducidos por la ilegalidad, pero donde al mismo tiempo se forjen lazos de confianza mutua entre autoridades y civiles, también teniendo en cuenta, según él, que “es necesario educar a la ciudadanía para el bien común de la convivencia pacífica y amable. Eso no es solo tarea de la Policía en sus programas de formación profesional y en DD. HH.”.
Un diálogo en conjunto, que reúna a todas las voces de la sociedad, es necesario para encontrar soluciones conjuntas a las situaciones en disputa con la Fuerza Pública. Y aunque la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia haya hecho un llamado desde 2019, cuando la tutela interpuesta por el colectivo de 49 personas fue procedente, para que se conformen mesas de trabajo que ayuden a la resolución de estos temas, no hay consensos especiales ni políticos.
Así lo interpreta el representante a la Cámara por el Partido Alianza Verde Inti Asprilla, quien insiste en que para la tranquilidad generalizada, instituciones como la Policía necesitan “una ley estatutaria por diferentes aspectos legales que envuelven a las protestas. Luego se puede pensar en un ajuste constitucional, en el que se le quita la pertenencia de la Policía al Ministerio de Defensa, se adscribe al Ministerio del Interior y se le quite el fuero penal militar”.