¿Qué le espera a Los Ciruelos?

Expertos coinciden en que la licencia ambiental que se entregó a Reserva Los Ciruelos S.A.S, para construir un hotel en Bahía Concha, deberá cancelarse porque el proyecto no responde a la legislación ambiental vigente.

La construcción del hotel Los Ciruelos en el Parque Tayrona pasó, en cuestión de días, de contar con el permiso de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para iniciar las obras a estar a punto de ser cancelado. El motivo: la presencia de ecosistemas frágiles de bosque seco tropical en el área a intervenir.

Aunque en 2009 las instituciones involucradas (Ministerio de Ambiente, Mininterior y Parques Nacionales) aseguraron que el proyecto no afectaba los fines de conservación de esta área protegida, ahora el Minambiente y Parques reversaron su apoyo y catalogaron de inviable la construcción de las cabañas.

Amparado en un concepto entregado el año pasado por la Corte Constitucional, que indica que se le podría retirar la licencia ambiental a un proyecto si se comprueba que afecta los ecosistemas sobre los que está planeado, el Minambiente le pidió a la ANLA estudiar la posible revocatoria de la licencia sí se comprueba (como sostiene Parques) que sí existiría esa vulneración.

Mientras la ANLA autorizó el inicio de las obras sin que el Ministerio de Ambiente conociera los detalles de esta decisión (hay que tener en cuenta que la autoridad de licencias es autónoma), Parques Nacionales dice que llevaba un año advirtiéndole a la ANLA sobre el impacto ambiental del proyecto, sin recibir respuesta. Sin embargo la directora de la ANLA, Luz Helena Sarmiento, le sostuvo a El Espectador que durante meses la autoridad ha mantenido reuniones con Parques para evaluar el proyecto Los Ciruelos. No obstante, hasta el momento en que se le volvió a dar vía libre a la construcción (el pasado diciembre, después de estar suspendido un año por problemas con una exploración en zona no autorizada), la Autoridad no emitió concepto alguno sobre estos riesgos.

En la mañana de este viernes el presidente Juan Manuel Santos sostuvo, a través de Twitter, que la prioridad del Tayrona es la conservación y que “el bosque seco no se puede afectar”, lo que confirma que los planes de la empresa Reserva Los Ciruelos S.A.S se encuentran en el limbo y pone en evidencia la desarticulación que ha existido entre las autoridades ambientales.

¿Cuál será el paso a seguir?
El Espectador consultó a tres expertos en políticas ambientales sobre cuál sería la salida al caso Los Ciruelos. Coincidieron en que los cambios que ha tenido la normativa ambiental del país en los últimos años, transforman tajantemente las reglas del juego pactadas en 2009. También están de acuerdo en que la cancelación de la licencia es inminente.

Carlos Costa, exministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (2007-2010)

“En 2009, sabiendo que el ecoturismo está permitido en el Parque, se entregó el permiso de construir teniendo en cuenta que ésta es una intervención menor. Lo que ocurre ahora es que no se puede hacer absolutamente nada porque se exige la total protección del bosque seco. Con este panorama diferente lo menos que se puede hacer es revocar esa licencia, ya que la Corte determina que no se puede intervenir el Parque si se afecta su cobertura vegetal.
En el tema ambiental no hay derechos adquiridos. La norma permite modificar o revocar una licencia si aparece una nueva legislación que lo obligue. Es completamente legal que se revoque y los empresarios no tendrían nada qué pelear. La ley protege al medio ambiente por encima de todo. Quizá vendrán demandas por daños y perjuicios por parte de la compañía, pero será poco lo que se podrá hacer”.

Gloria Amparo Rodríguez, directora de la especialización en Derecho Ambiental de la Universidad del Rosario

“Todos debemos cumplir con la función ecológica que determina el artículos 7 y 8 de la Constitución. Bajo este principio la licencia debería ser revocada teniendo en cuenta, además, que no se realizó el trámite de consulta previa con las comunidades indígenas que hoy es obligatorio.
Pero también hay que centrar los ojos sobre los funcionarios que no cumplen con su deber. Que en su momento no hicieron una evaluación adecuada. ¿Dónde está la responsabilidad de estos funcionarios? ¿Cómo así que las autoridades ambientales hasta ahora saben que existe ese bosque? ¿Dónde quedaron las visitas reglamentarias que deben hacer a las zonas?”

Rodrigo Negrete, abogado especialista en derecho ambiental

“En las áreas de Parques Nacionales solamente se pueden realizar las actividades permitidas en la norma: el Código de Recursos Naturales, el Decreto 622 de 1977 y el plan de manejo adoptado para cada área.

Por lo tanto, las licencias ambientales que se pueden otorgar en el Tayrona, solamente pueden ser de actividades permitidas. En este caso, no era factible actualizar la construcción de cabañas pues incluye la realización de actividades prohibidas en el Parque, como la tala, la excavación, la generación de residuos sólidos y líquidos (vertimientos) y la construcción de hoteles. Estas prohibiciones están expresas en el Decreto 622 de 1977. Esto lo reiteró la Corte Constitucional recientemente a través de la Sentencia C-746 de 2012.

La licencia ambiental no puede convertirse en una patente de corso para autorizar actividades prohibidas. En ese sentido, la ANLA debe proceder a revocar la licencia ambiental otorgada o, en últimas, demandar su propio acto por ser violatorio de la Constitución y de la Ley”.