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Masacre de Segovia, familias destrozadas por la violencia

Dos familiares de las víctimas de la masacre aseguran que las amenazas por parte de nuevos actores ilegales no les han permitido regresar a su tierra y denuncian que el Estado los ha dejado en el olvido.

El domingo 13 de noviembre se realizó el entierro. /Archivo

Marina Restrepo vivía en Segovia, Antioquia. Aquella noche de viernes estaba en su casa, con su mamá, desde allá oyeron durante hora y media los crímenes perpetrados por los paramilitares. Cuando cesaron las balas y las granadas dejaron de estallar salieron en busca del resto de su familia. A medida que caminaban veían los cadáveres a lado y lado de la calle. Marina creía que su familia seguía viva, pero cuando llegaron a la casa paterna otra era la realidad. La puerta quedó entreabierta, los golpes reflejaban los rastros de las culatas con las que la forcejearon. En ese momento entendió que su familia ya no era la misma. Con la voz entrecortada dice que se salvó y recuerda que minutos antes de aquella lluvia de balas, había salido con su madre de la casa. (Vea: Galería de imágenes, el día de la masacre)

Tres integrantes de su familia no corrieron con la misma suerte, fueron asesinados dentro de su casa paterna. Las víctimas: su padre, un hombre de la región que vivía de su pensión ($300.000 de la época) tenía 75 años y con los achaques propios de la edad estaba en cama, allí fue donde terminó su vida a punta de tiros, lo mataron sin poder defenderse. Junto a él cayeron sus dos hermanos Gildardo, Carlos Enrique. (Vea: Masacre de Segovia, la huella de una guerra política)

Allá también estaba su hermana, a quien aunque la hirieron sobrevivió, presenció todo, quedó encima de un closet, con la cabeza hacia abajo. Y hoy, 25 años después, aún su cuerpo refleja el dolor de aquella noche, quedó herida y esas huellas no se han borrado.

Después de eso nadie quiso vivir en la casa de sus padres, todos sabían la historia del pueblo, del que cientos se marcharon para salvar sus vidas. Desde ahí Marina está a cargo de su madre, su voz refleja el reclamo que hace, “el único monto por el que pudimos vender la casa fue por cinco millones de pesos, nos tocó regalarla, nadie daba más de eso”.

Pero esa sería solo una de sus batallas. Tuvo que encarar el proceso, ayudar a toda su familia y hablar con las autoridades para lograr algún tipo de reparación. Dos meses después, en enero de 1989, cuando realizaba todos los procesos legales la detuvieron junto a su hijo y su nieta en la estación de policía, permaneció 10 horas en una celda. Dice que el único delito por el que la detuvieron era cargar bajo el brazo los papeles con los que certificaba que era víctima de la masacre.

A continuación llegaron las amenazas, y 25 años después aún las recuerda: “me decían, ¿usted quiere acabar como sus hermanos y su papá? – Yo les respondía que no- y me gritaban entonces váyase”. Eso fue lo que le tocó hacer, desocupar su casa e irse inmediatamente a Medellín. Su instinto de supervivencia la hizo alejarse de su mamá, quien se quedó en el pueblo. Con su acento antioqueño dice que vivir en Segovia era muy bueno, pero eso ya es parte de su pasado producto de las amenazas no va desde hace siete años a su querida Segovia, en donde recogía oro pero a la que sencillamente no le provoca ir.

Otra de las víctimas es Miguel Ángel Barrientos. Tiene 58 años y es oriundo de Segovia, con una voz enérgica recuerda aquellas épocas en las que vivía bien. “Yo era comerciante, tenía mi tierra, y mi ganado, tenía mis comodidades y no me faltaba nada”. Guarda silencio unos minutos, y su voz cambia, respira y afirma que cuando ganó la Unión Patriótica al poder, empezó ‘esa guerra’ así la denomina, y es que la noche en la que el terror se apoderó de Segovia, él perdió a su esposa, una ama de casa de 32 años.

Su tienda y su casa estaban una al lado de la otra. Don Miguel y su esposa, escucharon los primeros tiros: tas, tas, tas. Él apagó las luces del local y se tiró al piso, ella dejó a sus seis hijos dentro de la casa. Cuando Miguel volteó a ver ella ya estaba afuera tratando de ver qué era lo que había pasado. De un momento a otro su esposa cayó al piso, murió de inmediato. Dejando huérfanos a cuatro niñas, y dos varones, el menor de un año y medio y el más grande de 8 ocho años.

Después de eso Miguel comenzó a buscar justicia, y fue ahí cuando lo tildaron de guerrillero, producto de la presión de las amenazas, vendió todas sus pertenencias a un bajo precio casi que regalado. Y en 1991 se fue para la ciudad, Medellín.

Allí reconstruyó su vida, para 1991 ayudó a fundar la Corporación Comité de Damnificados de Segovia y Remedios con la que intentan reivindicar sus derechos como víctimas. Hoy 21 años después de su trabajo dice que siempre han hecho todo con las uñas y que varios miembros han recibido amenazas por parte de simpatizantes de César Pérez, el congresista liberal a quien la Corte Suprema de Justicia condenó a 30 años de prisión por la masacre. “Nos siguen atemorizando, dicen que no hablemos mal de él y nos quieren aislar del proceso”, concluye este desplazado de Segovia.

Víctimas como estas han hablado con el Centro Nacional de Memoria Histórica, cuyos miembros elaboraron el informe ‘Silenciar la Democracia: las masacres de Segovia y Remedios (1982 a 1997)’. Durante dos años los investigadores logaron consolidar toda la información recolectada y de esta manera explicar el contexto de la violencia en este sector antioqueño; en el que se perpetraron 13 actos violentos en tan solo 42 días.
 

 

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