Los horrores de Pueblo Bello

Familiares de 43 personas desaparecidas por paramilitares de Fidel Castaño han vivido un viacrucis durante 23 años, al punto de esconder osamentas en una fosa común para que no se las robaran. La Fiscalía indaga la responsabilidad de los militares en los hechos.

Las víctimas de las 43 desapariciones forzadas de Pueblo Bello exigen que la justicia encuentre los demás restos.    / Foto: Erik Arellana Bautista
Las víctimas de las 43 desapariciones forzadas de Pueblo Bello exigen que la justicia encuentre los demás restos. / Foto: Erik Arellana Bautista

“Cuando llegamos al Hospital San Jerónimo de Montería encontramos veintipico de cadáveres tendidos en el suelo, con lo que les quedaba de ropa pegada a los huesos. Ellos se llevaron a tres hijos míos, pero en el hospital sólo pude reconocer al menor, a José Encarnación, que tenía 17 años. No dimos con los hijos mayores, ni con Diomedes, que tenía 27 años, ni con Urías, que tenía 26. A José Encarnación lo reconocí por el pantalón, pero el cadáver no tenía cabeza. Mi esposo no fue capaz de entrar al hospital, él es muy sentimental y se muere de dolor de saber que sus hijos, que nunca tuvieron problemas, hayan muerto tan absurdamente”.

Esos son los recuerdos que la barbarie de la casa Castaño dejaron en la mente de María Mercedes Orozco, una campesina de Pueblo Bello. A este corregimiento de Turbo (Antioquia) arribaron en la noche del 14 de enero de 1990 unos 60 integrantes de ‘Los Tangueros’, secuestraron a 40 hombres y los desaparecieron. Los tres hijos de María Mercedes, evangélicos como sus padres y sus otros nueve hermanos, estaban en la Iglesia Presbiteriana cuando los ‘paras’ llegaron al casco urbano de Pueblo Bello. Era domingo, día de mercado, y por eso había aún mucha gente en la calle.

“A las víctimas las obligaron a ir a la plaza principal. Cuando ya iban en los camiones, a los paramilitares se les oyó gritar: ‘¡Esto es para que respeten a Los Tangueros!’”, cuenta José Daniel Álvarez. Su padre, José del Carmen Álvarez Blanco, y su tío, Cristóbal Manuel Arroyo Blanco, fueron también desaparecidos ese 14 de enero de 1990. Al igual que la familia Barrera Orozco, José Daniel no recibirá los restos de sus familiares hasta los próximos días. Entre el 6 y el 13 de abril próximos. Se entregarán los despojos de siete víctimas, mientras que de esas ceremonias 36 familias saldrán con las manos vacías.

Álvarez tiene cinco hermanos y tenía 19 años cuando el conflicto se hizo su realidad: “El primer año fue muy duro. No salíamos de la casa. Decían que iban a volver, que Fidel Castaño los había echado a los leones de su finca, que los tenían trabajando. Jugaban con nuestro dolor”. “Decían que los habían masacrado y echado al río, que los habían enterrado, que los habían echado a unos hornos”, relata Katy Fuentes. Ella es la hija de Wilson Fuentes, un campesino que sostenía a su familia con lo que producía su finca de dos hectáreas en la vereda El Sinaí, que había comprado seis meses antes de las desapariciones.

Al día siguiente de la incursión paramilitar los habitantes de Pueblo Bello se reunieron a hacer una lista de los faltantes, la cual terminaron de consolidar un par de meses más tarde con ayuda de habitantes de las distintas veredas. Así concluyeron que 40 personas habían corrido un destino aciago. La razón por la que se habla de las 43 víctimas de Pueblo Bello fue esclarecida por la Fiscalía: las otras tres víctimas eran los conductores de un par de camiones que ‘Los Tangueros’ se robaron para secuestrar a los campesinos y a un ayudante. De cualquier modo, entre enero y abril de 1990, alrededor de los desaparecidos no circulaban más que rumores y especulaciones.

