El presidente Santos volvió a hablar del tema de la “mano negra” que desde la derecha y desde la izquierda trata de afectar la restitución de tierras. Pongámosle nombre a esa “mano negra”.
¿Quién mató y por qué, hace pocos días, a Leoncio Mendoza en Montería?
No me queda duda que ese es uno de los ocho o nueve casos que el presidente denunció el domingo. Leoncio fue una persona a la que le quitaron su predio, a él y a su familia, en el año 96. Leoncio tenía setenta y pico de años, un señor muy anciano. En el caso de Leoncio, se configura para él y su familia la posibilidad de restitución de tierras.
¿Quiénes están detrás de esos asesinatos y de tratar de impedir que se restituyan las tierras?
En el tema de Leoncio, sin lugar a dudas, son paramilitares de la zona de Urabá.
El Fondo Ganadero de Córdoba habría intentado apropiarse este año de más tierras en Urabá. ¿Qué información tiene de eso?
Sí. Trató de escriturar unas resoluciones falsas del Incoder, pero ya habíamos alertado a las oficinas de registro y se logró evitar eso. Eso fue en el mes de mayo de este año.
¿Las actuales directivas del Fondo?
Sí, directivas del Fondo actual.
¿Con qué resoluciones y de qué tierras querían apropiarse?
Sobre la misma zona donde ya se habían hecho las escrituras anteriores, en el predio Tulapa, fundamentalmente. Eran unas 120 resoluciones falsas. Inclusive el mismo director del Incoder, cuando revisamos con él, nos explicó que eran resoluciones falsas.
¿Cómo se supo que eran falsas?
Por la numeración y porque no fueron firmadas por el director del Incoder. Aparecía el Incoder en unas resoluciones de antes, cuando lo que existía era el Incora, es decir, era como si fueran pitonisas y supieran desde el año 99 que iba a existir el Incoder, que nació en el 2003, y ya tenían resoluciones del 99 con la palabra Incoder.
¿Cuántas hectáreas de tierra fueron usurpadas ilegalmente?
Alrededor de unas 650 mil hectáreas, de las cuales unas 410 mil ya tienen procesos listos, algunas para entregar a los jueces agrarios y otras ya se le entregaron al Incoder como baldíos que habían sido robados.
¿Dónde está la mayor dificultad para recuperar esas tierras?
En todo el país. Hasta tenemos zonas en la sabana de Bogotá. Yo podría sacar, tal vez, al archipiélago de Providencia, pero porque no lo hemos mirado, pero yo creería que en todo el país, por las denuncias que nos han llegado.
En San Martín de los Llanos había un predio de alias ‘Cuchillo’ con irregularidades. ¿Cuál es la historia allí?
Se trata de un predio que se llama Los Esteros: el propietario se llama Arcesio Plazas. Él pidió protección de ese predio porque lo querían desplazar, directamente Cuchillo y su organización, y de una forma muy rara el municipio levantó esa protección. Pero más raro todavía es que el señor hace la denuncia penal y obviamente se da la protección del predio y el registrador de San Martín no registra esa protección, por lo cual al señor le venden la finca con una escritura falsa y pierde el poder de la finca. Ese es uno de los temas que ya está adelantando la Fiscalía.
Algunos notarios se prestaron por años para facilitar el despojo. Dice el Gobierno que serán capturados en los próximos días. ¿Qué ha pasado con ellos?
Es bueno aclarar que no es la gran mayoría de los notarios, porque un 98% hace las cosas bien. Hemos venido trabajando con el señor procurador general de la Nación y con la Fiscalía, en el caso, por ejemplo, de Montes de María. Ya hay investigados 22 funcionarios públicos, entre notarios, registradores, secretarios de gobierno y alcaldes. En el caso de Urabá se ha iniciado la investigación: hay dos notarios que están investigando en este momento, uno de Montería y otro de San Pedro de Urabá. Y en San Martín ya se está investigando a uno de los notarios, y el registrador está detenido y llegó a un acuerdo con la justicia. Ya está condenado en este momento.
¿Cómo logra un particular apropiarse de tierras en el Parque Natural Tayrona?
Esto se inicia por un juzgado de Santa Marta que da una prescripción de 400 hectáreas a un señor que se llamaba, porque ya falleció, Julio Sánchez Trujillo, y mediante una escritura aclaratoria ese predio pasa de 400 hectáreas a 1.577 hectáreas, que es el 10% del parque, que tiene aproximadamente 15 mil hectáreas. Después, esta persona hace cinco ventas: una de 968 hectáreas a una compañía que se llama Agro Colombiana de Desarrollo y ésta después le vende a Fruexport Ltda., que después la vende. Digamos que es como una especie de urbanización porque son lotes muy pequeños. Después vende a ocho predios. Hay unos nombres: está el señor Fernando Samudio, otras 620 hectáreas; Agropecuaria, 370 hectáreas; Alcira Bolaños de Gamboa, 192 hectáreas; 3 hectáreas a Fernando Rodríguez; 3 hectáreas a Arcadio Alzate; 180 hectáreas a Agropecuarios Norte, y después le vende a María Hernández 6 hectáreas…
¿Y a la familia Dávila también?
Sánchez también le vende dos hectáreas a Villa Concha Ltda., que está incautada por la Dirección Nacional de Estupefacientes. Ahí es donde están ellos. Después también le venden 223 hectáreas en otra escritura distinta a Villa Concha Ltda., que también está incautada por la Dirección Nacional de Estupefacientes, y le vende 222 hectáreas a Raúl Dávila y Alberto Zúñiga. Usted recordará que hay problemas por el tema de Urabá, Curvaradó, y digamos que ahí son dos personas que coinciden en dos temas de tierras: uno en Urabá y el otro aquí en el Parque Tayrona, y ahí es donde aparece el famoso arriendo a Los Ciruelos, donde se iba a hacer el proyecto del hotel.
¿Hay tierras del Tayrona en poder de la DNE?
Tierras robadas al Estado que hoy están en manos de la Dirección Nacional de Estupefacientes. Obviamente, lo que la Dirección tiene que hacer es devolverlas rápidamente a Parques Nacionales.
Presiones jurídicas contra Vélez
¿Ha recibido amenazas por su trabajo?
La verdad es que esa no ha sido mi preocupación. Yo le quiero agradecer, obviamente, a la Policía, al general Naranjo, que me ha prestado una seguridad muy importante, y yo le encomiendo a Dios todos los días que nos proteja en este trabajo, que es muy importante. Eso sí, la mano negra se está moviendo, y está tratando de buscarnos desde el carácter jurídico a ver por dónde nos sacan de la Superintendencia, con denuncias en la Procuraduría, o tratando de denunciar cosas falsas, a ver de qué forma no sigo en la Superintendencia. Eso es parte de la mano negra de la que habla el señor presidente de la República.