¿Qué se está haciendo para luchar contra el coronavirus?

Los temas que inquietan a las regiones para ganarle la lucha al COVID-19

La comisión de DD.HH. de la Cámara de Representantes pidió al Gobierno un plan diferenciado según las urgencias de cada zona del país. Ministerios de Salud y Justicia, la Cancillería y Migración Colombia conocieron sus propuestas concretas.

Ayuda humanitaria a población vulnerable en Cali. / EFE

No se ha cumplido un mes desde la detección del primer caso de COVID-19 en Colombia y el país ya superó la barrera de los 1.100 contagios, casi la mitad de los cuales fueron en Bogotá. Y si la capital del país, que cuenta con más recursos y es la sede de buena parte de los centros de investigación ha tenido que adoptar medidas especiales de contingencia para hacerle frente a la situación, la pregunta que a muchos ronda es qué va a pasar en las regiones y qué se está haciendo para que a ellas tampoco las tome por sorpresa la emergencia.

Falta de recursos y exceso de burocracia son las principales preocupaciones ahora que la lucha es contra un virus desconocido y que, por tanto, nadie tiene certeza acerca de cuánto duren las medidas de cuarentena, ni las de la emergencia social. De ahí que los miembros de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes enviaran al Gobierno Nacional, en representación de sus regiones, una serie de sugerencias sobre casos en los que se necesitan acciones diferenciadas para enfrentar la situación.

Esas inquietudes fueron abordadas el martes 31 de marzo en una reunión a la que asistieron los congresistas y funcionarios del Ministerio de Salud, la Cancillería, Migración Colombia y el Ministerio de Justicia y en las que se escucharon las ideas de parte y parte.

“Le planteamos al Gobierno nacional las necesidades e inquietudes de cada zona. Por ejemplo, con el tema de las pruebas propusimos que sería interesante, sobre todo para los departamentos de frontera, que existiera un modo de hacerlas en la misma región y no tener que esperar a que vayan a Bogotá”, afirmó Elizabeth Jay-Pang, representante a la Cámara por San Andrés y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Frente a esta solicitud, señaló la parlamentaria, el Ministerio de Salud respondió que en están trabajando en la compra de pruebas, esperando resultados de un proveedor y verificando las certificaciones.

Los representantes también pusieron sobre la mesa inquietudes respecto a la situación de las comunidades indígenas del país y la atención que están recibiendo. Abel David Jaramillo, representante de la Circunscripción Especial Indígena, afirmó que urge un enfoque diferencial teniendo presente las particularidades de las zonas en las que se encuentran los resguardos, las costumbres y la forma en la que viven estos pueblos. “Sabemos que en muchos de los territorios hay comunidades indígenas que aún conservan su dialecto e idioma propio, muchos de ellos no saben qué está pasando. El Gobierno no se ha contactado directamente con las autoridades tradicionales que tienen la función de salvaguardar la vida y la integridad de estos pueblos. Nuestro llamado es a que el Ministerio del Interior se contacte con esas autoridades, se habla mucho de la coordinación con alcaldes y gobernadores, pero hay territorios que son áreas no municipalizadas en las que hay comunidades”, añadió el congresista recordando que ya hay dos casos de contagio en el pueblo Yukpa.

Para Jaramillo, es claro que no se ha brindado apoyo a las familias que viven en la informalidad, y que hay que pensar en que las comunidades se encuentran aisladas por estar en zonas alejadas, por el conflicto armado y porque las ayudas no han sido priorizadas. “No solo hay que lograr que no llegue la pandemia, también hay que garantizar la alimentación. Desde el Gobierno nos respondieron que hay directivas, pero no hay una respuesta inmediata, la parte administrativa no corresponde con la realidad de la comunidad Estamos optando por entregar varios mensajes: primero, que el Congreso de la República sigue ejerciendo control político y debe garantizar el equilibrio de poderes; segundo, el compromiso de llevar la voz de las regiones y de las comunidades que representamos; por último, que buscamos acciones inmediatas para que el Gobierno atienda de manera directa los reclamos”, añadió.

Asimismo, los legisladores plantearon la posibilidad de que se agilice la aplicación de la Ley de Acuerdo de Punto Final para sanear deudas históricas y garantizar el financiamiento del sistema de salud en Colombia. “En Caquetá al hospital más importante, María Inmaculada, las EPS le adeudan 50.000 millones de pesos, hace cuatro meses no se les paga a los empleados, lo mismo ocurre en todas las IPS públicas del departamento. Hemos pedido al Gobierno que agilice la aplicación de la Ley del Punto Final y permita financiar a los hospitales en el marco de los decretos de emergencia. En la última reunión el viceministro de salud dijo que se habían anunciado recursos para compra de cartera de las IPS, deudas que ya han sido auditadas. Lo preocupante es que el trámite con esas auditorías es engorroso”, dijo Harry González, representante por Caquetá.

