Más de 10.800 menores suspendieron su educación en 2019

El Consejo Noruego para los Refugiados advirtió que miles de estudiantes se ven afectados por minas antipersonales, fuego cruzado y la ocupación de aulas escolares por actores armados.

Las niñas y niños rurales más vulnerables de Colombia se encuentran en mayor riesgo de reclutamiento por grupos armados.Agencia Anadolu

Entre enero y agosto de 2019, más de 10.800 niños y niñas y cerca de 650 profesores en Colombia fueron afectados por situaciones que pusieron en peligro su vida y afectaron el proceso educativo, según el seguimiento realizado por Consejo Noruego para Refugiados (NRC).

El 91% de los eventos se reportaron alrededor y en el camino a las instituciones educativas, mientras que en 3 de cada 10 casos se cancelaron temporalmente las clases.

La utilización de minas antipersonales sembradas cerca de los centros educativos es preocupante, más de 2.500 estudiantes se vieron afectados por esta situación.

“Las graves violaciones a la educación pueden tener un efecto devastador en el futuro de los menores de edad. Es necesario que el gobierno de Colombia garantice la educación y brinde esperanza a niños, niñas y jóvenes en todos los rincones del país”, expresó Nathalie Duveiller, especialista de educación de NRC.

Los departamentos de Arauca, Norte de Santander y Chocó son las zonas más afectadas.

En Chocó, este año se han presentado al menos 11 desplazamientos masivos de comunidades indígenas y afrocolombianas debido a enfrentamientos armados y contaminación por minas.

“Sabemos que hay minas. Debemos tener cuidado o ‘bum’ explotan”, dijo una adolescente indígena de diecisiete años que tuvo que dejar de estudiar su primaria en Chocó. Debido a minas y fuego cruzado, su comunidad se desplazó. “Decíamos a los niños que no vayan para allá por las minas. Hay miedo y no podíamos dormir, así que nos desplazamos", agrega la madre de la joven.

Como consecuencia del conflicto armado, docentes y familias enteras se han visto obligadas a desplazarse, lo que interrumpe el proceso educativo. En algunos casos volver al sistema educativo puede tardar años.

Las niñas y niños rurales más vulnerables se encuentran en mayor riesgo de reclutamiento por grupos armados y las amenazas a los profesores impactan de manera preocupante la educación.

“La reactivación del conflicto requiere que el gobierno adopte nuevas medidas que garanticen el derecho a la educación", dijo Duveiller. "Cuando las escuelas son atacadas y los caminos son minados, el sentido de seguridad se desvanece en los territorios”, añadió.

El NRC alentó al Gobierno a adherirse a la Declaración de Escuelas Seguras, de la Coalición Global para Proteger la Educación de Ataques, “y garantizar que la educación sea protegida”, así como a implementar medidas estrictas contra aquellos que violen sus principios.

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Agencia Anadolu

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