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En el sur de Meta y en la zona fronteriza con el departamento del Guaviare, un grupo de campesinos denunciaron que en los últimos días han tenido enfrentamientos con la fuerza pública, en medio de procesos de erradicación de cultivos ilícitos, en los que al parecer los militares encargados de dichos operativos cometieron abusos de poder.
Ante esto, los campesinos pidieron crear una mesa de diálogo en la que se pacten una serie de acuerdos para tratar el problema de los cultivos ilícitos, especialmente en la zona del Guayabero, en el municipio de la Macarena.
El principal objetivo de estos diálogos, que ya tuvieron una primera etapa hace un par de semanas, es que no sucedan hechos como los que denunció Ronald Echeverry, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Nueva Colombia, quien alegó que miembros del Ejército entraron a su territorio sin cumplir los protocolos legales.
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Echeverry también precisó que en los últimos días, los enfrentamientos entre la comunidad y la Fuerza Pública dejaron un saldo de 11 civiles heridos, y que no se han abierto casos de investigación por parte de las entidades de control.
En esta zona del país, el Gobierno tiene previsto erradicar más de 600 hectáreas y para ello se tiene delegada a la Fuerza Conjunta de Tarea Omega, quienes operarán, en caso de que sea necesario, con cuerpos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).
La defensora de derechos humanos en el departamento de Meta, Islena Rey, reiteró sobre estos casos que los enfrentamientos se deben a que el Estado colombiano ha abandonado a los campesinos en los procesos de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, consagrados en el punto 4 del Acuerdo de Paz, puntualmente dentro de las funciones del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS).
Para final de año, el gobierno se plantea la meta de erradicar 130.000 hectáreas a lo largo de todo le país.