Limbo jurídico y matrimonio

Las parejas del mismo sexo pueden acudir ante un notario o juez civil a solemnizar su vínculo mediante un contrato solemne.

Desde hoy, las palabras de la Iglesia católica en el sentido de que las parejas del mismo sexo no tienen derecho a formalizar sus uniones pasarán a la historia como un eco de otro tiempo, como cuando en 1934 las mujeres tenían tarjeta de identidad y los hombres cédula de ciudadanía. A partir de este momento, estas parejas pueden acudir ante un notario o juez civil municipal a solemnizar su vínculo mediante un contrato, porque se vence el plazo que la Corte Constitucional le dio al Congreso, para que reglamente estas uniones.

El problema, por lo pronto, es que ante el silencio parlamentario sobre el tema, la decisión del alto tribunal dejó dos senderos posibles: habrá notarios y jueces que celebren un contrato de matrimonio, aplicando las leyes vigentes, y quienes celebren un contrato, con cláusulas que sean lo más parecidas a las de un matrimonio. Así, lo reconocieron en la misma sentencia, en su salvamento de voto, los entonces magistrados María Victoria Calle, Juan Carlos Henao, Jorge Iván Palacio y Luis Ernesto Vargas.

Es previsible, entonces, que se congestionen los juzgados civiles municipales por cuenta de la avalancha de tutelas y solicitudes de casamiento que interpondrán las parejas del mismo sexo, que no dudarán en pedir matrimonio a secas. Pero también se espera que este interrogante sin respuesta vuelva a tocar las puertas de la Corte Constitucional, que no fue ambigua al decir que las parejas del mismo sexo constituyen familia y tienen limitaciones jurídicas para protegerlas.

Por lo pronto, el escenario se ha enrarecido aún más por cuenta de las declaraciones del procurador general, Alejandro Ordóñez, que se ha negado de manera tajante a que las parejas del mismo sexo sean casadas. Ordóñez ha dicho que los notarios no pueden ni deben celebrar matrimonios entre parejas del mismo sexo, porque “no tienen instrumentos constitucionales, legales ni jurisprudenciales para hacerlo”, y que los podría sancionar por ello. El superintendente de Notariado, Jorge Enrique Vélez, dejó abierta esta posibilidad cuando dijo que el procurador tiene poder preferente para sancionar a los notarios. Si la fórmula disciplinaria no funciona, Ordóñez ha dicho, además, que los notarios podrían alegar objeción de conciencia y no celebrar estas uniones, porque esto “podría chocar contra la conciencia”. En el mismo tono, la Iglesia católica ha dicho que los notarios católicos que casen parejas del miso sexo estarían en flagrante pecado.

En medio de este limbo jurídico, de sanciones y excomulgación, es que el presidente de la Unión Colegiada de Notarios, Álvaro Rojas, ha propuesto el contrato de Unión Solemne, únicamente para parejas del mismo sexo; una manifestación contractual que pretende producir efectos jurídicos frente a las partes, pero que no tiene la palabra matrimonio por ningún lado y, como el mismo Rojas ha dicho, trae dificultades jurídicas evidentes, porque no regula todos los asuntos de familia. Las organizaciones LGBTI han insistido en que no permitirles que se casen por el contrato vigente es una forma de segregación, un apartheid jurídico, y por eso han manifestado su rechazo a esta fórmula y han dicho que es preferible continuar unidas libremente, porque tienen más derechos reconocidos.

En diálogo con El Espectador, María del Pilar Arango, presidenta de la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia, cree que este contrato de Unión Solemne sí genera incertidumbres jurídicas, porque no está regulado por la ley y no obliga a los contrayentes a cumplir con sus responsabilidades. Señala, también, que es un “híbrido” que fomenta la discriminación, porque señala inmediatamente a las personas homosexuales, cuando en cualquier documento, en la casilla de estado civil, se escriba ‘solemnizado’.

Arango, sin embargo, entiende a los notarios y dice que están amarrados para celebrar matrimonios, porque falta una ley que los blinde, y la Corte Constitucional declaró constitucional el artículo 113 del Código Civil, que define el matrimonio entre un hombre y una mujer. Además, no son jueces y, por tanto, no tienen la autonomía para interpretar leyes y sentencias. También, es clara cuando señala que los notarios no pueden alegar objeción de conciencia, contrario a lo que ha querido exponer el procurador Ordóñez.

Afirma que al respecto la jurisprudencia de la Corte Constitucional es muy precisa, y ha dicho que las autoridades judiciales y notariales no pueden excusarse en la objeción de conciencia, para negarse a dar trámite a una petición legítima. Aunque la objeción de conciencia es un derecho, el funcionario tiene que ceder, para darle paso a un derecho fundamental, y su acción no es un favor, sino una obligación.

Mientras el debate se acrecienta, desde hoy las parejas del mismo del sexo que quieran formalizar sus uniones llevarán a las notarías del país un documento en el que piden que los casen bajo la figura matrimonial. Es la contrapropuesta que la ONG Colombia Diversa le hace al contrato que propone la Unión Colegiada de Notarios. Cuando el notario se niegue a celebrar esta unión, las parejas entutelarán este derecho ante los estrados. El Espectador conoció también la respuesta del Consejo Superior de la Judicatura a un derecho de petición que hizo Martha Lucía Cuéllar, la misma que defendió en el Congreso el matrimonio igualitario desde hace unos meses. El documento señala que los jueces civiles municipales y promiscuos municipales deberán darle curso a las solicitudes de matrimonio que hagan las parejas del mismo sexo, “con el fin de formalizar y solemnizar estas uniones”.

El escenario más próximo parece ser el siguiente: habrá parejas del mismo sexo que exigirán que los casen y ante la negativa entutelarán sus derechos. Habrá otros que irán directamente a los juzgados civiles con el documento del Consejo Superior de la Judicatura, exigiendo matrimonio. Entre tanto, seguirá el ojo vigilante de la Procuraduría General y los duros reclamos de la Iglesia católica. Producto de esta polémica, los despachos judiciales seguirán congestionándose, porque no darán abasto con los requerimientos.