Parte de esa zozobra terminó en la Semana Santa de 1990, entre el 10 y 14 de abril: Rogelio Escobar Mejía, alias Relámpago, desertó de ‘Los Tangueros’ y le entregó al DAS la ubicación de varios cuerpos de los desaparecidos que estaban enterrados en Las Tangas, la finca de Fidel Castaño. Funcionarios de dos juzgados de instrucción criminal, uno de Medellín y otro de Montería, se orientaron con esas coordenadas y, según consta en el expediente, se hallaron los restos de unas 24 personas. Éstos fueron llevados al Hospital San Jerónimo de Montería, donde seis fueron identificados por sus familias con base en las prendas de vestir.

Sobre las exhumaciones que se realizaron en la finca Las Tangas, las víctimas tienen una versión: que los funcionarios de los juzgados de instrucción criminal las llevaron a cabo con excavadoras y por eso los cuerpos llegaron al Hospital San Jerónimo en pedazos. La Fiscalía, sin embargo, ha podido determinar que fue Fidel Castaño quien hizo exhumaciones con retroexcavadoras aunque, en realidad, no se sabe cómo los agentes del Estado procedieron: “No podría decir con certeza cómo se hizo la exhumación, no hay fotografías de las diligencias. Lo que sí es claro es que los cuerpos estaban destrozados”, manifestó la fiscal Adria Gómez.

Esta funcionaria encabeza los cuatro actos protocolarios que se harán entre el 6 y el 13 de abril para entregar los restos de las víctimas. Gómez, la fiscal de Derechos Humanos que maneja este expediente desde hace siete meses, considera que para las víctimas puede haber sido demasiado impactante ver a sus seres queridos tan destrozados: “Al cogerlos se desmembraban”. Cree que su decepción podría derivar de que, por el clima de la zona, los cadáveres se descompusieron muy rápido y que “en esa época no existía la Fiscalía ni el CTI. No había representación de autoridades judiciales y ellos dejaron de confiar en el Estado”.

El panorama en el Hospital San Jerónimo era devastador. “Eso era un bulto de huesos y tejido blando, el olor era impresionante”, relata José Daniel Álvarez. Trabajadores del centro médico les indicaron a los familiares que sólo podían llevarse los restos de las personas que se hubieran podido identificar. Así las cosas, los familiares se llevaron las osamentas de seis personas “en un camioncito”, recuerda doña Mercedes Orozco. Pero ella, que ha hecho luto por cuatro de los 12 hijos que trajo al mundo —uno murió de dengue—, no se pudo llevar los restos de José Encarnación: “No sabemos cómo fue eso. Sólo llorábamos y no nos dieron razón de más nada”.

Los enterraron en el cementerio de Pueblo Bello, en una fosa común que se volvió un secreto compartido por los familiares de los 43 desaparecidos: la tumba no tenía nombres ni más señas que un círculo. Otros familiares de las víctimas, cuyos nombres pidieron que se omitiera, le dijeron a este diario que la decisión se tomó después de ver que miembros del Ejército habían llegado a militarizar el pueblo un día después de la irrupción de los hombres de Castaño. “Nos daba susto que de pronto los militares o los paramilitares sacaran los restos y ahí sí nos quedáramos con nada”, señala uno de ellos.

La investigación

Para la justicia colombiana el expediente de Pueblo Bello se volvió prioridad cuando el caso llegó al sistema interamericano. En 2005, un año antes de que la Corte Interamericana —que desde 2006 ha insistido que hay una obligación oficial de encontrar a los desaparecidos— condenara al Estado colombiano por estos hechos, la Fiscalía conformó un grupo interinstitucional con el objetivo de establecer qué había ocurrido ese 14 de enero de 1990; quiénes eran los responsables y dónde estaban las demás víctimas. “No desistimos ni podemos desistir hasta no saber con certeza”, le dijo a este diario la fiscal que ahora maneja el expediente, Adria Gómez.

Las diligencias sobre el caso de Pueblo Bello han permitido saber, por ejemplo, que Fidel Castaño planeó milimétricamente la desaparición de los 40 habitantes de este corregimiento. Para la Fiscalía, el motivo para haber cometido este crimen de lesa humanidad fue, como lo indican las víctimas, una especie de venganza por unas reses que el Epl, la guerrilla que entonces dominaba ese territorio, le robó a Fidel Castaño. Las víctimas aseguran que Castaño ordenó la desaparición de 40 habitantes para equiparar el hurto de 40 de sus animales. El organismo investigativo señala que no es posible establecer con tanta exactitud cuántas reses fueron robadas, pero sí ha confirmado que el hurto ocurrió.

