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La ONG Consejo Noruego para Refugiados alertó el jueves 4 de julio que al menos 830 personas se han visto obligadas a dejar sus hogares por combates entre grupos armados ilegales en la población de La Playa, en Norte de Santander.
"La población en La Playa ha decidido huir, por eso las personas deben ser protegidas y asistidas urgentemente", dijo el director de País del Consejo Noruego para Refugiados, Christian Visnes, en un comunicado.
De acuerdo con la ONG, los desplazados de la región del Catatumbo "necesitan atención". Desde el 15 de junio, las familias que abandonaron sus hogares se resguardan en albergues improvisados, corredores y casas aledañas donde las condiciones no son adecuadas.
"Mi organización ha sido informada que cerca de 250 personas duermen en una casa que tiene una sola unidad sanitaria", dijo Visnes.
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Según el funcionario "la situación es muy difícil". Hay personas que duermen a la intemperie con bajas temperaturas y expuestas a la lluvia. Además, no todas tienen colchonetas o cobijas y el acceso al agua potable es limitado.
"Es urgente garantizar la protección de la población civil en La Playa y activar los mecanismos del Estado para brindar atención a sus necesidades humanitarias en agua, saneamiento, albergue, alimentación y educación", agregó el funcionario.
El Catatumbo es una de las zonas más conflictivas del país por la presencia de diferentes grupos guerrilleros, como el Ejército de Liberación Nacional y el Ejército Popular de Liberación, así como de bandas criminales y narcotraficantes y es además, una de las áreas con más cultivos de coca.
La región la conforman, además de Teorama, los municipios de Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata y Tibú.
Por otro lado, el 3 de julio la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios informó que como consecuencia de los choques armados entre el Eln y disidencias de las Farc, en el municipio Litoral del San Juan (Chocó), se presentó el desplazamiento de 417 personas, entre ellas 210 menores de edad y 21 mujeres embarazadas, de la etnia Wounaan de la comunidad indígena Pichimá Quebrada.
Asimismo, la entidad advirtió que desde el 19 de junio otras 1.089 personas de cuatro comunidades indígenas y una afrocolombiana se encuentran en estado de confinamiento, por la "presencia e intimidaciones" de grupos armados en la zona. Por otra parte, ONG con presencia en la zona, alertaron sobre el riesgo de confinamiento de otras comunidades como Puerto Pizario, Comunión San Juan y Puerto Guadualito, que se ubican en el mismo municipio.