Los días de El Independiente

Hace 60 años, en tiempos de censura de prensa y dictadura, el reemplazo de El Espectador que fue cerrado, comenzó a circular El Independiente, que escribió su propia historia.

Hace 60 años, el 20 de febrero de 1956, comenzó a circular el periódico El Independiente, opción que adoptaron los propietarios de El Espectador para hacerle frente a la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla que había forzado su cierre. Aunque 45 días después de su fundación, ya El Independiente sufría los rigores de la censura de prensa, fueron días de lucha infatigable por la libertad de prensa y el derecho de los periódicos a informar sin mordaza. 
 
Para referir en contexto estos acontecimientos, necesariamente hay que volver a los momentos de transición entre el gobierno de Laureano Gómez y régimen militar de Gustavo Rojas Pinilla. La violencia política entre conservadores y liberales arreciaba, la censura de prensa estaba al orden del día, y un grave antecedente enturbiaba el mundo del periodismo: el incendio de El Tiempo y El Espectador, perpetrados por vándalos en septiembre de 1952. 
 
Cuando Rojas Pinilla asumió el poder en junio 1953, a través del que denominó el dirigente liberal Darío Echandía como “Un golpe de opinión”, su propuesta de que cesara la violencia política creó expectativas frente a la censura de prensa. Por eso, la primera reacción de El Espectador, en cabeza de su director Guillermo Cano fue pedirle a Rojas, no un trato privilegiado para la prensa, sino un examen juicioso sobre la inconveniencia de la censura. 
 
Sin embargo, la respuesta del entonces Jefe la Oficina de Información y Propaganda de la Presidencia (Odipe), Jorge Luis Arango, fue la expedición de un decreto a través del cual las labores de la censura pasaban al Comando General de las Fuerzas Armadas. En pocos días, los periódicos El Siglo de Bogotá y El Colombiano de Medellín, ya sufrían los rigores de la censura y el cierre, pues el nuevo gobierno no mostró interés en la libertad de prensa. 
 
La reacción de los periodistas fue convocar a una asamblea que se reunió a partir del 29 de octubre de 1953 en Bogotá, para discutir qué hacer frente a la embestida del gobierno. Con la asistencia de 130 delegados del país, la Asamblea de Periodistas vivió momentos de contraste. Como el gobierno  Rojas, en una hábil estrategia política, optó por levantar la censura mientras deliberaba la Asamblea, el gesto sirvió para dividir a los delegados. 
 
Una noche, un grupo de los asistentes, creyendo que la decisión de Rojas debía ser correspondida, decidió llevarle una serenata al Presidente. Esa acción generó el rechazo de otro grupo de periodistas, entre ellos Guillermo Cano, quien criticó lo sucedido. Entre acuerdos y desencuentros, la Asamblea de Periodistas terminó el 4 de noviembre de 1953, sin que el Gobierno se comprometiera a una nueva política respecto a los periodistas. 
 
Por el contrario, en enero de 1954, expidió un nuevo decreto prohibiendo a los periódicos la información de violencia política, y exigiendo además respeto total por el jefe del Estado, las instituciones y otros gobernantes. La Comisión Nacional de Prensa, creada para tratar de mediar con el Gobierno, quedó atenta a la evolución de los hechos. Y pronto le correspondió a El Espectador tener que enfrentar los abusos de ese decreto. 
 
El 11 de mayo de 1954, por disposición oficial, se redujo a 30 días de prisión al corresponsal de El Espectador en Quibdó, departamento de Chocó, Primo Guerrero. El periodista había escrito que el paupérrimo presupuesto departamental se había utilizado para dotar de vehículos a un puñado de funcionarios públicos. Primo Guerrero fue capturado por agentes del SIC (Servicio de Inteligencia Colombiano), y desde Bogotá empezó su defensa. 
 
En 15 días, Primo Guerrero estaba libre, pero las relaciones entre la prensa y el gobierno habían entrado en una vía de contrariedades. Primero fue la censura para tratar de que la opinión pública no comprendiera la gravedad de la matanza de los estudiantes que cayeron abatidos en plena carrera séptima con Avenida Jiménez entre el 8 y 9 de junio de 1954, y después otro decreto, esta vez para reglamentar la supuesta defensa contra la injuria. 
 
El decreto se basaba en que, según funcionarios del gobierno Rojas, varios periódicos oficiaban como los principales instigadores de la violencia política. Entre tanto, el ejecutivo se hizo extender su poder hasta 1958, y las normas de Estado de Sitio impedían que los diarios o la radio informaran sobre lo que estaba sucediendo en la región del Sumapaz, especialmente en la zona de Villarica, Tolima, donde la confrontación armada era un asunto cotidiano. 
 
El 30 de julio de 1955, el presidente Rojas viajó a Quito (Ecuador), y al ser interrogado por los periodistas sobre lo que él pensaba sobre el asesinato del periodista Emilio Correa Uribe y su hijo ocurridos dos semanas atrás, el primer mandatario contestó que había sido una riña en la carretera entre Pereira y Cali. Al día siguiente, El Tiempo envió una comunicación al periódico ecuatoriano El Correo, para desmentir lo que había dicho Rojas Pinilla. 
 
