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Con exámenes de laboratorio adulterados, membretes de establecimientos reconocidos y sin autorizaciones de EPS que certificaban la hemofilia (problema de coagulación de la sangre) en 128 pacientes, la Secretaría de Salud de Córdoba autorizó el pago de $$44 mil 812 millones a dos IPS. De acuerdo con la Contraloría, la dependencia no verificó nada antes de girar los millonarios recobros entre 2013 y 2015.
Un informe del ente de control señala que al parecer Unidos por su Bienestar y San José de la Sabana se crearon exclusivamente para efectuar el desfalco, ya que cambiaron de nombre, de representante legal o se desconoce por completo la dirección donde funciona su sede. Hoy no es claro si desaparecieron.
“Las IPS recibieron esos dineros por el suministro del medicamento Inmunate Factor VIII Von Willebrand 500 UI, que no está en el POS, a 47 personas en 2013 y a 81 en 2014, presuntamente diagnosticadas con hemofilia y/o enfermedad de Von Willebrand”, aseguró la Contraloría.
Pero esos pacientes hemofílicos no existen. Según expertos, esta enfermedad, que es hereditaria, es imposible que se presente simultáneamente en un solo departamento. “Por ejemplo, en Cesar, que tiene un tamaño similar, apenas se reportaron 2 casos en 2015. En Córdoba se registraron 13 casos en 2013. Según la Organización Mundial de la Salud, de 5 mil nacimientos, solo se presenta un caso de hemofilia”, apunta el documento.
Lo agravante del asunto es que la Secretaría de Salud del departamento autorizó estos pagos directamente a las IPS sin que mediara una EPS y sin que existieran fallos de tutela. Un Comité Técnico Científico nunca aprobó estos tratamientos, como establece la ley.
Entre los documentos presentados para el recobro se observaron resultados de laboratorios clínicos y diagnósticos médicos falsos. Los exámenes presentados con membretes del “Laboratorio Clínico y Patología Bernardo Espinoza, de Montería, y del “Laboratorio Clínico de Colombia S.A. Pasteur”, de Barranquilla, no fueron realizados por estas firmas.
Adicional a esto, se autorizaron unas terapias basadas en neurodesarrollo que nunca se realizaron.
El contralor general, Edgardo Maya Villazón, puso estos hechos en conocimiento del actual gobernador de Córdoba, Edwin Besaile Fayad, y dio traslados de los mismos a la Fiscalía, la Procuraduría, el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud y el Tribunal de Ética Médica.