'La Marca Paz' en Colombia

El presidente Juan Manuel Santos ha contado, en el naciente proceso de negociación con las Farc, con unos aliados que están dispuestos a jugársela por la solución negociada al conflicto: los gremios empresariales e industriales del país.

El presidente Juan Manuel Santos acompañado por los dirigentes gremiales.
El presidente Juan Manuel Santos acompañado por los dirigentes gremiales. Presidencia

Desde que Juan Manuel Santos ganó la Presidencia en junio de 2010, sus más cercanos colaboradores sabían que más temprano que tarde se la iba a jugar por la pacificación de Colombia. De hecho, en su discurso de posesión dejó entrever que si se daban las condiciones iba a sacar la llave de su bolsillo, porque la posibilidad de apostar por la paz no estaba en el fondo del mar. Lo que apenas se empieza a entender es que su proyecto tenía un componente distinto al de anteriores intentos de diálogo: la participación activa de los empresarios y los industriales del país.

Aunque desde sus tiempos como promotor de la Fundación Buen Gobierno su interlocución con los empresarios fue parte de la cotidianidad, cuando arrancó su gobierno volvió a contactarlos para conocer sus opiniones sobre la opción de conversar con las Farc. “Fueron reuniones de carácter exploratorio en las que se dieron discusiones sobre el origen del conflicto armado, el papel de los guerrilleros en la actualidad y sus objetivos políticos. La mayoría de los consultados tenían la percepción de que el guerrerismo de las Farc era un impedimento”, recalcó una fuente.

La incidencia del secuestro y la extorsión, y sus métodos de guerra, obligaban a que entre la clase empresarial las Farc fueran percibidas como una organización más cercana al narcotráfico. No obstante, también evidenciaron su convicción de que en el caso de una negociación de paz había que ayudar, pues la tarea más importante en Colombia sigue siendo ponerle fin a la guerra. En esa medida tomaron forma nuevas reuniones, incluso algunas en la Casa de Nariño. En el más completo sigilo, dos empresarios tomaron la batuta: Henry Éder y Luis Carlos Villegas.

El primero, pieza clave del Comité Empresarial del Valle del Cauca y heredero del ingenio azucarero Manuelita. Además, padre de Alejandro Éder, uno de los principales asesores del presidente Santos. Una carta segura para que los ‘cacaos’ de Colombia respaldaran la iniciativa presidencial. El segundo, presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi) y permanente promotor de iniciativas de paz en otros gobiernos. Ellos dos, y otros empresarios, fueron líderes de la cruzada para que sus pares agregaran propuestas para sacar adelante el objetivo presidencial.

El Espectador contactó a algunos de los voceros gremiales que decidieron apoyar la iniciativa y ratificó que su concurso no es únicamente de ideas. Su aporte va desde la oferta de dinero en físico, hasta la creación de empresas o adecuación de tierras como soporte específico en un proceso de paz enfocado hacia el éxito. “De nada vale que la guerrilla entregue sus fusiles si el Estado no puede ofrecer empleo sostenido y actividades económicas para suplir su militancia. Por eso estamos apostando a una idea experimental que nos saque de la guerra”, expresó un empresario que incluso estuvo secuestrado por las Farc.

Y ya existe una idea concreta como punto de partida. “Así como hay una marca país para promover a Colombia como destino turístico o económico, hay que desarrollar una marca paz. Por decir algo, que si por ejemplo se vende una mochila indígena que tenga este sello, la gente que la compra en el país o en el exterior sepa que es una forma de contribuir a la pacificación de Colombia. El objetivo final es que todo el mundo se involucre en el proceso, desde la perspectiva de crecer económicamente aportando a la paz”. Una gestión con otros creativos componentes.

Se estudia, por ejemplo, la alternativa de adquirir tierras en aquellas regiones en las que habitualmente se mueve la guerrilla, para constituir empresas de producción agrícola o de manufacturas. La variabilidad de las propuestas es amplia, e incluso pasan por la minería, para superar la informalidad y la ilegalidad, y darle criterios empresariales. Es claro que en cualquiera de las fórmulas estudiadas se necesita dinero y algunos empresarios ya lo han dado. “Pero si la paz lo necesita, estamos dispuestos a aportar lo que se requiera. El propósito es sustituir las utilidades de la guerra”.

“De nada sirve ver a unos jefes de la guerrilla en el Congreso o participando activamente en la política, mientras el resto sigue pensando en las rutas del narcotráfico, la minería ilegal, las redes de prostitución o el contrabando de armas. Por eso, la reinserción es un componente clave. Hoy, la gente con formación académica en la guerrilla es escasa. Incluso, existe mucho combatiente analfabeta. Si se llegara a la paz, ésta sería una fuerza laboral poco calificada. Por eso es necesario intervenir creando empresa”, insistió un líder industrial consultado.