En dicha misiva, el director de El Tiempo aclaraba que el asesinato del director del Diario de Pereira, Emilio Correa Uribe y de su hijo, realmente había sido perpetrado por los “Pájaros” que tenían asolado al Valle del Cauca.  El gobierno reaccionó exigiéndole a El Tiempo rectificación y una disculpa pública al Presidente. El periódico capitalino no lo hizo y el 4 de agosto de 1955  el gobierno Rojas ordenó su cierre definitivo. 
 
Aunque seis meses después empezó a circular el periódico Intermedio para reemplazar a El Tiempo, ya era claro que el cero de la censura de seguía estrechando. Por esta razón, a instancias de la Comisión Nacional de Prensa, se constituyó un Fondo Pro Libertad de Prensa, para auxiliar a aquellos periódicos que estaban siendo afectados por el gobierno Rojas. Como uno de los promotores de ese fondo fue El Espectador, pronto llegaron las represalias. 
 
El 20 de diciembre de 1955, a través de la resolución 062, el director nacional  de información y prensa, Jorge Luis Arango, sancionó a El Correo de Medellín y El Espectador de Bogotá con sendas multas de $10.000. El gobierno Rojas argumentó que ambos periódicos habían quebrantado la norma que prohibía la publicación de hechos que afectaban el orden público, y lo consideraba un estímulo para exacerbar la violencia política. 
La respuesta de El Espectador fue doble. Se negó a apelar la resolución expedida por el Gobierno y, en contraste, el codirector Gabriel Cano publicó un editorial titulado “El tesoro del pirata”, a través del cual rechazó la medida del Gobierno e hizo un recuento de los agravios, multas o sanciones de cárcel por decreto que la dictadura estaba aplicando para desconocer  la libertad de prensa y atacar a los periodistas. 
 
El gobierno Rojas replicó con una medida aún más temeraria. A través de la resolución 7130, la Dirección Nacional de Impuestos le impuso a El Espectador una multa de $600.000 porque supuestamente, en su declaración de renta de 1953, había omitido informar algunos de sus ingresos. Gabriel Cano quiso contestar con un nuevo editorial titulado “La isla del tesoro”, para refutar las cuentas del gobierno, pero fue censurado. 
 
En consecuencia, ese enero de 1956, El Espectador presentó un alegato jurídico para oponerse a la multa y suspendió sus ediciones. Como quiera que la empresa tenía que continuar porque los empleados aguardaban sus salarios, sus propietarios comenzaron a adelantar gestiones para obtener del Ministerio de Gobierno la autorización de una nueva publicación. No obstante, el ejecutivo se negó sistemáticamente a permitirlo. 
 
Primero se tramitó un permiso para publicar el periódico La Idea, tal como se llamó el primer impreso que tuvo Fidel Cano Gutierrez a finales del siglo XIX. Después se presentó una nueva solicitud a nombre de La Consigna. Tampoco fue autorizada. Entonces el expresidente Alberto Lleras Camargo, a nombre de El Espectador, tramitó una tercera solicitud, esta vez con el nombre de La Correspondencia. La respuesta fue el silencio oficial. 
 
Finalmente,  “Dos leales soldados de la vieja guardia” como los denominó Gabriel Cano presentaron una nueva solicitud de registro a nombre de El Independiente. Esos promotores fueron José Salgar y Darío Bautista, quienes hace 60 años emprendieron la aventura de El Independiente, aunque dos semanas después cedieron la dirección a Lleras Camargo. Mes y medio después, El Independiente ya soportaba la censura y el cierre. 
 
En medio de las vicisitudes, y mientras El Independiente afrontaba apremios, El Espectador servía de plataforma para organizar la resistencia. Lleras Camargo fue nombrado jefe del Partido Liberal y comenzó a oficiar en las mismas instalaciones donde operaban El Espectador, El Independiente, y otra publicación que sirvió para aguantar la embestida de la censura: Graficarte, un impreso comercial pero hecho con factura periodística. 
 
Diez meses duró suspendido El Independiente, y solo pudo regresar hasta febrero de 1957, esta vez bajo la dirección de Guillermo Cano. Un mes después, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca constató las arbitrariedades contenidas en la multa impuesta a El Espectador en enero de 1956, y anuló la resolución correspondiente. Ya entonces la resistencia civil contra la dictadura era un hecho y los días de Rojas Pinilla en el poder estaban contados. 
 
El 10 de mayo de 1957 Rojas se vio forzado a renunciar y entregó el poder a una junta militar. “Nunca seis días fueron más fecundos y acaso más gloriosos para Colombia que los de la primera semana de mayo de 1957”, quedó escrito en el editorial de El Independiente para reseñar la importancia de esa victoria ciudadana. No obstante, 16 días después, el 26 mayo de 1957, la sede de El Independiente y El Espectador fue atacada con una carga de dinamita. 
 
Sin embargo, ni el fanatismo ni la violencia impidieron que la libertad de prensa recobrara su destino histórico. El 18 de julio de 1957 volvió a deliberar el Congreso Nacional de Prensa, los periódicos recobraron su dinamismo y comenzó a escribirse una nueva historia. El Independiente circuló hasta el primero de junio de 1958, fecha en que reapareció El Espectador. Fueron 29 meses de ausencia, bien reemplazados por un periódico que mantuvo el norte de su independencia.