Los tentáculos de la delincuencia en el oriente de Cali

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La masacre de cinco jóvenes en el barrio Llano Verde (Comuna 15), el 11 de agosto, dio señales del recrudecimiento de la violencia armada en una ciudad que en la actual administración redujo su presupuesto de seguridad de $89 mil millones a $66.750 millones anuales. Hay alerta en las comunas 13, 14,15 y 21.

Una masacre de cinco jóvenes y un ataque con granada en menos de una semana en el mismo sector de la ciudad. En las calles del barrio Llano Verde, ubicado en el oriente de Cali, se siente el miedo de los habitantes que siguen sin conocer la identidad de los verdugos y viven con la sensación de inseguridad aun cuando ya aumentó la presencia de la Fuerza Pública. Lo que sucede en este sector de la ciudad es un reflejo de los profundos problemas de seguridad que vive la capital vallecaucana, a pesar de que por algún tiempo caló la idea de que las cosas estaban mejorando, pues las tasas de homicidio, según cifras oficiales, disminuyeron en los últimos ocho años.

Cuando Jorge Iván Ospina entregó su primera alcaldía, en 2011, en la capital del Valle del Cauca había 90 asesinatos por cada 100 mil habitantes, una cifra que casi triplicaba la media nacional.

En 2019, al final del periodo de Maurice Armitage, la tasa estaba en 43, aunque la inseguridad persistía. De hecho, las cifras de la Secretaría de Seguridad señalan que entre 2017 y 2018 en la ciudad fueron asesinadas 575 personas, de las cuales 489 fueron víctimas de sicariato.

La seguridad seguía siendo un asunto clave para la ciudad, pero perdía espacio entre los problemas más urgentes. Incluso el presupuesto de seguridad anual que en 2019 fue de $89.000 millones, se redujo en $66.750 millones para 2020, con la idea de invertir más en otros sectores como la paz o la cultura.

Entretanto, las dinámicas de violencia se fueron consolidando en zonas específicas como el oriente de Cali, en donde se volvieron frecuentes los fenómenos de sicariato y “combos”.

Alberto Sánchez, investigador en temas de seguridad de la Universidad del Valle, explica que los hechos recientes de violencia, especialmente en el oriente de la ciudad, no se le pueden atribuir desde ya a un actor armado. Hay que tener cuidado con las hipótesis que llevan a conclusiones erróneas, insiste.

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“La masacre ocurrió en una zona rural que limita con el corregimiento de Navarra y une a tres territorios con difícil acceso físico y de alcance estatal: Valladitos, Comuneros y Llano Verde. Por las condiciones de desarrollo urbano, esas zonas son complejas en temas de seguridad desde los 80, pero aunque sea evidente la presencia de pandillas, toca tomar con pinzas las causas de violencia, porque no todos estos grupos están metidos en homicidios”, agrega el investigador.

Una radiografía del fenómeno local fue esbozada en un informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, emitido en el primer semestre de 2019, que pone sobre la mesa la existencia de las llamadas “fronteras invisibles” en las comunas 15 y 16. El documento advertía sobre la constante actividad de pandillas en la zona, estableciendo que las disputas territoriales se daban entre la Pandilla los Yastan, Pandilla Chocó, Pandilla Sulay, Pandilla la Virgen, Pandilla Hollywood y Pandilla El Caguán.

Si bien se advertía que la mayor parte de la delincuencia urbana en estas zonas de Cali pasa por estos grupos, no se descartó la posibilidad de que tuvieran cierto grado de influencia por parte de Grupos Armados Organizados (GAO) como disidencias de las Farc, Eln o estructuras paramilitares con objetivos de microtráfico.

Para Miguel*, un líder social del barrio Llano Verde, es claro que a pesar de los altos grados de violencia en su comuna, las dinámicas de los actores armados pueden ser tan complejas que es difícil identificar responsables de hechos como extorsiones o masacres.

“Hace dos meses le lanzaron una granada a un carro de la Policía en el mismo CAI que fue atacado el jueves. Hace tres meses atacaron con una granada una casa en el barrio aledaño de Mojica y prácticamente día de por medio escuchamos por nuestra red de vecinos que apuñalan a alguien. La gente no quiere indagar a fondo quiénes son los culpables por miedo a que los maten”, sostiene.

Eso sí, asegura, lo que está claro es que existen episodios constantes de reclutamientos forzados por parte de grupos armados, ajustes de cuentas entre pandillas o líos por microtráfico: “En el barrio se habla que los niños masacrados eran bailarines e iban al colegio, pero no por eso nos podemos adelantar a conclusiones de las causas de su muerte”, asegura el líder.

Además manifiesta que los barrios Mojica, Laureano Gómez, Valladito, Comuneros I, Retiro, Llano Verde y Ciudad Córdoba siguen estando alejados de los intereses de las autoridades locales y por eso el crimen no se detiene.

Otros habitantes de la Comuna 15 de Cali, consultados por El Espectador, reiteran que desde el episodio del cañaduzal en Llano Verde hay policías en cada esquina, siguen los constantes allanamientos a los hogares y aún así no se sienten protegidos porque ven la presencia de la Fuerza Pública como “algo intermitente”.

Katherine Aguirre, investigadora del Instituto Igarapé (dedicado a temas de seguridad y desarrollo en la región), insiste en que estas manifestaciones de violencia toman lugar en el oriente de Cali por su contexto de exclusión, racismo y discriminación.

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Afirma que las dinámicas de crimen organizado en Cali son difíciles de reducir por tres razones claves. La primera de ellas, la ubicación geográfica. “La ciudad -por su cercanía al norte del Cauca - se convierte en un corredor ineludible para el tráfico de armas y drogas”, dice. La segunda razón, sostiene, es que la prevención en temas sociales ha bajado en su presupuesto y en su organización, e incluso se acabaron estrategias como la de gestores, que ayudaban a mediar conflictos.

Finalmente, agrega que “además de no haber una atención adecuada desde la Alcaldía a poblaciones vulnerables, la pandemia ha traído nuevos retos en los que la atención en seguridad ya no es una prioridad”.

Un tema que desde el Concejo de la ciudad ya se había venido alertando. En enero de 2020, el concejal Fernando Tamayo denunció ante Carlos Rojas, secretario de Seguridad y Justicia de Cali, que estos episodios de violencia en las comunas 13, 14, 15 y 21 eran producto de casos de reclutamiento forzado. Las denuncias, sin embargo, no tuvieron mucho eco.

“Lo importante ahora es investigar y dar con los culpables. Nos interesa que vuelva la tranquilidad a las calles y nos preocupan casos como los recientes. Todos los asesinados eran estudiantes que solo se dedicaban a estar con sus familias. Ya están asignados tres fiscales especializados para llevar las pesquisas e impartiremos justicia”, sentencia Rojas.

*Nombre ficticio por motivos de seguridad de la fuente

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