A los líderes sociales de Antioquia la paz les está costando la vida

Cortesía Proceso de garantías defensores de Antioquia

Si para denunciar la crisis de Derechos Humanos que viven las comunidades del Norte y Bajo Cauca antioqueño los líderes de organizaciones sociales de la región deben ocultar sus rostros con siluetas en una rueda de prensa, ya hay una muestra clara de la alarmante situación de seguridad en esas regiones.

Un panorama que no es reciente y sobre el que han alertado varias veces organizaciones como Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y el Proceso Social de Garantías para la Labor de los Defensores de Derechos Humanos, Líderes y Lideresas Sociales de Antioquia. De ahí que la preocupación principal siga siendo la falta de acción de las autoridades sobre todo frente al fenómeno de recomposición en el territorio de grupos afines al paramilitarismo, cuyos enfrentamientos han ocasionado este año desplazamientos masivos de comunidades indígenas y campesinas. Solo en el municipio de Cáceres 1.500 personas tuvieron que dejar sus viviendas por cuenta de amenazas y de enfrentamientos constantes entre las estructuras paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia- AGC y el denominado grupo de Los Caparrapos.

Por eso este jueves 15 de marzo, al hacer nuevamente un llamado ante la crisis humanitaria que se registra en estas subregiones del departamento, los líderes sociales se vieron obligados a ocultar sus rostros. Y las cifras explican su temor: en la zona del Norte y Bajo Cauca, durante 2017, se presentaron cuatro homicidios contra líderes sociales y en lo que va corrido de 2018, estas dos subregiones registraron 11 ataques contra defensores y defensoras, entre ellas 2 homicidios, los cuales ocurrieron en Cáceres y Caucasia.

A eso se suma que se han registrado ocho casos de amenazas contra líderes pertenecientes a procesos organizativos que, para las organizaciones denunciantes, "muestran el alto nivel de vulnerabilidad que enfrentan las personas que se han organizado para exigir sus derechos y la defensa del territorio".

En municipios como  Tarazá, Valdivia, Anori e Ituango -por ejemplo- las Autodefensas Gaintanistas de Colombia incluso han llamado a los líderes sociales y comunales para "exigirles copias de actas de sus reuniones, realizar censos poblacionales y los obligan asistir a reuniones con sus mandos para dar a conocer “las nuevas reglas” que deben ser acatadas por todos los y las habitantes. Se han presentado seguimientos a líderes por parte de paramilitares en los municipios de Yarumal, Valdivia y Briceño".

El complejo fenómeno fue expuesto incluso el pasado 7 de marzo en una  alerta temprana inminente emitida por la Defensoría del Pueblo en la que se explicaba que el tema había adquirido tales dimensiones que ya involucraba a grupos y narcotraficantes nacionales e internacionales (Carteles mexicanos), que "en asocio con estructuras de narcotráfico del Valle de Aburrá, estarían tomando el control de negocios ilegales, en especial para obtener ganancias en toda la cadena del narcotráfico: desde la pretensión de manejar los réditos que se pudieran generar en la estabilización de los flujos de producción de la pasta de coca y las rutas de movilidad, en especial en territorios abandonados por las Farc, hasta el control del narcotráfico al menudeo".

De acuerdo con Nodo Antioquia y el Proceso Social de Garantías, los enfrentamientos entre los ilegales están generando un gravísimo nivel de afectación a las comunidades que se encuentran en las zonas de disputa. En Ituango, denuncian,  existe una alerta de riesgo por el posible desplazamiento de 338 indígenas por conflictos entre las disidencias de las Farc y las AGC.

"A esto se suma los confinamientos de la población y un control territorial que impide la libre movilidad de los habitantes, en especial en horas de la noche, ejemplo de esto, es la prohibición que impusieron los paramilitares en los territorios:  Ituango: Corregimiento del Aro, Corregimiento de Santa Rita y Corregimiento la Granja. Tarazá: En los 5 corregimientos, con especial situación del Corregimiento de la Caucana, El Cinco, El Doce y Puerto Antioquia (Control de Fronteras) Valdivia: Puerto Valdivia", señalan.

Con un factor agravante: en algunos municipios  estas estructuras paramilitares "realizan patrullaje abierto y de acuerdo a las denuncias, se les puede ver uniformados y portando armas cortas y largas. Esto sucede pese a que existe presencia de la fuerza pública en la zona (Ejército y Policía)".

La Defensoría ha hecho diferentes recomendaciones al Gobierno para que se tomen medidas que permitan aliviar la situación de las comunidades que se encuentran en medio del fuego cruzado y que garanticen la seguridad de los líderes sociales y comunitarios que tienen procesos en esas zonas.

Por ejemplo, en una nota de seguimiento del 19 de febrero a una alerta temprana de la Defensoría, Mauricio Redondo Valencia, defensor delegado para la Prevención de Violaciones a los Derechos Humanos, señaló que el riesgo para los líderes se genera por su visibilización derivada de su rol en la organización comunitaria, y que para los grupos armados ilegales, esta labor de defensa de los colectivos sociales y protección de derechos fundamentales es vista como el desconocimiento de su autoridad violenta y una amenaza contra su presencia.

De hecho, de acuerdo con el informe de Redondo, en algunos casos los líderes pueden ser "hostigados para realizar acciones que favorezcan a uno u otro bando y no ceder ante estas presiones los expone a ser declarados como objetivo militar. En el municipio de Cáceres existen cuatro casos de líderes en esta situación de amenaza y se ha informado sobre la existencia de una lista de 10 personas que serían asesinadas por el grupo sucesor del paramilitarismo “Los Caparrapos”".

Por eso la recomendación del defensor delgado fue tomar acciones urgentes que permitieran la concurrencia del Gobierno Nacional sobre todo teniendo en cuenta que  a pesar de la respuesta institucional disponible en el ámbito regional, la dimensión del problema estaba rebasando la capacidad de respuesta local y departamental.

Para Nodo Antioquia y el Proceso Social de Garantías, es claro que el Estado debe brindar todas las garantías para proteger a las poblaciones y a los líderes que abanderan procesos sociales en la región y por ello su exigencia va dirigida a que "se cumplan e implementen los Acuerdos de Paz, entre ellos el desmantelamiento de las estructuras paramilitares" y "se investigue y sancione a los agentes del Estado que podrían tener nexos con los paramilitares, así como por conductas que por acción u omisión conlleven a graves violaciones a los derechos humanos".