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara también le socilitó al presidente emitir un mensaje de urgencia para el estudio, aprobación e implementación del Proyecto de Ley 115 de 2019 que busca medidas concretas para atender la situación penitenciaria y carcelaria del país. “El Gobierno debe darle trámite de urgencia al Proyecto de Ley sobre la reforma del sistema penitenciario, del cual somos autores la mayoría de los miembros de la Comisión. Hay que tener en cuenta que ya hubo violencia”, afirmó Margarita Restrepo, representante por Antioquia.

Y agregó: “también hice una petición al Gobierno Nacional para que se piense en la posibilidad de comprar las IPS que está habilitando el Gobierno, por ejemplo, las de SaludCoop y Cafesalud, ahora están deterioradas y en bajo costo, después del coronavirus van a quedar valorizadas con toda la inversión y será difícil comprarlas; me dijeron que se va estudiar. Otro tema importante es el de los muchos colombianos que están atrapados en el exterior: 240 en Australia, 120 en Ecuador, 260 en Perú, 80 en India y muchos más que no se sabe cuándo puedan volver”, afirmó Restrepo.Otra de las sugerencias apunta a la necesidad de darle atención especial a los departamentos de frontera, estableciendo una posición clara frente a los migrantes, ampliando la cobertura de internet y promoviendo programas de alivios económicos. “Territorios como Vichada, Guainía y Guaviare, son departamentos olvidados por el Gobierno, incluso en la crisis actual. En este momento, en Vichada, hay desabastecimiento, ya va a entrar el invierno, las vías no son carreteras sino trochas, el kilo de carga aérea ha subido, llevar los productos es costoso y eso que solo llegan a Puerto Carreño, pero somos en realidad cuatro municipios”, afirmó Óscar Arango, representante a la Cámara por Vichada. Añadió que es necesario crear un puente aéreo para poder usar los aviones de la Fuerza Aérea, pues no basta con la ayuda humanitaria que, según él, es la respuesta que recibe siempre por parte del Gobierno.

De igual forma, la Comisión le pidió a la Cancillería y a Migración Colombia implementar medidas de fondo para un control más efectivo al ingreso de los migrantes al territorio Nacional. “Vichada ha sido afectado con la crisis migratoria, a pesar de que está cerrada la frontera, siguen entrando venezolanos y el riesgo de contagio es cada vez es mayor. Además, solo contamos con una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), solo hay un hospital para cuatro municipios. Solo se están tomando medidas para las grandes ciudades, yo estoy radicando un derecho de petición para los hospitales, somos 30.000 habitantes, más los que vienen a diario de Venezuela y no tenemos cómo atender la crisis”, agregó Arango.

El representante a la Cámara por Guaviare, Alexander Bermúdez, sostiene que la red hospitalaria del departamento tiene problemas de liquidez, la única EPS del Guaviare, Nueva EPS, no le ha pagado al hospital de San José alrededor de 10.000 millones; tampoco hay camas de UCI para atender pacientes. “En el documento hay varios temas nacionales y en algunos apartes somos específicos. Municipios como Miraflores no se encuentran interconectados, por tanto, se necesita el transporte de diésel para que operen las plantas de energía, y también tenemos desabastecimiento”, afirmó el congresista. Señaló, además, que por medio de la Comisión se manifestó la importancia de iniciar la fase de ampliación de infraestructura médica en los departamentos. Bermúdez dijo que el viceministro, Alexander Moscoso, afirmó que se llevarían camas intermedias, ventiladores y monitores con los recursos que anunció el Gobierno.

En otros departamentos aseguran que aunque el Gobierno ha atendido algunos llamados son muchas las necesiades que faltan por cubrir. “Pedimos apoyo para alivios de transporte, en cuanto a los costos del flete para que los alimentos puedan llegar sin problema; también tenemos subsidio de combustible en el departamento, pero pedimos que se amplíen”, puntualizó la representante a la Cámara por Amazonas, Yenica Sugein Acosta.

912668

2020-04-02T22:00:00-05:00

article

2020-04-02T22:00:01-05:00

[email protected]

none

Karen Vanessa Quintero - @karenvaquintero

Nacional

Los temas que inquietan a las regiones para ganarle la lucha al COVID-19

72

9175

9247