“Madres comunitarias no van a quedar desprotegidas”: Cristina Plazas

La directora del ICBF dice que la entidad no tiene dinero para contratar directamente a más de 50 mil trabajadoras, como lo estipulada un proyecto de ley objetado por el Gobierno y que representaría un impacto fiscal de $800 mil millones. Las mujeres, por su parte, exigen un mejor trato laboral.

Archivo El Espectador

Este jueves se abrió un nuevo capítulo en la puja entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familias (ICBF) y las madres comunitarias, quienes aseguran que les faltan garantías laborales mientras que el Estado replica que su labor está formalizada y que sí acceden a beneficios justos y dignos. (Lea aquí: Madres comunitarias se quedaron sin trabajo estable: presidente objetó la ley)

La discusión volvió nuevamente al foco público porque el presidente Juan Manuel Santos objetó una ley aprobada en el Congreso, con la que se buscaba que más de 50.000 madres comunitarias tuvieran un contrato a término indefinido con el ICBF. Por lo que ellas continuarán bajo la figura de la tercerización laboral. (Lea aquí: El calvario de las madres comunitarias)

Que el proyecto de ley es inconveniente porque genera un impacto fiscal, que le representaría erogaciones de $769.748 millones anuales y con la que el ICBF pasaría de tener 6.000 servidores públicos a 61.000, es uno de los principales argumentos con los que el Gobierno devolvió la iniciativa legislativa.

Las madres comunitarias mostraron su descontento con la iniciativa, y exigen un mejor trato laboral, un argumento respaldado por el senador del Polo Democrático Alexander López, quien lideró el trámite de la ley. “Es mentira el argumento de que la contratación de las madres comunitarias generaría un gran impacto fiscal. Esa plata ya se la están dando a fundaciones que además reciben beneficios tributarios, lo que pretendíamos era eliminar esa intermediación y que fuera el Estado directamente el que le garantizara el trabajo a las madres”, dijo López.

Sin embargo, Cristina Plazas, directora del ICBF, aseguró que las madres comunitarias no van a quedar desprotegidas, porque ya fueron formalizadas en 2014, “tienen todos los derechos laborales garantizados. Cuentan con un contrato de trabajo con las prestaciones de ley como son salud, pensión, vacaciones, primas y cesantías”.

“El contrato puede ser indefinido o definido, la persona que contrata toma la decisión, como cualquier contrato de cualquier persona en el país, y las dos formas están constituidas en el Código Sustantivo de Trabajo. Si no estuvieran garantizados sus derechos no tendríamos madres comunitarias que llevaran haciendo esta labor más de 20 años, ni tampoco existirían en el país 60 mil madres comunitarias”, afirmó la funcionaria a este diario.

Plaza defendió la posición estatal agregando que este grupo de mujeres tiene varios beneficios. “Ellas tienen una preferencia para recibir subsidio de vivienda, quiere decir que si dos personas tienen sisben 1, y una es madre comunitaria, ésta tiene prioridad sobre la otra. Son las únicas personas del país que pueden comprar vivienda usada a través del subsidio del Gobierno, también el ICBF las ha capacitado, muchas de ellas eran analfabetas y les dimos primaria, secundaria y bachillerato. Tenemos profesionales o técnicas en atención en primaria infancia, y los servicios públicos que pagan son estrato 1 así su casa sea estrato 3”.

De acuerdo con la funcionaria la ley perjudicaría a las madres comunitarias. ”Nosotros tendríamos que empezar a hacer un trabajo con función pública y con la comisión del servicio civil y todos los puestos de planta de cualquier entidad pública se hacen a través de un concurso, entonces ellas tendrían que entrar a concursar. Esto ni siquiera garantiza que las madres que hoy en día hacen parte del programa sean contratadas por nosotros”, concluyó Plazas.

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