Las Palmas: sin colegio, agua ni electricidad

El corregimiento Las Palmas queda a 45 minutos en carro del casco urbano de San Jacinto. / Otoniel Umaña

El municipio de San Jacinto, Bolívar, está ubicado a 97 kilómetros de Cartagena. Es un paso obligado vía terrestre, antes de llegar a la Heroica, por la carretera antigua.

El viajero usualmente se detiene cautivado por las hamacas, las mochilas y el sombrero vueltiao, entre muchas otras cosas tejidas a mano, que los comerciantes exhiben en los locales a orillas de la ruta. Sin embargo, considero, fueron Los Gaiteros quienes hicieron mundialmente conocido a San Jacinto. Esos músicos que ganaron el Grammy Latino a la tradición en 2007.

En una casa del barrio Torices, cubierta con tejas de lata, aún vive uno de ellos. Va a cumplir noventa años, enfermo, sin pensión y olvidado. Es Juan Fernández, el gaitero más longevo, quien exhibe orgulloso el premio Grammy logrado hace trece años. Premio que hoy no le sirve para comer.

Pocos saben que en el casco urbano del famoso San Jacinto, donde habitan cerca de 30.000 personas, no hay acueducto. Pero nuestro recorrido no llega solo hasta allí, donde hay infinitos problemas sociales. Vamos a contar la historia de Las Palmas, el corregimiento más complejo del municipio.

Viajo en la parte trasera de un campero rojo, recubierto con una carpa rasgada, al que le suenan todas las tuercas y que hábilmente conduce Luis Ómar Gamarra, un líder de la zona. En el camino se suben algunos amigos del conductor. Nos vamos adentrando en los Montes de María. Solo vegetación, polvo y un sol canicular en el camino. Más adelante florece un tesoro perdido: se trata de al menos una docena de postes para la energía, sin estrenar, que yacen a lado y lado de la trocha hace varios meses a juzgar por la maleza que casi los oculta.

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Casi 45 minutos después aparece un letrero en el que se lee: “Bienvenidos a Las Palmas”. Realmente palmas no hay; energía tampoco. Ahora entiendo lo de los postes tirados en el camino. “Trabajé en la instalación de algunos postes aquí en el corregimiento y cuatro años después aún no me han pagado mi liquidación”, dice Julio Ramón Caro.

Las dos únicas calles nunca han conocido el pavimento, algunas casas aún están construidas en barro, el agua aparece solo cuando llueve. ¿Entonces cuál fue el atractivo que encontraron los grupos armados ilegales en este sector? La respuesta es una sola. El corregimiento Las Palmas era el paso obligado, en medio de la clandestinidad, hacia el sur de Bolívar y Sucre. Las autoridades militares y de Policía nunca hacen presencia en el sector, cuentan los pobladores.

El 28 de septiembre de 1999, fecha que no olvidan los palmeros, se produjo la primera masacre por parte del bloque paramilitar Héroes de los Montes de María, recuerda el conductor del campero. Mataron a cuatro personas e inmediatamente los 600 pobladores, aterrorizados, se desplazaron hacia diferentes partes del país. Fidel Serpa, líder comunitario, recuerda que cuando salieron del corregimiento llegaron al casco urbano de San Jacinto y ocuparon algunas casas que se encontraban desocupadas porque ahí también se vivía una crisis de violencia.

En un andén y bajo un frondoso árbol de mango trabaja Saúl Peñalosa, uno de los dos zapateros del pueblo. Con nailon y una aguja gruesa, llamada “capotera”, de quince centímetros de largo, intenta darles vida a unas viejas alpargatas de alguna de sus clientas: “Llegaban directamente a las casas a quitarle la vida a las personas de manera miserable”, comenta.

Se fueron los paramilitares y llegó el frente 37 de las Farc al mando de alias Martín Caballero. Diego Fontalvo hace parte del Comité de Impulso que lucha por la reparación a las víctimas de su pueblo. Se vino a Bogotá, huyendo de la violencia y diez años después regresó a Las Palmas porque supuestamente el Gobierno, a través de la Ley de Víctimas, los iba a indemnizar. Sentado en una silla mecedora cuenta que los guerrilleros los invitaban a la plaza central, donde todos debían acudir para escuchar sus proclamas. Dice que no obligaban a nadie y que solo aquellos que estaban convencidos de esa lucha se unían a las filas guerrilleras.

Los dos colegios del corregimiento, el de primaria y el de bachillerato, están inservibles. Los jóvenes deben ir al casco urbano de San Jacinto para estudiar. Hace cuatro años una tutela fallada por la Corte Constitucional ordenó la presencia de una ambulancia, un médico y una enfermera permanentes para el puesto de salud. El galeno solo acude una vez a la semana, la enfermera trabaja de lunes a viernes porque en ese horario fue contratada, aseguran los pobladores, y la ambulancia nunca llegó.

Uno de los proyectos prometidos para la reparación colectiva era la siembra de ají multipropósito. Ubicaron el lote, lo acondicionaron, pero hasta ahí llegó todo.

Las posibilidades laborales en el municipio giran en torno a la ganadería, la agricultura y las artesanías, pero las condiciones son muy difíciles para el 90 % de los pobladores. Por ejemplo, Orlando Estrada confiesa que trabaja dos o tres días a la semana dedicado al jornal en algunas fincas y se gana $25.000 por las ocho horas. Julio Caro tiene 28 años, tres hijos y una esposa que mantener y su única posibilidad laboral, en este momento, es el mototaxismo, que le deja $1.000 por cada carrera en el casco urbano. Algunas veces no alcanza a comprar la leche y los pañales de su hijo menor. Graciela Díaz es madre comunitaria y cada año tiene menos niños que cuidar.

San Jacinto, un pueblo con historia gracias a las hamacas y Los Gaiteros, vivió un pasado sangriento y un presente lleno de incertidumbre. Son más de 11.000 las víctimas del conflicto armado que esperan que algún día llegue la reparación colectiva y los indemnicen por sus muertos, les pavimenten las calles, les construyan el colegio, les instalen el acueducto y la energía, entre muchas otras cosas, porque hoy en día parece que vivieran en el siglo XVI.