El Epl, indica la Fiscalía, se apropió de las reses y pasó por Pueblo Bello “como Pedro por su casa” hasta llegar a una vereda. Eran tiempos en que el Epl y las Farc, predominantes en el Urabá, se habían convertido en los principales enemigos de la casa Castaño. “Pero la gente no tenía por qué tener control sobre ese grupo insurgente que transitaba por la zona para entonces”, reclama José Daniel Álvarez. Excolaboradores de Castaño le han contado a la justicia que la gota que rebosó la copa no fue precisamente el robo del ganado, sino que el grupo guerrillero asesinó a uno de sus administradores y mano derecha, Humberto Quijano.

Lo que la Fiscalía ha encontrado, además, es que Fidel Castaño calculó todo el ‘operativo’ de tal manera que las pesquisas judiciales difícilmente avanzarían. Trajo a hombres de diferentes zonas; así, si alguien era detenido, no podría delatar a quienes con él ejecutaron el crimen. Las instrucciones también fueron variadas: mientras a unos les ordenaron que retuvieran a personas aleatoriamente, para otros el mandato fue plagiar a quien tuviera “cara de guerrillero”. La Fiscalía admite que “por supuesto, todas estas maniobras dificultaron la investigación. Uno podría pensar que los implicados estaban mintiendo, pero no, Castaño lo hizo a propósito”, agrega Gómez.

Además, según las confesiones de antiguos miembros de ‘Los Tangueros’, Castaño solicitó en dos ocasiones que se exhumaran cuerpos de víctimas de Pueblo Bello, sabiendo que alias Relámpago ya había dado información a las autoridades. “En esa época el criterio de la Corte Suprema era que no se podía imputar a nadie por homicidio si el cuerpo no estaba —explica la fiscal Gómez—. Y eso Castaño también lo tuvo en cuenta. Antes de que un grupo élite de la Policía llegara a la finca Las Tangas, en abril de 1990, Castaño había ordenado la exhumación de muchos cuerpos. Nos dicen que fueron arrojados por un acantilado al río, bajo la premisa de que lo que se llevaba el río nunca volvía a aparecer”.

Sólo hasta el año 2011 los familiares de las víctimas pudieron revelarle al organismo investigativo la ubicación de la tumba con los restos de seis de los desaparecidos, “a donde íbamos todos los familiares, como si allí estuvieran enterrados todos los nuestros”, cuenta José Daniel Álvarez. La Fiscalía ya había llevado a cabo pesquisas en un cementerio de Montería, en donde se encontraron los despojos —a ciencia cierta— de una víctima más y la costilla de otra, que podría ser del hijo menor de doña Mercedes Orozco, José Encarnación Barrera. “La tecnología que tenemos hasta este momento no nos permite establecer si es él. Estamos buscando otras metodologías para averiguarlo”, dice la fiscal Gómez.

La funcionara sostiene que la prioridad de la entidad es esclarecer el paradero de las 36 víctimas restantes. Para ello han contado con declaraciones de exparamilitares, de residentes del Urabá y hasta de sepultureros de cementerios de la región. Los obstáculos, no obstante, son notorios: los recuerdos se desvanecen, los referentes desaparecen —el árbol fue talado, la quebrada ya no está en el mismo lugar— y encontrar a las otras 36 víctimas se hace cada vez más complicado. Además, algunos de los testigos del proceso han sido amenazados, así como sus familias, y, en el momento en que las intimidaciones tocan la puerta, la colaboración con la justicia termina.

Un total de 17 exparamilitares han sido condenados por estos hechos. La última sentencia se produjo el pasado 8 de marzo en contra de Jorge Victoria Oliveros, a quien la Fiscalía señaló como el ‘coordinador de ley’, es decir, la persona que tenía contactos con la Fuerza Pública. Él ha negado ese cargo y no ha querido decir palabra alguna. La Fiscalía archivó los procesos de 30 partícipes de este crimen al establecer que murieron. Desde 2008 se ha estado enfocando en determinar qué miembros de la Fuerza Pública estaban en la zona ese día, labor que no ha sido nada sencilla: los expedientes se pierden, se queman en incendios, dejan de existir. El Espectador conoció que algunos altos oficiales en retiro están particularmente en la mira de las autoridades. Pero sus nombres se los reserva este diario para no afectar la investigación.