Por falta de dinero para gasolina, Inpec no puede llevar presos a audiencias en Villavicencio

Según el director de la cárcel de esa ciudad, esta situación se está presentando desde el pasado 9 de septiembre y no solo afecta los procesos judiciales, sino también el derecho a la salud de los presos que no han podido ser transportados a sus citas médicas. Sin embargo, afirma que la problemática se solucionará en los próximos días.

El trayecto entre la cárcel de Villavicencio y los juzgados de esa ciudad dura alrededor de 10 minutos.Archivo El Espectador.

El pasado 5 de septiembre Miguel Ángel Rodríguez, director de la cárcel de Villavicencio, Meta, envió una comunicación a Romelio Elías Daza, presidente de la seccional de esa ciudad del Consejo Superior de la Judicatura, en la que le informaba que a partir del 9 de septiembre no podría enviar a los presos a los juzgados porque no había dinero para tanquear lo carros de la entidad.

“Es menester informarle que la crisis presupuestal ha llegado a su estado más crítico. Hasta el punto de agotar completamente las existencias de combustible y los dineros con los que se cancelan los viáticos y gastos originados con el traslado de personas privadas de la libertad”, decía el documento que este diario conoció.

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Dicha situación también afecta el derecho a la salud de los prisioneros. Por ello el director de la cárcel indicó en la carta que ya había hecho una solicitud de adición presupuestal ante la Subdirección de Gestión Corporativa del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) que permitiera suplir los gastos de traslado de internos a diligencias judiciales y médicas.

Este diario se comunicó con un juez de un juzgado penal de Villavicencio, quien pidió omitir su identidad, para conocer las afectaciones que esta situación ha traído para la justicia, las víctimas y los procesados. De acuerdo con el funcionario, desde el 9 de septiembre se han cancelado varias audiencias por la inasistencia de los sindicados y afirmó que los juzgados solamente están resolviendo tutelas, “porque de lo penal no hemos podido hacer nada”.

El magistrado también señaló que esta es una situación sin precedentes en la ciudad y agregó que su juzgado ya le ha dado la libertad por vencimiento de términos a personas sindicadas de delitos como hurto calificado, acceso carnal violento, homicidios, al no poder realizarse las audiencias.

Sin embargo, este diario también dialogó con Alfonso Marín, coordinador del Centro de Servicios del Sistema Penal Acusatorio en Villavicencio, quien aseguró que hasta el momento no se le ha dado la libertad a ningún preso por vencimiento de términos, como consecuencia de la contigencia de la gasolina. El funcionario explicó que sí existe la posibilidad de que los presos sean dejados en libertad por no haber podido asistir a las audiencias, pero que esta es una consecuencia que hasta ahora (en octubre) se podría empezar a sentir. 

Miguel Ángel Rodríguez, director de la cárcel de Villavicencio, le explicó a este diario que factores como el hacinamiento en el penal y el cierre de la vía al Llano hicieron que los costos de traslados aumentaran y no alcanzara el dinero que a comienzos de este año el Inpec en Bogotá le asignó al centro penitenciario para los transportes de todo el año.

“El nivel de hacinamiento de personal sindicado hace que tengamos que hacer remisiones nacionales e intermunicipales y dentro del casco urbano más continuamente. También, por el daño de la vía al Llano, cada vez que íbamos a Bogotá a citas médicas, que es algo constante, teníamos que dar toda la vuelta por Sogamoso, Boyacá, y un recorrido de 80 kilómetros en condiciones normales ahora se nos volvió uno de 9 y 10 horas”, manifestó el funcionario.

Rodríguez dijo que en la cárcel actualmente hay 220 mujeres en un espacio diseñado para 90 personas, y 1.900 hombres en un área que es para 1.000. Señaló que la partida presupuestal recibida en enero para traslados estuvo alrededor de $20 a $25 millones, los cuales resultaron escasos para todos los movimientos que se hacen.

Este establecimiento penitenciario y carcelario es el único que hay en Villavicencio. De acuerdo con Rodríguez, el penal alberga a 2.120 presos de las cuales 1.400 están sindicadas. Lo anterior quiere decir que las investigaciones en las que están involucrados esos 1.400 reclusos no han concluido y, por ende, no hay una condena definitiva. Por ese motivo, estos reos deben seguir asistiendo a diligencias judiciales para que finalmente llegue la justicia.

Sobre las citas médicas de los reclusos, Rodríguez reconoció que se han aplazado varias de estas con excepción de aquellas que calificó como “prioritarias”.

¿Qué se ha hecho para solucionar la situación?

“Desde el 25 de junio, fecha en la que preveíamos que nos íbamos a quedar sin combustible, oficiamos a la dirección de Gestión Corporativa para que nos aumentara el rubro”, dijo Rodríguez. Sin embargo, según el funcionario, no fue sino hasta el pasado martes 1 de octubre que la Dirección General del Inpec le asignó a la cárcel $14 millones para poder contratar el combustible de los vehículos y hacer los traslados que sean necesarios hasta el final de este año.

El funcionario dijo que ya se hizo la solicitud de contratación de combustible en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop) y que espera que a más tardar este sábado, 5 de octubre, se adjudique el contrato.

El Espectador intentó contactar a las oficinas centrales del Inpec para conocer su versión sobre la asignación de los dineros, pero no obtuvo respuesta. Manifestaron que debido a la coyuntura que vive la entidad —cuyo más reciente director, general William Ernesto Ruiz, salió de la institución por la fuga de la excongresista Aída Merlano—,  no había vocero autorizado  para referirse al tema.

Romelio Elías Daza, presidente de la seccional de Villavicencio del Consejo Superior de la Judicatura (ente encargado de la reglamentación y administración de la rama judicial), le dijo a este diario que cuando la corporación conoció el problema presupuestal de la cárcel, informó a los juzgados de la ciudad de la situación que se avecinaba y comenzó a promover las audiencias judiciales virtuales.

Daza manifestó que en la ciudad ya se han hecho diligencias jurídicas a través de la web, pero reconoció que este es apenas un proyecto piloto. En ese sentido expresó que, por ejemplo, la cárcel “no tiene la capacidad instalada de los equipos que se requieren, entonces algunas audiencias se caen”.

El funcionario expresó que la única medida que su corporación puede tomar para este tipo de situaciones es incentivar la virtualidad, pues “el Consejo no le puede transferir recursos al Inpec, ni puede poner carros para trasladar presos”.

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“El problema realmente no es nuestro. El problema es del ejecutivo, no de la rama judicial. Que nos afecta, claro, porque los jueces no pueden llevar a cabo sus diligencias, pero realmente en manos del Consejo no hay ninguna posibilidad de resolver el problema del Inpec”, puntualizó Daza.

Si bien Rodríguez manifestó que con los $14 millones que llegarán a la cárcel se solucionará la contingencia, también agregó que cree que ese dinero apenas alcanzará “justico”.

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Jairo Perilla Suárez / [email protected]

Meta

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