A liquidar 28 sociedades en caso Interbolsa

La Superintendencia de Sociedades decretó la liquidación de 28 sociedades y del patrimonio de 31 personas naturales en el caso del Fondo Premium de Interbolsa, con el fin de “procurar el pago a los afectados y acreedores, en la medida que existan los activos disponibles”, según informó el ente de vigilancia.

Entre las personas naturales de la lista están Juan Carlos Ortiz, Tomás Jaramillo y Víctor Maldonado, fundadores y beneficiado del fondo, respectivamente. Rentafolio Bursátil y Financiero S.A.S. forman parte de las sociedades que entran a liquidación.

El superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, aseguró que aquellos acreedores que no han sido reconocidos pueden aún presentarse en el proceso liquidatorio y, conforme a la ley, podrán ser reconocidos.

El grupo actual de 1.028 afectados reclama un total de $320.000 millones. Si bien, según dijo el otrora interventor y ahora liquidador de las 59 entidades, Alejandro Revollo, el inventario preliminar dio cuenta de cerca de $410.000 millones sólo en activos entre créditos e inmuebles, 50% de esos créditos son una cartera de difícil recuperación. “Corresponde a cuentas cruzadas entre los mismos intervenidos sin documentación contable o pagarés que puedan justificar el cobro de esas obligaciones”, explicó Reyes.

Aún no se sabe cuánto podría tardar todo el proceso, pero Reyes aseguró que los que tienen prelación en el pago son los inversionistas que confiaron sus recursos al fondo. Luego vendrán otros acreedores, como proveedores. Sobre la composición del activo se sabe que hay acciones en la sociedad Archie’s de Colombia, en el Hotel Santa Clara, en Azul y Blanco Millonarios F. C. y Fabricato.

Respecto a la posibilidad de que antes o durante el proceso de intervención haya habido traspaso de activos que podrían satisfacer las deudas, fuentes cercanas al proceso aseguraron que la Superintendencia tendría la facultad de reversar ese tipo de operaciones. La Fiscalía, por su parte, entraría a indagar si la plata del fondo terminó en manos de familiares o personas cercanas a los procesados para determinar si se realiza o no una extinción de dominio.