Mal momento para Murillo

Consejo de Estado lo suspendió, mientras tribunal resuelve demanda contra su elección. La inhabilidad por una condena en 1997 es el motivo de su separación del cargo.

Un contrato por $5 millones para arreglar una escuela, firmado por Luis Gilberto Murillo Urrutia en 1994, cuando era director de Codechocó, lo obliga hoy a apartarse temporalmente de su cargo como Gobernador del Chocó. Esta es la segunda vez que se ve obligado a dejar el puesto.

El lío, que lo persigue desde hace 16 años, radica en que el dinero que usó para el arreglo de la escuela se debía destinar exclusivamente en el saneamiento ambiental minero. Por eso, dicho contrato le generó en 1997 una condena a seis meses de prisión por el delito de peculado por asignación diferente, una pequeña multa de mil pesos y una inhabilidad de por vida para aspirar a cargos de elección popular. Por más que ha luchado legalmente para que la justicia la revoque, amparado en conceptos como el del Departamento de Planeación Nacional, que señala que él no desvió recursos, y cambios en la ley que indican que el delito por el que lo condenaron ya no existe y por ende la inhabilidad debía desaparecer, ha perdido todas las batallas. La sanción sigue vigente.

Este antecedente fue del que sus opositores se valieron el año pasado para tratar de evitar su candidatura a la Gobernación y, posteriormente, tras resultar elegido, demandar su elección. Los promotores de la demanda pidieron la suspensión del mandatario por haber sido condenado por un delito contra la administración pública. Sin embargo, pese a que el Tribunal Administrativo de Chocó aceptó el caso, no accedió a la solicitud de suspensión. Por eso el asunto pasó a la Sección Quinta del Consejo de Estado, que la semana pasada les dio la razón a los demandantes y ordenó la suspensión del mandatario mientras el tribunal toma una decisión de fondo. Ahora, el presidente Juan Manuel Santos tendrá que nombrar un mandatario interino.

Los líos

Murillo Urrutia es un viejo conocido en la política chocoana. Desde 1991 se vinculó a la administración como subdirector de la Corporación Nacional para el desarrollo de Chocó (Codechocó), entidad adscrita a la Gobernación. En 1993 asumió como director y fue entonces cuando se presentó el caso del contrato de la escuela, que sigue siendo su dolor de cabeza.

Tras el escándalo, en 1995 viajó a Bogotá a trabajar con el Departamento Administrativo del Medio Ambiente (DAMA) y con el PNUD. En 1997, justo cuando se conoció la condena en su contra, regresó a su departamento para aspirar a la Gobernación y por primera vez resultó elegido. Sin embargo, su elección se declaró nula por alteración de resultados electorales. Fue la primera vez que dejó el cargo.

Con la condena a cuestas y la anulación de su elección, se fue de su natal Chocó a laborar en el exterior, mientras en Colombia sus abogados intentaban echar al suelo la sentencia y la inhabilidad en su contra. Sin embargo, la sentencia quedó en firme en septiembre de 2010, cuando la Corte Suprema de Justicia inadmitió la demanda de casación y luego el recurso de revisión, que son las últimas cartas que un procesado se puede jugar en el máximo tribunal de justicia del país. Para los magistrados, no había elementos nuevos para revocar la condena.

Regreso al país

Tras 10 años de carrera en el exterior, trabajando para entidades internacionales, Murillo Urrutia regresó al país a continuar su lucha contra la inhabilidad y aspirar nuevamente a la Gobernación de Chocó. Su último cargo antes de regresar al país fue la dirección del Programa para América Latina de la Fundación Phelps Stokes, en Washington (EE.UU.).

Desde su regreso, sus detractores políticos se encargaron de evitar a toda costa su inscripción y les recordaron a las autoridades electorales su inhabilidad de por vida. La batalla contra la candidatura de Murillo Urrutia comenzó cuando hicieron pública la inhabilidad que pesaba contra el candidato, la cual fue ratificada en un informe electoral por la Procuraduría General de la Nación, que lo señaló como el único candidato a la Gobernación en el país con líos para participar en las elecciones.

Ante la aparente claridad del caso, sus opositores presentaron demanda ante el Consejo Nacional Electoral para solicitar la revocatoria de la inscripción. Sin embargo, el 20 de septiembre del año pasado, los magistrados de este organismo ratificaron la candidatura al concluir que la conducta por la que fue condenado “ya no constituye delito y, por lo tanto, no configura fundamento legal de la presunta inhabilidad que le imputaron”.

Fue así como Urrutia se pudo presentar a las elecciones, representando a la coalición integrada por Cambio Radical, el Partido Conservador, el Partido Verde y la Alianza Social Indígena. El 30 de octubre ganó con suficiencia en las urnas, al obtener 50.206 votos y superar al candidato Óscar Bernardo Palacios Sánchez, del Partido de la U, que obtuvo casi 11.000 votos menos.

Mientras los seguidores calificaron la denuncia contra Murillo como una infamia “contra el único candidato honesto”, sus detractores indicaron que en las elecciones ganó la corrupción, auspiciada por el Consejo Nacional Electoral, al permitir la presencia de un candidato condenado por un delito contra la administración pública.

Luis Gilberto Murillo se posesionó como gobernador a principios de este año, sosteniéndose en que no existe la inhabilidad, contrario a lo que han dicho la justicia y los entes de control.

Hoy el caso está en manos de la justicia administrativa, que será la que finalmente resuelva esta controversia jurídica y defina si el gobernador elegido de Chocó tendrá que dejar su cargo por segunda vez y definitivamente o, por el contrario, podrá seguir al frente de la administración departamental.

La sanción no se puede borrar

El argumento de Luis Gilberto Murillo para decir que la sanción en su contra no existe es que el delito por el que fue condenado a seis meses de prisión ya salió del Código Penal. Por eso pidió a la Procuraduría que le borrara la inhabilidad, pero el ente disciplinario fue claro al decir que no se puede borrar tan fácilmente.

Un concepto de la Viceprocuraduría indica que la inhabilidad corresponde a una condena penal y, a pesar de la modificación de la ley, el cambio no hace que la inhabilidad desaparezca. Agrega que la Procuraduría simplemente administra la base de datos y que no puede modificar las inhabilidades.

Le recordó que la ley es clara al indicar que la inhabilidad se desprende de “una condena en cualquier tiempo a pena privativa de la libertad”, razón por la que no se puede eliminar la sanción.

La Procuraduría señala que la inhabilidad del gobernador del Chocó es permanente. (ver fascímil)

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