Los vacíos del caso del periodista Calderón

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Hace casi dos años, un par de hombres dispararon contra Ricardo Calderón, jefe de investigaciones de la revista “Semana”.

“Es un atentado contra la democracia y contra la libertad de expresión”, expresó el fiscal Eduardo Montealegre. “Pedí al director de Policía encargarse personalmente de la investigación”, dijo el presidente Juan Manuel Santos. “Si hay miembros de la Fuerza Pública implicados será doloroso, pero tendrán que pagar con todo el peso de la ley”, señaló el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón. Del vaivén de compromisos adquiridos o designados, sin embargo, hoy hay un solo hecho: se van a cumplir dos años del atentado en contra de uno de los periodistas más importantes del país, Ricardo Calderón, y la justicia no llega.

El miércoles 1° de mayo de 2013, festivo, fue la fecha que escogió Calderón, director de investigaciones de la revista Semana, para reunirse con una fuente en Ibagué. Para esa época se cumplían dos semanas de haber publicado “Tolemaida Tours”, un seguimiento a lo que había ocurrido durante dos años a partir de sus denuncias con el trabajo periodístico “Tolemaida Resort”, el cual encerraba un sinnúmero de denuncias sobre los “extravagantes privilegios” de los que gozaban militares condenados por graves crímenes como masacres, torturas y secuestros. La fuente nunca llegó, Calderón decidió devolverse y en el camino fue atacado a tiros.

Fuentes que han conocido el caso de cerca aseguran que, en estos casi dos años, quien más le metió combustible a la investigación fue el fiscal de Derechos Humanos Víctor Julio Lozano, el mismo que consiguió una condena de 60 años en primera y segunda instancia contra el subteniente (r) Raúl Muñoz Linares por haber violado y asesinado en 2010 a una niña de 14 años y por haberles quitado la vida también a sus hermanos, de 9 y 6 años, en zona rural de Tame (Arauca). Luego el caso cambió de fiscal, y volvió a cambiar de fiscal. Se hicieron algunas pruebas técnicas, entre ellas, la más diciente hasta ahora: un análisis link de celulares.

Con ese análisis se revisó el desplazamiento del periodista a través de su teléfono y se detectaron celulares que estaban en las mismas celdas (el mismo espacio físico que él): lo que se encontró fue que ese 1° de mayo Calderón viajó siempre “acompañado”. Se observó que cierto número celular se desplazó con él desde que salió de Bogotá, y que ese número se comunicaba con Tolemaida, con Ibagué y con la cárcel La Picota, en el pabellón donde están recluidos los funcionarios públicos. En éste se encuentra el mayor (r) Juan Carlos Rodríguez, alias Zeus, quien fue condenado a 12 años de prisión por colaborar con el capo del cartel del norte del Valle Diego Montoya.

Zeus era uno de los privilegiados en Tolemaida y se creyó desde el inicio que podría haber tenido relación con el atentado de Calderón. Sin embargo, no existen evidencias sólidas para sostener tal afirmación. En el análisis link se revisaron los celulares que habían seguido a Calderón, en días anteriores y posteriores al atentado, y se encontró que uno de ellos correspondía a un abogado que había entrado y salido de La Picota en varias oportunidades. Se estableció de igual forma que otro celular había seguido a Calderón en su regreso a Bogotá. En la Fiscalía, eso sí, tenían clarísimo que la vida de Calderón seguía en riesgo.

Una vez se cometió el atentado, el Comité de Evaluación de Riesgos y Recomendación de Medidas se reunió de emergencia y la decisión fue designarle inmediatamente un esquema de protección. “Ricardo no aceptó que fuera de la Unidad Nacional de Protección”, señaló su exdirector, Andrés Villamizar. Desde entonces, Calderón es protegido por la Policía y la razón no es difícil de imaginar: la UNP tenía entre sus escoltas a exdetectives del DAS, entidad cuyas irregularidades fueron denunciadas por el propio Calderón desde 2009. Y había otro punto importante: el correo electrónico del periodista.

Según quedó consignado en sus declaraciones ante la Fiscalía, apenas unos días antes del atentado Calderón había cuadrado el encuentro con su fuente en Ibagué desde su correo personal y de eso sólo tenían información él, la fuente y el director de Semana, Alejandro Santos. Calderón le pidió a la Fiscalía que verificara si su cuenta había sido hackeada y la Fiscalía determinó que sí, pero que no se había podido establecer desde dónde. Calderón también le pidió a la Fiscalía que estableciera si su teléfono había sido “chuzado” en la Sala Gris del Ejército. El 1° de agosto de 2013, con el mayor sigilo, la Fiscalía ordenó el desmonte de esa sala —se investiga si allí se realizaron “chuzadas”—.

“No hay que olvidar que el atentado se ejecutó en una de las zonas más custodiadas de Colombia. Que lleguemos a los dos años sin ningún resultado fomenta una atmósfera de permisividad para que estas cosas sucedan y deja una sensación muy desconcertante, sobre todo porque en el contexto de las investigaciones de Ricardo, las más afectadas eran las instituciones militares”, le dijo a este diario Pedro Vaca, director de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip). El Espectador buscó en la Fiscalía una versión oficial, pero la cabeza de la Dirección de Derechos Humanos, Misael Rodríguez, se encuentra fuera del país.

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