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Aunque el año pasado se registraron 524 mataderos en Colombia, se estima que existen cientos más que operan de forma clandestina y sacrifican todo tipo de animales en condiciones ilegales, poniendo en riesgo la salud de los consumidores. Ante la proliferación de estos locales irregulares, la Asociación Frigoríficos de Colombia interpuso una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para exigir que se protejan los derechos colectivos a la seguridad y salubridad pública de todos los ciudadanos. En primera instancia, los magistrados le dieron la razón al demandante, y esta semana se conoció que el Consejo de Estado ratificó esa decisión e impartió órdenes para endurecer la ofensiva contra los mataderos ilegales.
La Asociación Frigoríficos de Colombia demandó puntualmente a la Policía Nacional y al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), al considerar que son las entidades llamadas a hacer cumplir las normas que regulan el funcionamiento de los mataderos. El demandante argumentó que la carne bovina y la de otras especies (como la porcina y avícola) se consideran artículo de primera necesidad en el país, integrante de la canasta familiar básica y diaria. Por lo que su consumo generalizado implica una estricta regulación por parte del Estado en todo el proceso de la cadena productiva: sacrificio, deshuese, transporte, transformación y entrega al público.
En otro de los apartes de la demanda se asegura que las autoridades demandas han omitido varias de sus obligaciones, como por ejemplo la de identificar a los propietarios y al tipo de especie vendida, para efectos de evitar la confusión al consumidor con el ingreso de equinos y asnos; así como no se ha controlado el ingreso de carnes de contrabando, especialmente de Venezuela. Estos argumentos fueron apoyados también por la Asociación Colombiana de Porcicultores, la Asociación de Industrias de Carne y la Federación Nacional de Avicultores.
El Invima, sin embargo, negó que haya incumplido sus obligaciones y contestó que no es la entidad competente para inspeccionar, vigilar ni controlar los mataderos ilegales o clandestinos. “Dicha vigilancia se ejerce a Ios establecimientos que actúan en el marco de la legalidad y cuentan con autorización sanitaria (provisional o definitiva)”, dijo el Invima en su defensa. La entidad agregó que ha ampliado la planta de personal desde el 2008 a la fecha, contando actualmente con 281 inspectores en plantas de beneficio animal; lo que le permite a Ios establecimientos (legales) recibir una inspección permanente.
La Policía, por su parte, no se pronunció sobre la demanda, pese a que le achacaron la responsabilidad de identificar los sitios ilegales donde se realizan actividades de sacrificio, comercialización o transporte de carnes y derivados cárnicos para el consumo humano.
Finalmente, el Consejo de Estado consideró que la respuesta del Invima no fue suficiente y le dio la razón a la Asociación Frigoríficos de Colombia. Por lo que, en conclusión, la autoridad sanitaria y la Policía sí han vulnerado los derechos colectivos relacionados con la seguridad y salubridad públicas; como consecuencia del crecimiento indiscriminado y progresivo del sacrificio ilegal del ganado bovino, porcino y avícola, en lugares sin ningún control sanitario. Es decir, ha faltado vigilancia, inspección y control por parte del Invima y la Policía.
Para el Consejo de Estado, es claro que el Invima es la encargada de la inspección, vigilancia y control de los mataderos, sin discriminar si dichos centros actúan o no bajo el marco de la legalidad. En consecuencia, el alto tribunal de lo contencioso administrativo impartió varias órdenes, entre ellas que el Invima, en máximo 30 días, tendrá que emprender acciones para articular la inspección, en conjunto con las entidades municipales y departamentos, y en 90 días deberá presentar un informe.
Además, la Policía tendrá que iniciar plan de acción en todo el país para identificar los sitios de sacrificio ilegal e imponer Ias sanciones a que haya lugar. También deberá presentar cada treinta (30) días un informe de resultado de los operativos que haya llevado a cabo en todo el territorio nacional, incluyendo la ubicación exacta de los sitios donde se adelanta el sacrificio clandestino, así como los sistemas ilegales de transporte utilizados.