Más de 450 indígenas de Chocó permanecen en Bogotá exigiendo cumplimiento del Gobierno

Integrantes de los pueblos Emberá Katío, Dóbida y Wounaan, entre otros, denuncian que no se han cumplido acuerdos alcanzados en agosto de 2017 con relación a desminado de sus territorios, desplazamiento y reclutamiento forzado, así como delimitación de territorios afro e indígenas para evitar conflictos interétnicos.

Los indígenas que llegaron desde Chocó han permanecido en las instalaciones de la Organización Nacional Indígena de Colombia, en el centro de la capital.Cristian Garavito - El Espectador

Desde el pasado domingo 11 de noviembre permanecen en Bogotá alrededor de 450 indígenas de los pueblos Emberá Katío, Dóbida y Wounaan, provenientes del departamento de Chocó, que llegaron a la capital con el fin de solicitar cumplimiento a acuerdos humanitarios pactados en agosto de 2017.

Esta ‘minga’ indígena está conformada por habitantes de los municipios de Riosucio, Carmen del Darien y del Bajo Atrato, quienes en un recorrido de más de dos días llegaron finalmente a Bogotá, donde las condiciones en las que permanecen son críticas. Hasta el momento, han pasado las noches en la sede de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, y en otras instalaciones aledañas que de manera improvisada han servido de albergue, pues, según denuncian, el acompañamiento de entidades distritales y nacionales ha sido mínimo.

Vea: En imágenes: la llegada de los indígenas de Chocó al centro de Bogotá

Según han manifestado, el principal reclamo que están planteando al Gobierno Nacional está relacionado con el incumplimiento de los acuerdos a los que se llegó en agosto 2017 en el marco de una minga interétnica realizada en ese departamento. En ese momento se contó con la presencia de la alcaldía y concejales de Riosucio, del gobernador de Chocó, de Fuerza Pública y de varias organizaciones indígenas que pactaron varios puntos.

Entre los acuerdos puntuales alcanzados entonces, se estableció desminar los territorios indígenas, frenar el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes pertenecientes a estos pueblos, así como atender el desplazamiento forzado de estas comunidades. De igual manera, canalizar los ríos Truandó, Cacarica y Salaqui para facilitar la movilidad de las comunidades, definir los límites entre los territorios afrodescendientes e indígenas para evitar conflictos interétnicos y garantizar la reparación individual y colectiva de las víctimas del conflicto armado pertenecientes a estos pueblos indígenas, entre otros.

Según explica Diana Quigua, asesora de la Consejería de Derechos Humanos de la ONIC, el seguimiento que se les ha realizado a dichos compromisos ha arrojado que el cumplimiento ha sido nulo. Sin embargo, este no es el único motivo de la manifestación. Las comunidades denuncian también el aumento en las confrontaciones armadas entre los grupos que tienen presencia en la zona como el Eln, disidencias de las Farc, delincuencia común y otras estructuras a las que se refieren como paramilitares, lo cual, sumado a las minas antipersona, conlleva el confinamiento de estos pueblos indígenas.

Ante esta situación, representantes del ministerio del Interior y de la alcaldía distrital se reunieron con los delegados indígenas para llegar a acuerdos puntuales que apunten a la superación de la crisis humanitaria de estos pueblos indígenas. Sin embargo, antes de evaluar cada punto de la agenda, se buscó que se garantizaran las condiciones mínimas de salud de estas comunidades mientras permanezcan en Bogotá.

De hecho, como una medida para atender a esta población, desde la ONIC se emprendió una campaña para recibir donaciones en Bogotá. Entre lo que estas comunidades necesitan, se encuentra ropa y zapatos en buen estado así como alimentos no perecederos y medicamentos básicos.