En otras palabras, a diferencia de procesos anteriores, es importante pensar en el cese al fuego o de hostilidades; en la discusión sobre el acceso a las tierras, la participación política, los derechos de las víctimas o la eliminación del narcotráfico; pero ninguna de estas opciones es viable si no se proyecta desde el posconflicto. Y es en este escenario donde los empresarios tienen la primera opción. El diálogo es político y seguramente habrá obstáculos, porque los crímenes por saldar tienen connotaciones en el escenario de los derechos humanos, pero sin proyectos productivos para después de la guerra, todo es ilusión.

Ya lo dejaron ver los integrantes del Consejo Gremial Nacional que agrupa a los principales productores del país, que en reciente declaración, al término de una reunión con el presidente Santos en la Casa de Nariño, hicieron saber que, en caso de abrirse paso los diálogos de paz, los empresarios serán parte fundamental del éxito. Lo formalizó el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Rafael Mejía, quien calificó el proceso de paz como una opción para el fortalecimiento del sector rural, complementando esfuerzos que se han venido dando desde el inicio del gobierno como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

Un reciente estudio de la Fundación Ideas para la Paz ratificó el sentir de los empresarios frente a las perspectivas de una salida negociada al conflicto armado entre el Estado y las Farc. En primer lugar, hay un grupo de líderes empresariales que creen en su participación amplia y directa, desde apoyar los diálogos hasta comprometerse con procesos de reintegración socioeconómica. Sin embargo, otro sector considera que la participación debe ser acotada. Y esta interpretación pasa por el escepticismo a la hora de sumarse a las iniciativas productivas.

El empleo de excombatientes o el apoyo a proyectos productivos desarrollados por desmovilizados representan una alternativa. Sin embargo, hay quienes creen que se puede enviar un mensaje equivocado, en el sentido de premiar a los victimarios por encima de las víctimas y los demás ciudadanos que no han participado en el conflicto. En ese sentido el respaldo a opciones de producción económica plantea una alternativa más acorde con la realidad de las Farc. En cambio, alrededor de un impuesto especial para la paz, las opiniones se dividen. Todo parte de la desconfianza y la necesidad de ver hechos creíbles.

De todas maneras, una vez más Colombia se ve abocada a una negociación de paz, y a pesar de que los componentes políticos y judiciales constituyen la esencia de la negociación, no cabe duda de que en esta ocasión el punto de partida es el concurso directo de la clase empresarial. Con ellos empezó el camino y por ahora son el soporte principal para que llegue a buen término. Hay un componente internacional, unos negociadores definidos para asegurar la persistencia del diálogo, pero sin la garantía de que habrá empleo productivo o iniciativas empresariales, todo volverá a lo mismo: la guerra.

La marca ‘Paz en Colombia’ es por ahora el punto de partida. Ya no se trata de si los empresarios están o no dispuestos a emplear a quienes dejen las armas o si el Estado va a crear condiciones para impulsar algunos procesos de reinserción. La meta es más ambiciosa. Pasa por la política, porque de alguna manera esa fue la razón que llevó a muchos alzados en armas a elegir ese camino. Pasa por la justicia, porque se tendrán que saldar muchas deudas de sangre. Pasa por lo militar, porque acallar los fusiles representa un desafío para otras organizaciones que persisten en la violencia. Pero esta vez los principales aliados de turno son los empresarios.

El espaldarazo de los gremios

Pocos días después de anunciar el comienzo de los diálogos exploratorios con las Farc, el 5 septiembre, el presidente Juan Manuel Santos tuvo una importante visita en la Casa de Nariño; los miembros del Consejo Gremial Nacional, quienes le expresaron su respaldo a la iniciativa en busca de la paz.

Al término del encuentro, el vicepresidente del Consejo Gremial y presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Rafael Mejía, manifestó que “el Consejo Gremial ofreció toda la colaboración en este proceso de paz con la mayor objetividad, que es lo que necesita el presidente, el Gobierno y precisamente los negociadores encabezados por el doctor Humberto de la Calle”.

Además, afirmó que los diálogos de paz serán una oportunidad para fortalecer el sector agrícola: “Ustedes han visto que gran parte de lo que se va a discutir ya está formalizado en leyes como la de Víctimas y la de Restitución de Tierras, está en trámite la de Desarrollo Rural y creemos que es una oportunidad para fortalecer aún más el sector rural”.

Villegas, de la Andi a la paz

Con su audacia habitual, el presidente Juan Manuel Santos trató de incluir en la mesa de negociación a todos los sectores de la sociedad, incluso uno que había pasado inadvertido en pasados procesos de paz: el empresarial. Para este fin nombró como negociador al ahora expresidente de la Andi Luis Carlos Villegas, quien además es reconocido por su cercanía con el mandatario.

Villegas es uno de los más curtidos representantes de la industria del país y también ha caminado por la arena política. Miembro del Partido Liberal, fue gobernador de Risaralda y además se ha desempeñado como canciller y secretario de la Federación Nacional de Cafeteros.

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