Los problemas que le deja la pandemia a la economía chocoana

El desempleo en el departamento llegó al 22,5 % en marzo. /EFE

“Yo me voy a enloquecer. Desde que entró la cuarentena no he podido vender. Las cosas se me dañan y tengo que botarlas. ¿Quién le soluciona los problemas a uno?”. La pregunta la hace, en medio de la desesperación y sin haber vendido lo del día anterior, una de las vendedoras de la plaza de mercado en Quibdó. Refleja la preocupación de ocho de cada diez chocoanos que viven de la economía informal, según datos de la Secretaría del Interior departamental. Trabajadores informales que deben enfrentar una crisis económica sin precedentes por cuenta del COVID-19.

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La zozobra, producto de la falta de recursos para sostener a sus familias, ha llevado a los vendedores informales a rebuscarse el diario en medio del aislamiento preventivo, quedando expuestos a una pandemia que hasta el momento ha registrado 14.216 casos de contagios y 546 muertes en el país. Esto en medio de un panorama donde las cifras de crecimiento económico a nivel nacional recogen los efectos que ha dejado el COVID-19 con su llegada.

Fedesarrollo advirtió que en el escenario más optimista, la tasa de desempleo subiría al 16,3 %, lo que representa un crecimiento significativo teniendo en cuenta que la cifra para 2019 fue de 10,5 %. Esto implicaría que 1,4 millones de personas adicionales quedarían desempleadas. Un escenario que golpea particularmente a Chocó.

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El desempleo en el departamento llegó al 22,5 % en marzo, el más alto del país según las últimas cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Sin contar con que el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) del departamento llegó al 65 % en 2018. Cifras que son el resultado de profundas fallas estructurales que ha tenido históricamente el departamento.

“Uno de los grandes problemas que tiene el Chocó es la comercialización y los intermediarios. Es muy costoso producir en el departamento y vender en los grandes mercados de Colombia”, explica Juan Delgado, sociólogo colombiano e investigador de la politización de la desigualdad étnico-racial en Colombia. De hecho el Índice Departamental de Competitividad de la región se sitúa en 3 en un rango de 1 a 10, según el Consejo Privado de Competitividad. Además, de acuerdo con cifras del Ministerio de Comercio en 2018, la participación del departamento en el PIB nacional fue del 0,38 %.

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Los síntomas del atraso relativo del Chocó son el resultado, en buena medida, de la falta de integración del departamento a la actividad económica nacional. Esto sumado a las condiciones geográficas que afectan la productividad y aumentan los costos de transporte. Factores que subsisten, pese al paso del tiempo y al cambio de administraciones.

“El Chocó tiene el presupuesto de un municipio porque no percibe recaudo. Si usted no tiene empresas que le tributen, el recaudo va a ser muy bajo. Nosotros recibimos el porcentaje mayoritario de la percepción de recaudo por licores, cigarrillos, cervezas y juegos de azar, que son las más afectadas por el COVID-19”, sostiene Nubia Carolina Córdoba, secretaria del Interior del departamento, al señalar que el Chocó puede llegar al punto de no tener con qué hacer inversiones e incluso no tener cómo pagar nómina.

Estas dificultades se ven plasmadas en el día a día de los municipios. Para Hermenegildo González, alcalde del Bajo Baudó, si bien los pobladores se abastecen de cultivos, la falta de comunicación en las vías internas no permite potenciar la economía del municipio: “Estamos buscando ser independientes. Acá la tierra es muy buena, pero nos tienen en cuello de botella y estamos preocupados por eso”.

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En otros municipios el problema radica en las dificultades de movilización. Moisés Córdoba, alcalde de Lloró, explica que los campesinos de la zona pararon sus producciones por la falta de demanda y los altos costos de transporte. “Para ellos es costoso el combustible y los motores fuera de borda”, por lo que desde la Alcaldía están buscando alternativas, como proveer semillas para la reactivación de los cultivos y “asegurar la venta de los productos en el mercado”, dice Córdoba.

El reto está también en impulsar al campesinado, sobre todo en territorios como Acandí, en donde el 70 % de sus pobladores vive en la informalidad. “Se están generando mesas de trabajo con las agremiaciones para presentar proyectos productivos al Gobierno nacional y fortalecer el campo”, asegura Alexander Murillo, alcalde del municipio.

Si bien algunos mandatarios locales reconocen que los subsidios de Familias en Acción y Adulto Mayor son cruciales en medio de la emergencia sanitaria, dicen que los planes de desarrollo municipales están en riesgo. “Con el Concejo tengo que hacer un colador para saber qué es lo que se puede hacer en el municipio. En Atrato hablamos de un porcentaje superior al 50 % de informalidad (...) aquí hay ventas ambulantes en una zona que se llama La Y, sin embargo, como no pueden trabajar, me ha tocado poner recursos del municipio”, explica Juan Bejarano, alcalde del Atrato.

