Los líos del proyecto de vivienda de interés social Pinares de Oriente

Nadie se imaginaba que la ONG Corporación Casa, encargada de construir Pinares de Oriente y que en 2009 era felicitada por la Contraloría por la adecuada ejecución de otro proyecto de Viviendas de Interés Social, también en Villavicencio, hoy esté en quiebra, embargada y sea señalada como culpable de que uno de los más importantes planes en el Meta esté paralizado.Desde la firma del convenio, entre la Gobernación del Meta y la ONG, se cometieron errores que hoy, cinco años después de la supuesta fecha de inauguración, siguen sin corregirse y, por el contrario, parece ser un imposible de cumplir porque no hay dinero para ejecutarlo, pese a que ya se han desembolsado alrededor de $16.000 millones, de los $22 mil millones que costaba en un principio la construcción de las casas.

El primero de esos yerros se dio en septiembre de 2009, dos meses antes de formalizar el convenio para desarrollar el proyecto. Ese mes, el Consejo de Estado se pronunció frente a este tipo de convenios y mencionó que las entidades públicas deben determinar con precisión su objeto, términos de cumplimiento de la obra, obligaciones de las partes, aportes y coordinación. Esto no se cumplió, pues cuatro meses después de firmado el convenio no se había movido una piedra para construir las viviendas y no había informe de interventoría.

Según la ONG, el desbarajuste del proyecto se basó en la demora del Gobierno para el pago de los giros de subsidios. Más de 20 meses sin recibir un peso provocó que la Corporación se endeudara para cumplir con las obligaciones contractuales. Al no tener dinero para pagar sus deudas, fue embargada y ahora el Gobierno no puede invertir dineros públicos en un proyecto con riesgo de que esa plata se perdiera.

“Mi error fue haber hecho público mi voto por un candidato contrario al gobernador Alan Jara. Cuando hubo cambio de administración, empezaron las represalias. Desde que entró Carmelo Pérez como gerente de Vivienda del Meta, atrasó trámites como la expedición de un aval bancario que duraba 15 días, lo sacó en 18 meses”, dice Óscar Méndez, gerente de la Corporación Casa.

Esta ONG, con más de 13 años de experiencia, que tenía 100 empleados, ahora tiene sólo 10, todos con sueldos atrasados. Sin embargo, según Méndez, ya en Pinares se hicieron las obras de urbanismo y cimentación, y las casas van en un 50% de construcción.

Darío Vásquez, gobernador del Meta cuando se firmó el convenio, cree que la génesis del problema es que “por alguna razón que está por establecer” no le giraron los recursos a la Corporación y ésta entró en iliquidez, lo cual detuvo la dinámica económica que garantizaba la continuidad del proyecto. “El departamento tiene un argumento para no girar que es válido, ya que la corporación no ha podido suscribir una póliza que garantice el manejo de esos recursos”, explica Vásquez, quien hasta ahora no ha sido vinculado a investigación alguna por este caso.

Pero, como a la ONG se le declaró un incumplimiento de contrato, ninguna compañía le puede suscribir la póliza de garantía.

Algunos piensan que este problema podría ser usado como “caballito de batalla” en las campañas políticas que se avecinan, pues Vásquez es aspirante a ocupar de nuevo el cargo de gobernador, con el perjuicio para las 617 familias afectadas.

Por su parte, Carmelo Pérez, exgerente de Vivienda del Meta, dijo que durante su gestión logró que la nación girara los recursos comprometidos para Pinares de Oriente por el orden de los $6.700 millones. “Cuando se estaban ejecutando esos recursos embargan el predio donde se construía el proyecto. El error fue que el terreno estaba en cabeza de la Corporación Casa, pese a que se había comprado con dineros de la Gobernación. Cuando sucede eso, para proteger el dinero público, se da la orden de no seguir girando los recursos”, explica Pérez.

Asesores en materia de contratación dicen que por este caso la Gobernación del Meta se ha salvado de una dura sanción del Gobierno Nacional, lo cual impediría recibir subsidios de vivienda en otros planes de construcción. Mientras Corporación Casa no tiene plata, la administración departamental, desde septiembre de 2014, tiene que desembolsar mensualmente $400 mil por cada beneficiario, como subsidio de arriendo, por orden de la Corte Constitucional.

La última jugada para tratar de salvar el proyecto la hizo el gobernador Alan Jara, quien radicó una petición ante la Alcaldía de Villavicencio con el fin de que sea ésta la encargada de realizar el trámite de intervención, una herramienta que permite a las administraciones locales actuar cuando no se cumple con la ejecución de una urbanización.