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Y aunque según Jefferson Mena, gobernador encargado del departamento, se está trabajando en un plan “para reactivar la economía en aquellas zonas más golpeadas”, la sensación de muchos es que algunas medidas decretadas a nivel nacional, para mitigar la crisis, no llegan hasta los municipios en los que predomina la informalidad. “Uno de los primeros sectores que se reactivó fue la construcción y aquí sigue paralizado. Lógicamente si el transporte está prohibido y no hay cómo llegar a Juradó, ninguna entidad podrá adelantar las obras pendientes porque están cerrados los puertos”, agrega Jenny Rivas, alcaldesa de este municipio.

Para Nubia Carolina Córdoba, el coronavirus dejó en evidencia la desigualdad que hay en el territorio colombiano. “Requerimos apoyo adicional del Gobierno para que el Ministerio de Agricultura nos ayude con seguridad alimentaria, así como el apoyo de los Ministerios de Trabajo y Comercio para que nuestros sectores económicos no se vean tan golpeados por la emergencia”. El reto para el Gobierno está, según Juan Delgado, en entender por qué en las comunidades hay problemas para ingresar al mercado competitivo nacional: “Empezar a generar comercialización sin intermediarios y reconocer el valor diferencial que tiene la producción artesanal en poblaciones que han sufrido la violencia, puede ser una apuesta importante para la región”.

Incluso, cerca de 100 organizaciones sociales solicitaron atender la crisis en los territorios de población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera. “Los recursos para ello están ya acordados, aprobados y consignados en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2020. Estos recursos deben tener partidas específicas que no se pueden refundir con asignaciones globales”, se lee en la carta dirigida al presidente Iván Duque, a Alicia Arango, ministra del Interior; a Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda, y a Luis Alberto Rodríguez, director del Departamento Nacional de Planeación. “Nuestra demanda es que el Gobierno nacional destine por lo menos 9,5 del total de los 19 billones para atender la pandemia en los territorios y asentamientos de comunidades negras”. Delgado explica que desde hace años hay acuerdos pendientes por cumplir. “Revisando los planes de desarrollo desde 1994 hasta 2018, tenía que haber estado incluido un enfoque diferencial para las comunidades negras. Esto viene de la ley 70 de 1993 y hay 239 acuerdos que no han sido cumplidos. Esto incluye inversiones en salud, educación y seguridad alimentaria De ahí es donde sale este rubro de los 19 billones de pesos que en teoría el Gobierno de Iván Duque se comprometió a ejecutar”.

En la pobreza emerge la ilegalidad

Carlos Rosero, coordinador del Proceso de Comunidades Negras (PCN), explica que tras la contingencia económica los actores armados han aumentado el control territorial y la capacidad de intimidar a las comunidades. Dice que además de las disputas en el río Napi, en Guapi (Cauca), hay comunidades que están confinadas.

“Las economías locales van a estar mucho más deterioradas. La gente no va a vender plátanos, es probable que se vayan a sembrar coca”, explicó Rosero, quien añade que la crisis podría significar un aumento en la minería ilegal, “de hecho ya hay reportes de esta situación en Guapi”.

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Jenny Rivas, alcaldesa de Juradó, municipio chocoano que colinda con Panamá, dijo que la informalidad y la falta de empleo, son factores que podrían impulsar las economías ilegales en la zona. “Esto es un riesgo porque nosotros somos un corredor fronterizo por donde pueden pasar actividades ilegales”. Situación similar a la de Lloró en donde, según el alcalde Moisés Córdoba, es probable que aumenten los índices de violencia. “Estamos asistiendo la emergencia, pero una vez pase esto y la gente no tenga cómo llevar la alimentación a su casa, nos preocupa que llegue la ilegalidad”.

De acuerdo con Juan Delgado se prevé una profundización en la violencia en las zonas rurales y urbanas del departamento. “Violencia de las bandas que están operando en Quibdó, en la zona norte. Muchos jóvenes tienen una vulnerabilidad profunda con una incidencia de pobreza enorme. Para 2018, en Quibdó, por ejemplo, el 44.4 % de las personas están clasificadas como de pobreza multidimensional”. Esto sin contar con que los mercados ilegales van a seguir siendo rentables en la zona rural. “Estamos hablando de la reactivación de los clanes de las disidencias de las Farc y presencia del Eln”.

Carlos Rosero explicó que es necesaria una intervención integral, “y que responda casi que simultáneamente a los distintos factores. Sí, hay que recuperar la gobernabilidad, pero a la par hay que trabajar en los sistemas productivos de las comunidades, fortalecer la capacidad organizativa estatal y comunitaria en los territorios. Además, hay que enfrentar el narcotráfico y la minería de manera decidida; proteger el territorio y los derechos de las comunidades que terminan poniendo un ingrediente fundamental”.